Las promesas incumplidas del Plan Cuscatlán

Nayib Bukele incumplió el 80% de sus promesas de campaña. Del 20% restante solo cumplió en su totalidad cuatro promesas y otras cinco de sus propuestas las dejó a medias o solo comenzadas: entre las promesas que comenzó y luego se retractó fue la eliminación de los gastos reservados, la creación de una Cicíes y designar un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición.

Alex Santos
Viernes, 2 de febrero de 2024
Jimmy Alvarado

Nayib Bukele, quien se encamina el 4 de febrero a una reelección inconstitucional, incumplió todas sus promesas insignias de campaña consignadas en el Plan Cuscatlán. La revisión de una lista de promesas de ese plan permite concluir que el mandatario ignoró el 80% de todo lo que prometió en economía, obras públicas, seguridad y transparencia y solo cumplió promesas secundarias que no formaron parte de sus slogans de campaña. 

En enero de 2019, días antes de la elección presidencial, su equipo de campaña lanzó un sitito web en el que agrupó un abanico de buenas intenciones y compromisos de cara a su primera elección presidencial. En el cargo, ignoró la mayoría de esas promesas, incluidas una lista de obras públicas que presumió iba a hacer en redes sociales, pero cuyo proceso no inició en los últimos cuatro años y medio.

El Faro construyó una lista de 46 promesas de campaña, las agrupó por áreas y las contrastó con los informes de ejecución financiera, los presupuestos de las carteras a las que corresponden estas iniciativas y con discursos brindados por el mandatario durante su gestión presidencial.

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Cuatro promesas cumplidas

El presidente solo cumplió el 8.7% de sus promesas, es decir, hizo realidad cuatro iniciativas: dos corresponden a economía y dos de seguridad.

  • Economía y Finanzas Públicas

El 31 de agosto de 2022, el Gobierno reformó el Código Tributario y con ese cambio de Ley habilitó que entre en vigencia la “factura electrónica”.

En junio de 2019, el Gobierno anunció en su Política Presupuestaria que a partir de 2020 iba a comenzar a operar una Unidad de Inteligencia Fiscal. “Esta unidad se va a encargar de la detección temprana de incumplimientos, monitoreo, estadística y perfiles de evasión: así como orientar la base tributaria hacia la formulación de perfiles socioeconómicos”, dice el documento. 

Ese año, el entonces ministro Nelson Fuentes presentó su renuncia al gabinete económico el 28 de julio de 2020. Entre mayo y julio de 2020, Fuentes recibió presiones para perseguir a opositores al Gobierno a través de auditorías de la Dirección General de Impuestos. 

  • Seguridad

En Seguridad, el Plan Cuscatlán mencionaba la creación de un laboratorio de ADN y el 10 de julio de 2019 el presidente colocó la primera piedra de esta obra, que fue financiada gracias a un donativo por $25 millones de Howard Graham Buffet.

Una segunda promesa del plan de campaña incluía un sistema de cámaras con capacidad de reconocimiento facial. El Presupuesto de 2022 de la Policía confirma que cumplió con esta última promesa; ya que en “infraestructura policial” fue ejecutado un proyecto que tiene ese componente:  “Equipamiento táctico, estratégico, tecnológico y de video vigilancia de la Policia Nacional Civil, a nivel nacional - PCT III”, dice el documento.

 

Las promesas a medias y las que echó hacia atrás

El Gobierno llevó a cabo eventos públicos para anunciar que iban a comenzar a cumplir promesas relacionadas a transparencia y combate a la corrupción con personeros de organismos de cooperación y embajadas a finales de 2019. Sin embargo, las medidas anunciadas fueron abortadas de manera abrupta y sin dar mayores explicaciones.

Bukele prometió crear una Comisión para Investigar la Corrupción (Cicies) para investigar la corrupción y el 7 de septiembre de 2019 anunció una mesa técnica apoyo de la OEA para instalarla en el país en un acto en el que prohibió la entrada a periodistas de El Faro y Revista Factum. La Cicies trabajó con la Fiscalía 12 avisos por casos de corrupción que involucraban a la mitad del gabinete de Nayib Bukele: casos relacionados a contratos suscritos durante la pandemia por Coronavirus. 

El 66% de las compras de equipo médico durante la pandemia estaban bajo investigación de la Fiscalía por sospechas de corrupción. El 4 de junio de 2021, Bukele sepultó su promesa de apoyar la Cicies y ordenó dar por terminado el Convenio que daba vida a la institución. Los investigadores de esta Comisión fueron expulsados de investigaciones en las que trabajaban en apoyo a Fiscalía y a la Policía.

El 5 de mayo de 2021, la Asamblea controlada por el partido de Bukele aprobó una amnistía a delitos de corrupción que pudieron haber cometido funcionarios del Ejecutivo en las compras de la pandemia. Con este decreto legislativo -bautizado como Ley Alabí- archivaron todas las investigaciones de corrupción. 

