El Barrio 18 ha sentenciado que no habrá rebaja. La pandilla no cederá ante el regate de la cuota, ante la súplica de una señora que vende pollo y que alega no poder pagar los 400 dólares de renta. Ellos saben que ella miente porque han “posteado” el negocio. Saben que a diario han ido y venido muchos clientes; y que la balanza de la vendedora hasta le alcanza para procurarse un vigilante privado. Han aprendido a convertirse en auditores contables y por eso consideran que aceptar la oferta de la señora, “dos libras de las pequeñas” (200 dólares), sería una burla. No habrá descuento y han decidido que cobrarán el dinero con más amenazas o con plomo.

—¡Mire, mire ve! La onda está… ¡Puta! Ahorita topado de cuerda, se pone al tiro esa vieja puta… ¡Péguele un bombazo,  men! ¡En las patas, men!

—¿Ah?

—Orden del Little Boy, la gira…

—¿Ah?

—Ajá, ¡en las patas, men!

—Ah, vaya pues… Ahí ustedes dicen lo mejor.

—Y hay que llevarlos toda la bamba que haiga.

—¡Eso es mínimo! Jajaja.

—Jajaja, ta güeno.

Esta es parte de una conversación que el Centro de Intervención Telefónica de la Fiscalía interceptó el 24 de marzo de 2014. La persona que inicia la llamada es Juan Carlos Martínez Amaya, El Pitufo, uno de los palabreros de la facción sureña del Barrio 18, entonces recluido en Izalco, trasladado hace pocos días a “Zacatraz”, el penal de máxima seguridad. El que recibe la llamada es un pandillero de los Hoover, una “cancha” que extorsiona negocios del mercado Colón y sus alrededores, en Santa Ana. Entre esos negocios está la carnicería que pidió un descuento. Una súplica contable que solo podía aprobarla uno de los pandilleros más famosos de El Salvador.

***

En el penal de Cojutepeque, un hombre que está condenado a 45 años de prisión por homicidio y por tenencia de armas de guerra se parece a un contador a quien no le sale las cuentas. La lista de negocios extorsionados y los precios aplicados por la pandilla para cada negocio no cuadra con los ingresos que le han reportado. Eso provoca que unas dudas corroan su existencia: ¿cuál negocio no está pagando? o, en caso de que todos estén pagando, ¿quién de sus compinches no está reportando el dinero? Ese hombre se llama Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin, considerado por la policía como uno de los líderes nacionales de la facción sureña del Barrio 18. El Viejo Lin toma el teléfono y decide pedir cuentas.

—¿Qué pasó? -inicia Viejo Lin.

—¿Q’iubo? Ahorita van a llegar, no se lo habían dado porque en el callejón habían dos azules, pero ahorita va a dárselo ya.

El hombre que respondió la llamada de Viejo Lin está recluido en el penal de Izalco. Lo conocen como El Pitufo, uno de los que controla los Hoover, “la cancha” que extorsiona varios negocios en Santa Ana. Con la llamada telefónica, Viejo Lin intenta demostrar que sabe lo que está pasando en la calle, que maneja al dedillo las extorsiones, y que alguien no está reportando todo el dinero. Algo no cuadra. El Pitufo sabe la gravedad de la sospecha y, de entrada, se justifica:

—¡Puta! Mire ve, no, no crea que le estamos dando casaca, si nojotros todos los días mandamos. Nojotros estamos en agua también, pero el pedo es que los zopes a veces se aceleran.

—Fíjate que a mí allí me tiran de un lado, me tiran de otro. Me dicen: que ayer levantaron esto,  que ayer lo otro y todo esto ¿Vaaa? ¿Mentendés? Entonces ¿Me copias?

—Sí, le escucho.

—Va, no creas que a mí… yo ignoro muchas cosas ¿Mentendés? ¿Vaaa? Porque en realidad no sé quiénes son y no me voy a poner a rastrear  mierdas ¿Vaaa?

—¿Aja?

—¿Mentendés? Y yo, vos sabes, yo mira, yo ese hizo un hijueputa ¡Picarazo! Conmigo no hay niuna nueva, ya todas fueron inventadas ¿Mentendés?

—Jajaja (…) Nombre, guache ve, guache si… si poquito saliera yo le dijera tanto salió, pero lo que usted acaba de decir, yo bueno… Yo y Chaterry y ese Little Boy, ¿no? A veces en eso mismo estamos del mazo, pero de ahí nadie más…

—¡Mirá!... Ustedes son picarazos los tres.

