Nayib Bukele, quien el pasado 4 de febrero logró la reelección para un segundo periodo presidencial pese a que la Constitución lo prohíbe, incumplió todas sus promesas insignias de campaña de 2019. La revisión de la plataforma de campaña de Bukele permite concluir que la mayoría de ofertas que hizo a los salvadoreños para ganar su primer mandato fueron letra muerta durante su gestión presidencial: el mandatario ignoró el 78.2 % de todo lo que prometió en economía, obras públicas, seguridad y transparencia, y solo cumplió promesas secundarias que no fueron publicitadas durante aquella campaña.
En enero de 2019, días antes de la elección presidencial, su equipo de campaña lanzó el Plan Cuscatlán, a través de un sitio web que agrupó un abanico de buenas intenciones: una lista de compromisos de cara a su primera elección presidencial. Ya en la silla presidencial ignoró su propio plan y nunca hizo, por ejemplo, una lista de obras públicas que presumió en redes sociales, y que incluían retos enormes, como un sistema de metro.
El Faro analizó el Plan Cuscatlán, un documento hecho con poca metodología, que mezclaba análisis con información oficial de diferentes carteras y presentaciones con diseño, pero que fue la propuesta de Gobierno que Bukele ofreció al país. Tras analizar el documento, este medio construyó una lista de 46 promesas de campaña incluidas en ese plan, las agrupó por áreas y las contrastó con los informes de ejecución financiera, los presupuestos de las carteras a las que corresponden estas iniciativas y con discursos de Bukele durante su gestión presidencial.
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Cinco promesas cumplidas
El presidente solo cumplió el 10.9 % de sus promesas; es decir, cinco iniciativas: dos de economía, una de obras públicas y dos de seguridad.
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Economía y Finanzas Públicas
El 31 de agosto de 2022, el Gobierno reformó el Código Tributario y con ese cambio de ley habilitó la entrada en vigencia de la “factura electrónica”. También, a través de CEPA, cumplió con remodelar el aeropuerto Monseñor Romero para la llegada de visitantes internacionales.
En junio de 2019, el Gobierno anunció en su Política Presupuestaria que a partir de 2020 comenzaría a operar una Unidad de Inteligencia Fiscal. “Esta unidad se va a encargar de la detección temprana de incumplimientos, monitoreo, estadística y perfiles de evasión: así como orientar la base tributaria hacia la formulación de perfiles socioeconómicos”, dice el documento.
Ese año, el entonces ministro Nelson Fuentes presentó su renuncia al gabinete económico el 28 de julio de 2020. Entre mayo y julio de 2020, Fuentes recibió presiones para perseguir a opositores al Gobierno a través de auditorías de la Dirección General de Impuestos.
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Seguridad
En Seguridad, el Plan Cuscatlán mencionaba la creación de un laboratorio de ADN. El 10 de julio de 2019, el presidente colocó la primera piedra de esta obra, que fue financiada gracias a un donativo por $25 millones de Howard Graham Buffet.
Una segunda promesa del plan de campaña incluía un sistema de cámaras con capacidad de reconocimiento facial. El Presupuesto de 2022 de la Policía confirma que cumplió con esta última promesa, ya que en “infraestructura policial” fue ejecutado un proyecto que tiene ese componente: “Equipamiento táctico, estratégico, tecnológico y de video vigilancia de la Policía Nacional Civil, a nivel nacional - PCT III”, dice el documento.
Promesas cumplidas a medias y arrepentimientos
A finales de 2019, ante miembros de organismos de cooperación internacional y embajadas, el Gobierno hizo eventos públicos para anunciar que comenzaría a cumplir promesas relacionadas a transparencia y combate a la corrupción. Sin embargo, las medidas anunciadas que se echaron a andar fueron abortadas de manera abrupta y sin dar mayores explicaciones.
Bukele prometió crear una Comisión para Investigar la Corrupción (Cicíes), una de sus más publicitadas promesas. El 7 de septiembre de 2019 anunció una mesa técnica con apoyo de la Organización de Estados Americanos para instalar la Cicíes en el país, en un acto en el que prohibió la entrada a periodistas de El Faro y Revista Factum.
La Cicíes existió durante un año y nueve meses. Interpuso ante la Fiscalía 12 avisos por casos de corrupción que involucraban a la mitad del gabinete de Nayib Bukele: casos relacionados a contratos suscritos durante la pandemia por coronavirus. El 66 % de las compras de equipo médico durante la pandemia estaba bajo investigación de la Fiscalía por sospechas de corrupción.
El 4 de junio de 2021, Bukele sepultó su promesa de apoyar la Cicíes y ordenó dar por terminado el convenio que daba vida a la institución. Los investigadores de esta Comisión fueron expulsados de todo proceso en el que apoyaban a la Fiscalía y a la Policía.
El 5 de mayo de 2021, la Asamblea controlada por el partido de Bukele aprobó una amnistía a delitos de corrupción que pudieron haber cometido funcionarios del Ejecutivo en las compras de la pandemia. Con este decreto legislativo -bautizado popularmente como Ley Alabí- archivaron todas las investigaciones de corrupción.