El Plan Cuscatlán mencionaba que Bukele iba a nombrar un comisionado anticorrupción de un partido de la oposición. El presidente nombró a un asesor anticorrupción en Casa Presidencial que manejó la comunicación con la Cicies y con la Corte de Cuentas, pero fue elegido de un grupo de opositores venezolanos cercanos a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Se trata del abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, quien estuvo pocos meses en el cargo en El Salvador antes de presentar su renuncia.

 

El presidente que manejó 6 partidas de gastos discrecionales

Al cabo de cinco años, Bukele no solo no eliminó la partida secreta de Casa Presidencial, sino que creó cinco partidas más que le han permitido disponer de manera discrecional de $2,476 millones, que han sido ejecutados a través de las siguientes partidas: Fopromid, $661 millones; Firempresa, $668 millones; $150 millones para el Fideicomiso Bitcoin; $3 millones para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin; cerca $953 millones que antes recibían las municipalidades (de 2022-2024), pero que ahora Presidencia controla a través de la Dirección de Obras Municipales para la asignación de contratos a empresas de construcción. 

El 13 de septiembre de 2019, y ante funcionarios de la Unión Europea, Bukele junto al entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, prometieron a la comunidad internacional la eliminación de los gastos reservados. El acto sucedió una semana después de que El Faro reveló que el Gobierno había comenzado a usar $2 millones de la partida secreta de Casa Presidencial. 

Bukele había prometido eliminar esta partida durante su campaña e incluyó esta promesa en el Plan Cuscatlán, pero en el acto con Unión Europea se echó para atrás. Dijo que el OIE era necesario y que iba a permitir auditorías a sus gastos de inteligencia. Al final de su mandato, el presidente utilizó $40 millones de la partida secreta de la Casa Presidencial.

Las promesas que no cumplió

La mayoría de promesas que no cumplió son de obras públicas. Bukele presentó un plan de inversión en obra pública por $1,515 millones. En 2022, Obras Públicas publicó en su página web un informe en el que menciona que no hay diseños ni planes para ejecutar ninguna de las obras mencionadas en esta lista, en respuesta a una solicitud de información.

Bukele prometió reubicar el Centro de Gobierno, que no cumplió. También prometió un sistema de metros: uno de 20 kilómetros de Apopa a Nejapa; la construcción de 12 kilómetros de línea de metro de San Salvador a San Marcos; también una línea de 13 kilómetros de metro de Ilopango a San Salvador; 11 kilómetros de metro de San Salvador a Santa Tecla. Prometió dos hospitales de especialidad, uno en Occidente y otro en Oriente. Mencionó la construcción nueve pasos a desnivel en distintos puntos de San Salvador. Ninguna de estas obras sucedieron.

El Gobierno sí aceleró, en enero de 2023, la aprobación de una nueva normativa que le  habilita a no seguir los procedimientos de la anterior Ley de Compras para obras de infraestructura que el Ejecutivo declare prioritarias. Esto abre el camino a que en su segundo mandato inconstitucional pueda hacer contrataciones directas y compras opacas por más de $1,500 millones si el Consejo de Ministros declara como “proyectos estratégicos” estas obras. 

El Gobierno prometió que el Fodes iba a pasar del 8% al 10% de los ingresos corrientes. Como parte de su estrategia de concentración de poder, el presidente redujo de 262 a 44 municipios en 2023 meses antes de la elección presidencial y en 2022 le recortó el 64% del presupuesto a los Gobiernos locales, que en tres años percibieron un recorte total de $882 millones. Esos fondos recortados los reorientó a la Dirección de Obras Municipales, controlada por Presidencia, para nutrir una partida de “infraestructura” que es usada para distribuir contratos a empresas de construcción.

 

La economía que nunca despegó

El Plan Cuscatlán prometía una reforma de pensiones con estas características: “un nuevo esquema de pensiones…  que los trabajadores obtengan una mejor rentabilidad, un costo menor de administración porcentaje de su último salario', dice el plan. En la práctica, ante la falta de un Acuerdo con el FMI, el Gobierno aprobó una reforma de pensiones que le permite llegar a las elecciones sin caer en default.

El Gobierno hizo una reforma fiscal a través de la reforma de pensiones que castigó a los trabajadores que cotizan en las AFP. 

En marzo de 2022, Hacienda había adelantado a inversionistas que si no se lograba un acuerdo con el FMI por $1,200 millones la tabla de salvación iba a ser la reforma de pensiones. El Gobierno aprobó el 19 de diciembre de 2022 no pagar por 4 años su deuda con el fondo de pensiones: eso en la práctica le ha dado al Gobierno una liquidez similar a la de contar con un acuerdo con el Fondo ya que en 2023 y 2024 dejó de pagar $1,100 millones a los cotizantes de las AFP. 

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