—¡Nombre!

—Necesito darle, ya te explique el otro día que pedo… ¿Vaaa?

—No hemos bajado esa onda. Ahí es seguro, lo único que la gente se confía porque la señora del pollo tiene un culero con palo de escoba allí. Por eso se confía la vieja puta, pero hay vamos… Nosotros no agarramos nada más sino que allí el Ston se hubiera dado cuenta que algo agarramos.

—No como por otro lado, vos sabes que el sol alumbra no solo allí.

—Jajaja.

—Vaya, oíme, es un levante va, la cuestión es que mira si para mañana tenés eso amarrado.

El 24 de marzo de 2014, el Barrio 18 rechazó descontar la renta de la señora que vende pollo en Santa Ana. Debe pagar 400 dólares, no los 200 que ofrece. Lo que ella no sabe, en caso de no pagar, es la orden que se ha girado en su contra: “¡Péguele un bombazo!”.

***

Es gordo, moreno y de cabello negro. Viste un jeans y camisa morada con rayas blancas. Deambula por una terminal de buses, en espera de que alguien le entregue un sobre blanco, con un mil 40 dólares adentro. Una vez que recibe el sobre, el hombre aborda un bus rumbo a la terminal de Santa Ana, se sienta cerca del conductor y guarda los billetes en una de las bolsas traseras de su pantalón. Cuando llega a su destino, el regordete se dirige hacia un chalet donde venden tarjetas de saldo telefónico. Quince días después, repite la rutina…

Los policías de la unidad antiextorsiones saben que ese hombre gordo es el encargado de recoger la renta que paga una empresa en Santa Ana. Los investigadores comenzaron a seguirle la pista en abril de 2013, luego que una víctima denunciara que los pandilleros le exigían un mil 40 dólares quincenales  para no matar a sus empleados. Durante 13 años, el empresario ha pagado ese dinero, pero en abril de 2013 decidió interponer la denuncia porque los extorsionistas le exigían 500 dólares más.

El regordete no sabe nada de la denuncia. Tampoco sabe que tres equipos de vigilancia de la policía le están pisando los talones. Le han tomado una foto cuando llega a dejar la renta al chalet que vende tarjetas prepago. También lo han retratado a la entrada de una bodega pocos minutos después de recibir la renta. Otras veces, el regordete va a una venta de tortas y no ha faltado ocasión en que se haya dirigido hacia un comedor que regenta una mujer de blusa beige, falda celeste y delantal rojo. En esos lugares entrega la renta.

Los investigadores fingen controles rutinarios con el fin de identificar quién está a cargo de los negocios que frecuenta el hombre gordo que cobra la renta. Y así pasan los días y pasan los meses, con una colección de nombres, consignados en decenas de papeles, que parecen no llevar a ningún lado. Un día, la policía encuentra un nombre, un hilo que lleva hasta las cárceles: Silvia Maribel Martínez Ayala. Silvia es la esposa de El Pitufo, palabrero de una pandilla que, en ese momento, está recluido en Izalco. Silvia también tiene un negocio de comida ambulante en la terminal de Santa Ana, el cual es visitado por el hombre gordo que cobra la renta. La Fiscalía, entonces, ordena intervenir sus comunicaciones telefónicas y su implicación en las extorsiones queda retratada casi de inmediato:

—Andan policías en la terminal. Este teléfono está a mi nombre y por eso voy a hablar poco. ¿Ya pidieron lo de la caseta?

—Sí, esa la va recoger la María- le responde El Pitufo.

María no es pandillera. María es una “colaboradora” del Barrio. Un colaborador, básicamente, puede servir para dos cosas. Primero, pueden ser empleados de una empresa que filtran nombres y números telefónicos de los dueños, cantidad de empleados y de vehículos, entre otros detalles. A cambio de esa información reciben una tajada de la renta. Segundo, los “colaboradores” pueden servir para una especie de triangulación del dinero. Hay casos en que el camino de los dólares se puede resumir así: la pandilla selecciona a un empleado de la víctima para que reciba el dinero, ese empleado lo entrega al colaborador de la pandilla. El colaborador tiene dos caminos para hacerlo llegar  a los pandilleros o sus familiares: entregas de efectivo o por remesa Tigo Money, el sistema de envío de remesas vía celulares instaurado por la telefónica, hace un par de años (o ambas). Así se lo ilustra El Pitufo a Ernesto, un colaborador de la pandilla:

—Una parte la remesás a la cuenta (de Tigo Money) y la otra se la das a Carlitos.

