La violencia sexual infantil y la traición de la justicia

Laura Aguirre

 
 

Hacer una investigación es casi siempre una aventura peligrosa. Se comienza planteando un problema, se piensa una hipótesis, se lee mucha teoría que pueda ayudar a explicarlo y, por último, se desciende a la realidad. En ese encuentro con lo empírico, los protagonistas de nuestras elucubraciones terminan dándole una vuelta entera a todo lo pensado. A veces lo destruyen por completo y nos abofetean con nuestro propio artificio. Eso es parte de su poder, obligarnos a aterrizar en escenarios más complejos y agrestes que ni siquiera habíamos imaginado.

Por supuesto estoy hablando más como académica que como periodista. Lo encuentro válido. La investigación sobre iniciación sexual forzada que hace cuatro meses iniciamos con El Faro no ha seguido un camino muy distinto. Comenzamos con la idea de conocer testimonios de mujeres adultas que sufrieron violencia sexual en su niñez y poner en evidencia los patrones culturales que sustentan estas agresiones y las consecuencias en la vida de quienes la viven. Pero pronto las misma realidad nos hizo mover el lente hacia el sistema de justicia penal e indagar en sus prácticas, esas que están en la base de la impunidad en este tipo de violencia.

La violencia sexual en El Salvador no es un secreto para nadie. Tampoco lo es que está dirigida especialmente contra las mujeres más jóvenes. Los datos que me proporcionó la Fiscalía General de la República corroboraron lo que varios estudios e informes ya han dicho: la mayoría de víctimas registradas, para ambos sexos, tiene menos de 18 años, el 20 % entre 0 y 12 años y el 57 % entre 13 y 17. El 88 % fueron niñas. La aparente paradoja que cambió el rumbo que habíamos trazado para la investigación fue encontrarme con una serie de avances en la leyes y herramientas del sistema penal a favor de las víctimas, al mismo tiempo que unas alarmantes cifras en descenso de denuncias judicializadas y una paupérrima proporción de sentencias condenatorias.

En los últimos dos meses (diciembre 2016 – enero 2017) revisé casi 300 versiones públicas de sentencias definitivas en casos de violación y agresión sexual a menores de 15 años. Cientos y cientos de páginas que repitieron casi las mismas historias: niños y, ante todo, niñas tomadas por la fuerza, arrancadas de los caminos, de las calles, arrastradas hacia cuartos apartados, inmovilizadas, amenazadas, golpeadas para que se quitaran la ropa, despojadas de ellas de un tajo, manoseadas, besadas, penetradas. Tantas embarazadas, tantas hechas madres. Todo en contra de su voluntad. Claro que también me encontré con muchas supuestas “historias de amor”, uniones tempranas, incluso matrimonios que se han dado al amparo del Código de Familia entre chicas de 12 o 13 años con hombres adultos que les doblan y hasta les triplican la edad. Hombres que “se las llevaron” para hacerlas “su mujer”. Este es el inicio sexual de miles y miles de niñas.

Todas esas resoluciones abrieron las puertas de un mundo escabroso para mí. Un lugar hecho de reglas legales y palabras con ínfulas de objetividad que acumulan información con el afán de aplanar las historias y encasillar las experiencias de las personas en la supuesta imparcialidad del lenguaje jurídico. Pero las voces de las niñas, de los niños, estaban ahí, saltando entre las líneas como el náufrago que grita por la ayuda del barco que se acerca. Poco a poco, a fuerza de lectura, de las frases endurecidas emergió lo que siempre estuvo ahí: la confusión, la impotencia, la frustración, el miedo y muchas veces la certeza que esas niñas y niños tuvieron de estar completamente solos.

“[El compañero de vida] comenzó a propinarle golpes a la víctima (…) el indiciado tomó un cuchillo y se lo puso en el cuello diciéndole que hicieran el amor a lo que la víctima le respondió que no, lanzando a la víctima a la cama, quitándole la falda luego el blúmer, quitándose el incoado su ropa, procediendo a penetrar a la víctima por la vulva sin el consentimiento de esta última” (Resolución pública U-188-10-2013-2 (N)).

“Que la víctima [...], interpuso denuncia porque su papá le dijo que la iba a castigar (…), ordenándole que se quitara toda la ropa, posteriormente su papá le tocó los pechos y le dijo que se acostara en la cama porque la iba a revisar, que él era hombre y sabía muy bien cuando una mujer ya había tenido hombre, luego su padre le abrió las piernas y con los dedos de la mano le tocó la vulva y se los introdujo” (Resolución pública TS-150-2013)

“(…) en el momento que la menor se encontraba acostada, su padrastro se levantó y se le acerco y procedió a tocarle su vulva, por lo que la menor se sentó en la cama y se tapó pero este le dijo HOY VAS A SER MIA (…), luego le tapó la boca y la menor procedió a morderlo y este le pegó una patada y la menor cayó al suelo y este la levantÓ y la tiró a la cama (…) la menor quiso correrse, pero este la tomó del cabello, la volvió a tirar a la cama, le subió la falda, le quitó la ropa interior, y luego procedió a introducirle el pene en su vulva, a lo cual la menor sintió ardor y sangró, abusando de ella como unos ocho minutos” (Resolución pública 180-2013).

Los tres hombreS que protagonizaron estas violaciones resultaron absueltos de toda responsabilidad.