El Plan Cuscatlán mencionaba que Bukele nombraría un comisionado anticorrupción de un partido de la oposición. El presidente nombró a un asesor anticorrupción en Casa Presidencial, que manejó la comunicación con la Cicíes y la Corte de Cuentas, pero fue elegido de un grupo de opositores venezolanos cercanos a Leopoldo López y a Juan Guaidó. Se trata del abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, quien estuvo pocos meses en el cargo en El Salvador antes de presentar su renuncia en abril de 2020, justo cuando el Gobierno comenzó a suscribir contratos irregulares con empresas relacionadas con funcionarios y con empresas domiciliadas en Estados Unidos, España y China.
El presidente que manejó seis partidas de gastos discrecionales
Al cabo de cinco años, Bukele no solo no eliminó la partida secreta de Casa Presidencial, sino que creó cinco partidas más que le han permitido disponer de manera discrecional de $2,476 millones, que han sido ejecutados a través de las siguientes partidas: Fopromid, $661 millones; Firempresa, $668 millones; $150 millones para el Fideicomiso Bitcoin; $3 millones para la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin; cerca $953 millones que antes recibían las municipalidades (de 2022-2024), pero que ahora Presidencia controla a través de la Dirección de Obras Municipales para la asignación de contratos a empresas de construcción.
El 13 de septiembre de 2019, y ante funcionarios de la Unión Europea, Bukele junto al entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, prometió a la comunidad internacional la eliminación de los gastos reservados, también conocida como la partida secreta, un fondo utilizado para gastos discrecionales de administraciones presidenciales anteriores que fue un foco de corrupción. De ahí, por ejemplo, salían los sobresueldos de los gobiernos del FMLN e incontables lujos con los que el expresidente Mauricio Funes y sus familiares se agasajaban.
Este evento oficial se llevó a cabo una semana después de que El Faro reveló que el Gobierno había comenzado a usar $2 millones de la partida secreta de Presidencia de la República.
Bukele prometió eliminar esta partida durante su campaña e incluyó esta promesa en el Plan Cuscatlán, pero en ese acto con representantes de la Unión Europea se echó para atrás. Dijo que el Organismo de Inteligencia del Estado era necesario y que iba a permitir auditorías a sus gastos. Esa ha sido una excusa sostenida a lo largo de las diferentes administraciones: defender los gastos reservados y discrecionales aduciendo que son para labores de inteligencia, aunque haya abundante evidencia de que se han utilizado para beneficio personal de los funcionarios públicos. Al final de su mandato, el presidente presupuestó $40 millones para la partida secreta de la Casa Presidencial entre 2019 y 2024.
Las promesas que no cumplió
Sin obras públicas y sin Fodes
La mayoría de promesas que no cumplió son de obras públicas. Bukele presentó un plan de inversión en obra pública por $1,515 millones. En 2022, en respuesta a una solicitud de información, Obras Públicas publicó en su página web un informe en el que menciona que no hay diseños ni planes para ejecutar ninguna de las obras mencionadas en el Plan Cuscatlán. Al igual que en el resto de rubros, esto no quiere decir que esa cartera u otras no hayan hecho obra alguna, sino que no hicieron las que Bukele, siendo candidato, ofreció a la población para pedir su voto en 2019.
El Gobierno sí dio pasos agigantados para ocultar la información sobre el gasto en obra pública. En enero de 2023, aprobaron una nueva normativa que le habilita a no seguir los procedimientos de la anterior Ley de Compras para obras de infraestructura que el Ejecutivo declare prioritarias. Esto abre el camino a que en su segundo mandato inconstitucional el Gobierno de Bukele pueda hacer contrataciones directas y compras opacas por más de $1,500 millones si el Consejo de Ministros declara como “proyectos estratégicos” estas obras.
El Gobierno prometió que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) iba a pasar del 8 % al 10 % de los ingresos corrientes. Es una legislación que asignaba fondos a las alcaldías para darles mayor autonomía. Como parte de su estrategia de concentración de poder, el presidente redujo de 262 a 44 los municipios en 2023, meses antes de la elección presidencial. En 2022, recortó el 64 % del presupuesto a los gobiernos locales, que en tres años percibieron un recorte total de $882 millones. Esos fondos recortados los reorientó a la Dirección de Obras Municipales, controlada por Presidencia, para nutrir una partida de “infraestructura” que es usada para distribuir contratos a empresas de construcción.
La economía que nunca despegó
El Plan Cuscatlán prometía una reforma de pensiones con estas características: “un nuevo esquema de pensiones… que los trabajadores obtengan una mejor rentabilidad, un costo menor de administración (como) porcentaje de su último salario'. En la práctica, ante la falta de un Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno aprobó financiarse a través de esta reforma de pensiones que incluye una especie de moratoria de pagos de la deuda que tiene con los trabajadores que cotizan en las AFP.
En la práctica, el Gobierno hizo una reforma fiscal a través de la reforma de pensiones que castigó a los trabajadores que cotizan en las AFP.
En marzo de 2022, Hacienda había adelantado a inversionistas que, si no se lograba un acuerdo con el FMI por $1,200 millones, la tabla de salvación serían las pensiones. El Gobierno aprobó el 19 de diciembre de 2022 no pagar por cuatro años su deuda con el fondo de pensiones: eso en la práctica ha dado al Gobierno una liquidez similar a la de contar con un acuerdo con el Fondo, ya que en 2023 y 2024 dejó de pagar $1,100 millones a los cotizantes de las AFP.