Carlitos es el hijo de El Pitufo. Pero… ¿Qué gana Ernesto con estar remesando dinero a los pandilleros o sus familiares? La respuesta es dinero. Una vez que la víctima entrega la renta, la pandilla comienza a deducir de inmediato una especie de “costos de operación”: generalmente se descuentan 50 dólares de “salario” de los colaboradores; otro descuento de 10 o 20 dólares es por algo que se parece a una rústica “transferencia de dinero”; es decir, la cuota de un taxi por ir a recoger o trasladar el dinero de un lugar a otro.

Hay colaboradores que son claves para que el dinero circule por las venas de la pandilla. Su importancia es tal que ese salario no se descuenta del total de la renta que recogen sino que los líderes le asignan la extorsión que paga un negocio en específico. El Faro tuvo acceso a más de 5 mil folios de dos investigaciones judiciales, una en Santa Ana y otra en San Miguel, en las cuales se puede inferir cómo circula el dinero.

En Santa Ana, el caso que la Fiscalía ha armado contra los Hoovers se puede resumir así: 13 personas eran las encargadas de cobrar directamente la renta a las víctimas. Ellos lo entregaban a cinco familiares de los pandilleros (esposas, madres e hijos), quienes se encargaban de recibir una parte en efectivo para comprar, principalmente, tarjetas de saldo telefónico y para mover el dinero por medio del sistema Tigo Money. Una parte quedaba en cuentas bancarias de los familiares y otra parte se hacía llegar a los bolsillos de los pandilleros.

Además, en el caso de la cancha los Hoovers, a partir de múltiples llamadas telefónicas, se puede advertir que el Barrio hizo una especie de reparto de los negocios extorsionados. La lista es así:

El negocio de la leche paga 50 dólares mensuales.

La empresa RB. paga 1,040 dólares quincenales.

La tienda EC. 500 dólares que son para El Pitufo, Viejo Lin, Belcebú y Little Boy (no especifican periodicidad).

El negocio R. paga 20 dólares (no especifican periodicidad).

La renta de la miniagencia es para la mujer del Danky (no especifica monto).

El negocio EN. paga 60 dólares y eso lo recibe Sandra.

El negocio R. paga 50 dólares, dinero para Ernesto (él es un colaborador de la pandilla).

La renta del taller ES.  es para Little One, Snayder y Helen (no especifica cantidad).

El negocio DP. paga renta a El Pitufo (no se especifica cantidad).

Una panadería paga 1,500 dólares mensuales.

“Hay que comprar 10 cuetes porque esto viene negro”

El sábado 8 de febrero de 2014, a las 4:10 de la tarde, Herbert y El Polo se dirigen a negociar la compra de una metralleta que está disponible en el mercado ilegal de armas, en La Unión. Ellos no son los compradores, ellos son los intermediarios de alguien que quiere una Uzi, pero que no puede verificar la calidad ni regatear el precio porque está detenido en un penal, cumpliendo una condena de 30 años de prisión por homicidio.

—¿Y está buena esa mierda? -le preguntan a Herbert.

Quien hace la pregunta es José Timoteo Mendoza Flores, El Chory, palabrero de 32 “canchas” de la facción sureña del Barrio 18 diseminadas en el oriente del país, principalmente en La Unión. Cuando realizó esa llamada telefónica, en febrero de 2014, El Chory era una voz de peso para decidir en qué se gastaba el dinero de las extorsiones, tenía poder para decidir sobre la vida o muerte de aquellos que podrían representar una amenaza para su liderazgo o para el Barrio. Él llevaba la palabra. Y temía. Y armó su estrategia. El Chory se empeñó en convencer a su pandilla que una buena parte del dinero de las extorsiones se debía invertir en la compra de armas porque el fin de la tregua estaba cerca. Aquel sábado de relativa tranquilidad, cuando la policía reportó siete asesinatos, cifra pequeña al compararla con el promedio actual, el palabrero toma el teléfono y pregunta:

—¿Y el hijueputa ya se fue adelante?

—Sí, yo me paré a orinar. En El Carmen le llamé y no contestó –le contesta Herbert, su interlocutor.