Estos testimonios me llevaron a pensar en el ensayo de Elena Salamanca, Escribir historia desde las periferias y en su propuesta de considerar a las mujeres también como sujeto creador de la historia, pero desde los márgenes, a través de sus acciones cotidianas, desde la periferia, como ella llama a ese espacio de enunciación. Encontré cierto paralelismo con los documentos que revisé y pensé que desde esas resoluciones judiciales, con sus relatos de violencia sexual, esas niñas también están escribiendo una de las páginas de nuestra historia. Están escribiendo nuestro país. Pero lo hacen desde la periferia, pues a pesar de ser declaradas como protagonistas, sus voces han quedado casi silenciadas por los prejuicios y los mitos de género que los impartidores de justicia han utilizado para negarles el acceso a la justicia. Sus historias perviven, pero se han quedado en esa periferia.

Nos hemos creído que el derecho es una especie de ciencia exacta. El derecho mismo se creyó que es una ciencia exacta. En él nos amparamos y subyugamos para resolver cualquier conflicto, a sus formas de aplicación de la ley como si de matemáticas se tratara, a la absoluta subordinación que ha hecho de cualquier otro discurso para dictar qué es verdad y mentira, bueno y malo, normal y anormal, inocente y culpable. Lo cierto es que está lejos de ser tal fuerza objetiva. Cuando una mujer busca justicia, como en los casos de las niñas victimas de violencia sexual, quedan al descubierto los patrones culturales sobre la sexualidad de las mujeres que traspasan al sistema de justicia, desde su corpus legal hasta su aplicación. El problema está, como dice la jurista estadounidense Carol Smart, no solo en que el derecho reproduzca la norma (los estereotipos de género), sino en que la lleva más allá y la utiliza dentro del método legal para descalificar las experiencias y despojar de derechos a las mujeres.

“Hay que recordar que nuestros sistemas penales fueron creados por hombres y para proteger a los hombres, sobre todo en ese tipo de delitos”, me dijo un académico jurista especializado en Derechos Humanos de la Universidad Libre de Berlín. Suelo ser escéptica con frases que me parecen prefabricadas. Pero luego de leer tantas valoraciones de jueces y juezas en las resoluciones públicas, he tenido que aceptar que nuestro sistema penal de justicia funciona para proteger a los agresores más que a las víctimas. Estoy consciente de que esto no es ningún descubrimiento, es más la corroboración de algo que se ha venido diciendo desde hace mucho.

En 1998, seis años después de los acuerdos de paz, Las Dignas publicaron un análisis sobre sentencias judiciales de delitos contra la libertad sexual. Entonces ya señalaron los sesgos y prejuicios de género con los que los jueces dictaban justicia. “La discriminación no se origina directamente de la norma (de la ley), sino de su aplicación prejuiciada”, concluyeron. Diecinueve años después, yo me atrevo a decir que también la norma, la ley, está prejuiciada. Lo está cuando le deja espacio a los jueces para interpretar que están obligados a absolver a un acusado del que se tiene prueba científica de su culpabilidad; para desacreditar el testimonio de la menor y concluir que el violador fue engañado por ella al no decirle su edad, o confundido por su físico “voluptuoso y desarrollado”; o para inferir, sin siquiera oír declaración del imputado, que él nunca tuvo la intención de cometer un crimen, sino que en realidad quería formalizar su relación y constituir una familia. Estos son los razonamientos de quienes nos imparten justicia.

La sugerencia no puede ser, sin embargo, que la solución pasa por el mero encarcelamiento de los agresores. Eso simplificaría de nuevo el problema a la ecuación de “esos hombres malos en prisión = violencia sexual eliminada”. Hay que empezar por mover mirada necesariamente hacia nosotros, hacia las meras entrañas de nuestra sociedad. Y sí, eso es doloroso. Significa aceptar que del sufrimiento de todas esas niñas y niños no solo los violadores son culpables, sino también nosotros como sociedad por haberlo permitido. El camino no es fácil, lo que debe cambiar son nuestras raíces mismas.

Eso implica comenzar por cuestionar por qué no nos parece tan grave, al menos no tan mal, que un hombre de 30 o 54 años “se enamore” de una niña de 12 o 13; por qué seguimos diciendo que si la adolescente de 14 años “tiene gran cuerazo, anda tomada y se le va a poner enfrente al hombre”, como me dijo una exjueza, entonces el violador no es responsable del delito que cometió; por qué minimizamos las huellas que esta violencia marca pensando que “bien sabía lo que estaba haciendo”, “¿por qué no grito más fuerte?”, “por su gusto estaba ahí”, “¿por qué no le dijo a nadie?”. Pero implica también valorar lo que ellas, las niñas, tienen que decir y comprender desde su perspectiva el dolor, el miedo, la incertidumbre, sus formas de resistir, que no necesariamente encajaran en nuestro “deber ser”. Aprender a escucharlas es quizá el mayor reto de todos.

Para los jueces ese reto es urgente. A ellos a ellas, llegan esas niñas con sus historias en búsqueda de justicia. Jueces que no solo juzgan, sino que también son traductores de esos relatos de violencia sexual para legitimarlos o desacreditarlos. Esas traducciones son las que siguen manteniendo a todas esas niñas en la subalternidad, en ese espacio que la pensadora india Gyraty Spivak definió como un lugar de no enunciación, desde el cual se puede hablar pero nadie escucha. La subalterna siempre es silenciada.

Hacer una investigación es casi siempre una aventura peligrosa. Hay que estar preparados para encarar lo que resulte. En esta comencé viendo números y resoluciones judiciales públicas que me contaban un fenómeno, en la marcha me encontré con el horror, el miedo y la impotencia encarnados en los más vulnerables y terminé descubriendo la traición y el abandono del que tiene la obligación constitucional de cuidarlos.