—El maje tiene un pase por el Carmen y a lo mejor se tiró por ahí. ¿Y está buena esa mierda?

—Está bonita, se ve seminueva. El cargador es largo y se puede ir en ráfaga los 45 tiros que agarra. Está bonita, pero el vato no se quiere bajar.

—Están caras porque la onda de la tregua ya va terminar y esa mierda va haber plomo por todos lados, vea.  Mira, ¿Y quién te va acompañar?

—El Polo. Es de Conchagua y tira polvo.

—¿A quién le compra?

—Creo que a Santa Rosa la va a traer.

La conversación continúa varios segundos más sobre el negocio de la cocaína, aunque de eso hablaremos más adelante. Por ahora diremos que dos representantes de la pandilla intentarán comprar una Uzi, los compradores no especifican el precio, pero saben que en el mercado no encontrarán rebaja porque, de alguna forma, las pandillas y los contrabandistas de armas han olfateado que el fin de la tregua está cerca, razón por la cual se han disparado los precios de las armas.

Hay palabreros que han decidido aumentar la cuota de las extorsiones para poder comprar armas. Eso ha provocado que algunas víctimas de extorsión acudan a la cúpula del Barrio para pedir que les mantengan la cuota. El Chory toma su teléfono y comienza a indagar que está pasando. Se comunica con José Luis Guzmán, El Chiky, pandillero recluido en el penal de Izalco y le pregunta:

—¿Por qué le estás pidiendo más dinero a los señores de la ruta?

De entrada, El Chiky niega que haya incrementado la cuota de la renta. La negación no satisface a El Chory, quien le exige una explicación. Acorralado por las preguntas, doblegado a reconocer que está hablando con el máximo líder del barrio, El Chiky reconoce que subió la cuota de las extorsiones porque quieren comprar dos granadas.

El Chory objeta la compra de las dos granadas. Le dice que necesitan ese dinero para comprar una Uzi. Por el momento, el Barrio necesita invertir en las prioridades, y a largo plazo una Uzi es una inversión más rentable que solo dos granadas. Se tienen los dólares para comprar la metralleta pero solo eso,  porque “han tomado prestado del dinero” que se tiene guardado para pagar al abogado de El Tamal.

***

El lunes 10 de abril de 2014, apenas dos días después del debate sobre la conveniencia de comprar granadas o una Uzi, un pandillero le llama por teléfono a El Chory y le dice que el “otro mazo” que quieren comprar ya está listo.

—Ya está aquella onda, pero hay que irla a traer al centro, a la terminal.

Ese día, el Barrio había recolectado 475 dólares de la extorsión, pero ese dinero no alcanzaba para comprar el arma (en la conversación no detallan cuánto cuesta). El pandillero lo único que hace es reportar que a esa cantidad se le han tenido que aplicar unos descuentos que se parecen a los gastos de operación de una empresa. El pandillero que se identifica como El Chainy lo dice así:

—Hay 475 dólares. De eso se le dieron 20 dólares al vato que la recoge y 5 al taxi.

El Chory le pide que guarde ese dinero, que espere, que solo es cuestión de horas para que en las arcas del barrio reciban más dólares para comprar el mazo.

—Ahí ténelo, faltan como mil (dólares que recoger de la extorsión).

Mientras ese dinero llega, El Chory se toma el tiempo de verificar que “los perritos” no hayan extraviado las armas que se les han dado previamente. El palabrero le pide a El Chainy que le mande una foto de su pistola 9 milímetros, también quiere una foto del revólver 357, Smith & Wesson, que tiene Meme. “Por cierto -pregunta El Chory-, ¿quién tiene el mazo 3.8?”.

***

Hay trabajadores que descansarán todo el día, hay otros que desfilarán por las calles de San Salvador. Y también están tres pequeños comerciantes que, en la celebración del día internacional del trabajo, tendrán que pagar 280 dólares de renta a la pandilla.

—Hey, falta lo de la Marielos, lo de Miramar y lo de El Chino que son 280. El Chino ochenta da -le dice el Chiky, palabrero del Barrio 18, a un pandillero conocido como El Jocker.

La conversación telefónica fue interceptada a las 8:10 de la noche del primero de mayo de 2014. Casi al finalizar el día, El Chiky El Jocker hacen cuentas. El que habla es El Chiky:

—Hasta ahorita se han recogido 1,380 (dólares), aparte de los 120 que se han ido a traer para el cuete. Con esos 120 se hacen 1,500. Más cien de Mapala (otro palabrero detenido en Izalco) se hacen mil 600 y los 50 que te están moviendo  (a El Joker) son 1,650.  Aparte están los 280 dólares que deben (Marielos, Miramar y El Chino). Y el otro mes va doble porque vamos detrás del microbús (comprar un microbús). Ahorita hay gastos y solo quedan 460 para el otro mortero.

El Chiky ha sugerido que se compre una pistola nueve milímetros. El Jocker está de acuerdo en la compra del arma, pero no está convencido que se pueda logar un incremento en los ingresos derivados de la extorsión y por eso le pide al palabrero encarcelado, a El Chiky, que le ayude. Esa ayuda consiste en hacer llamadas telefónicas y lograr que otros negocios paguen renta.  Los pandilleros ya han identificado unos “puteríos” (prostíbulos) que serán extorsionados para tener más dinero y así comprar más armas. Es decir, unas prostitutas se verán en la necesidad de vender más sexo durante algún tiempo para satisfacer al Barrio y a su defensa de territorios. Esa necesidad armamentística, en la práctica, está justificada así: “En la cancha San Antonio (de La Unión) están bien, pero hay que reforzar la cancha de La Cañada porque solo tienen una 22 y una escopeta 12”. (Un testigo protegido dijo a los fiscales que la cancha La Cañada tiene tres palabreros y once soldados).

La pandilla tiene necesidad de tener varias armas porque cuando una “está colorada” (que se ha usado en un homicidio), se tiene que guardar durante algún tiempo. Hay pandilleros que deciden enterrarlas, hay otros que las intercambian con otras tribus.

La tregua entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes inició en marzo de 2012. El gobierno trasladó del penal de máxima seguridad a penales con menos controles a 30 líderes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, y los índices de homicidios se desplomaron. En mayo de 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de David Munguía Payés como ministro de seguridad, arquitecto de la tregua. Ricardo Perdomo, otrora ministro de seguridad, intentó continuar con la negociación con las pandillas, teniendo como intermediario al sacerdote español Antonio Rodríguez López Tercero, conocido como Padre Toño.

El Padre Toño intenta involucrar a organizaciones no gubernamentales y alcaldías en algo que llama proceso de pacificación. Él habla con el Viejo Lin, con El Payaso, con El Chory por un lado; y habla con el director de penales, Rodil Hernández, y el ministro de seguridad, Perdomo, por el otro. Sin embargo, las pandillas olfatean que las gestiones del Padre Toño caminan hacia un despeñadero y, por tanto, entre febrero y mayo de 2014, ordenan que una buena parte del dinero de las extorsiones se use para comprar armas.

En abril de 2015, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén regresó al penal de máxima seguridad a los líderes de pandillas que pactaron con el gobierno de Funes una reducción de los homicidios, luego de un inicio de año violento en el que las pandillas asesinaros a siete policías en los primeros 12 días del año. Con el anuncio de los traslados, las pandillas no le bajaron a los ataques contra custodios, militares y policías. La policía respondió con el mismo ánimo de guerra, pero ese ambiente de hostilidad con el Estado, las pandillas lo comenzaron a rumiar un año antes. En abril, las dos facciones del Barrio 18 y la MS-13 dijeron a El Faro que estaban preparándose para lo peor, pero que pedían a la Policía que dejara de estarlos cazando. Para el 1 de mayo de 2014, ya estaban las decisiones tomadas. El Chiky lo dijo así desde el penal de Izalco:

—Hay que comprar unos 10 cuetes y los largos (fusiles) porque esto viene negro…

Teoría del rebalse (versión criminal): de la cocaína a las ranflas

—¿Ya han dado los otros 17 (mil dólares)? –pregunta El Chiky.

—Ya está eso. Hay 33 (mil dólares) y algo –responde El Chory.

—Son 33 mil 600 porque ya se repartieron 800 que se te dieron a vos y aquel. La raza en Izalco dice que hay que ponerla a trabajar…

La llamada telefónica que inició El Chiky se corta repentinamente, a las 10:57 de la mañana del 10 de febrero de 2014. Era una llamada entre el penal de Izalco y el penal de Cojutepeque; era una llamada entre El Chiky y El Chory, quien tiene muchas dudas sobre “el paquete” del que estaban hablando. Por eso devuelve la llamada y pregunta:

­—¿La chava ya movió la feria?

—Yo en ese pedo no me quiero meter -responde El Chiky.

—Cayó Lin ahora en la mañana, pero le dije que no se metiera, que deje que los otros locos se hagan cargo de eso. Lin dijo que estaba bueno, que solo este mes agarraría esa feria.

El Chory le sigue explicando a El Chiky que han decidido comprar un kilo y medio de cocaína, una inversión que considera urgente de realizar. Al mismo tiempo, sabe que ese negocio puede meter en problemas a las pandillas y El Chory, quien controla varias de las clicas en La Unión, considera que no se deben meter a “los playeros”. El palabrero enfatiza que el negocio debe ser manejado por gente de confianza por una razón:

—Quien administre esa feria lo tiene que hacer bien porque es de todas las canchas –dice El Chory.

—De esa onda ya hablamos de que hay que comprar dos ranflas (vehículos) y tres motos –responde El Chiky.

—Eso no se ha tocado ahí, solo se ha hablado de los dos kilos.

—Eso si se ha tocado -replica El Chiky-. Se van a comprar dos kilos, uno lo administra Cojute y el otro Izalco. La gente de Izalco dijo que El Ceja y Chagui lo van administrar.

En su afán para convencer a su interlocutor en Cojutepeque, El Chiky intenta convencerlo con números: el kilo de cocaína cuesta entre 12 y 13 mil dólares; con los 33 mil 600 dólares que tienen de las extorsiones pueden comprar dos kilos de cocaína, que implicaría un gasto máximo de 26 mil dólares. Eso significa que tendrán un excedente  de siete mil 600 dólares, dinero con el cual se podrían comprar una ranfla (vehículo) y tres motocicletas que serían de uso compartido para la gente de Cojutepeque e Izalco para “girar” las ondas del barrio.

¿Por qué la pandilla está interesada en comprar vehículos? En la conversación telefónica entre El Chiky con El Chory está la respuesta:

—Estoy viendo que hay canchas que un paro de barrio no lo hacen…

La Despensa del Barrio 18 Sureños

Un “morro” le entrega 840 dólares de la extorsión a Lalo, uno de los palabreros del Barrio 18 en La Unión. Ese dinero se tiene que sumar a otros 140 dólares que la pandilla ya había recolectado el 5 de diciembre del 2013. En la contabilidad de la pandilla hace falta la recolección de 350 dólares porque al cerrar el día deben de tener mil 300 dólares. De ese total solo hay que descontar 200 dólares para unos colaboradores de la pandilla: El Pepino, Break, Blin y Alfredo. Cada uno de ellos debe recibir 50 dólares.

Y como diciembre es el mes de los regalos, la pandilla ha decidido que una parte del dinero que han recaudado en ese último mes del año se usará para comprar zapatos. En las comunicaciones telefónicas intervenidas no se especifica la cantidad ni la marca de los zapatos que comprarán, pero cuando la Dirección de Centros Penales autorizó el ingreso de medios de comunicación a las cárceles, en los días inmediatos a la tregua, la mayoría de pandilleros fueron fotografiados usando zapatos deportivos Nike, azules o blancos, principalmente.

—¿Has metido a El Toro de Jucuapa entre los que recibirán zapatos? -pregunta El Chory, recluido en el penal de Cojutepeque.

—¿Al que le dicen Piolo? -inquiere El Chiky, desde el penal de Izalco.

En la conversación no se puede inferir si la persona de la que están hablando está libre o en la cárcel. La única referencia más que hacen sobre él es que se brincó en “Shulton”, (Usulután, otro departamento donde El Chory controla algunas “canchas”).

Además de la regalía de los zapatos para algunos pandilleros, hasta aquí el Barrio ha gastado el dinero de las extorsiones en la compra de armas, de cocaína y en el pago de abogados para algunos que han sido detenidos. La llamada telefónica que inició a las 12:17 del mediodía del cinco de diciembre de 2013 también revela que la pandilla ha usado el dinero para montar una especie de distribución de productos legales, con la esperanza de que los dólares, las ganancias, se multipliquen. El Chory pide que le pasen el teléfono a Wilo, la persona responsable de rendir cuentas sobre esa inversión.

—¿Se está vendiendo la onda? -pregunta El Chory.

—Ha costado tirarlo (venderlo) porque la gente piensa que es robado.

Las palabras de Wilo no tienen el entusiasmo de un empresario que quiere acaparar el mercado. Ante una racha de malas ventas, se atreve a sugerir que lo mejor es repartir el producto entre los miembros de la pandilla y que cada quién rinda cuentas de lo que se le entrega. Esa idea la desaprueba El Chory. Le recuerda que el Barrio le ha “dado dos mil dólares para que lo invierta en material”.

—Es correcto -responde Wilo, y luego regresa a su explicación de por qué cree que las ventas están malas-. Ha pasado un pequeño percance, los de la arrocera habían dado un precio de cada cuestión (producto), pero en el mercado (de La Unión) todo vale menos.

—¿Y qué te han dado?

—Arrobas de arroz blanco, arroz precocido, fardos de papel Scot, cajas con botellas de aceites, fardos de pampers Huggies.

El Chory le recuerda a Wilo que tiene contactos en el mercado de La Unión y que, por tanto, se le debe facilitar la comercialización de esos productos para recuperar los dos mil dólares de inversión y otros dólares de ganancia.

Wilo, quizás en un afán de no cargar con la responsabilidad de esas ventas, intenta seducir al palabrero asegurándole que ha tenido comunicación con pandilleros de Honduras y cree que puede amarrar el paso libre de drogas y armas. “Si se logra pasar a cinco tablas el largo (500 dólares por un AK47, aquí lo podemos vender a mil”. Esa oferta no emociona a El Chory. Al final de la plática telefónica, lo que Wilo debe hacer es lo mismo que se le ordenó al principio: coordinar y controlar la venta de las arrobas de arroz blanco, de las cajas con botellas de aceites y los fardos de papel Scot y pampers Huggies.

***

Hay personas que tienen negocios que son de interés logístico para las pandillas como la venta de recargas y tarjetas de saldo telefónico. En Santa Ana, Elia Isabel tenía uno de esos negocios. En su pequeño local de lámina, empotrado en los alrededores de la terminal de buses de Santa Ana, entre ella y los pandilleros surgió un acuerdo que beneficiaba a ambas partes: algunas veces el barrio le pedía crédito y otras veces le pagaba por adelantado.

—Estoy donde la señora de las tarjetas, después le vamos a dejar los 200 para completar los 400- le informa un colaborador de la pandilla a El Pitufo, el palabrero recluido en Izalco.

La importancia de las comunicaciones para la pandilla era tal importancia que, además del negocio de Elia Isabel, la cancha de los Hoovers de Santa Ana designó a una persona a la que se le encomendó la compra de tarjetas prepago.

Elia Isabel ahora está detenida. Aunque su negocio recibió inyección de capital de dinero que provenía de las extorsiones, la Fiscalía ordenó su captura porque facilitó el local para guardar dinero de la renta y porque realizó transferencias de dinero a través del sistema Tigo Money para pandilleros y sus familiares. Tigo Money es un sistema de transferencia de dinero que utiliza tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha, y el Ministerio de Seguridad dijo que a través de este sistema se movía un 24% de todas las extorsiones en el país. Así lo dijo el ministro Ricardo Perdomo en octubre de 2013, citado por Diario 1. Tigo informa que de un universo de 2 millones de transacciones mensuales, el Ministerio Público ha solicitado información a la telefónica, sobre casos de extorsiones, en 131 ocasiones en el periodo de noviembre de 2013 a agosto de 2014.*

Tanto las transferencias de Tigo Money como las escuchas telefónicas confirman que parte del dinero que la pandilla recibe gracias a las extorsiones se mueve hacia sus familiares de confianza, esposas y madres, principalmente.

—100 (dólares) se los dan a la mamá de El Pitufo -se escucha en una conversación interceptada a los Hoovers, en Santa Ana.

Las comunicaciones interceptadas en Santa Ana no arrojan detalles de cómo gasta el dinero las pandillas o sus familiares. En el caso de La Unión es diferente. Además de la inversión en arroz, en papel higiénico o en pañales Huggies, la cúpula también avaló el montaje de una pupusería para un familiar de El Darky.

Y aunque “los tabos” ordenan la extorsión, deciden sobre las solicitudes de rebaja de las víctimas y son como una suerte de contadores, auditores y administradores que presupuestan el gasto y las inversiones que se realizarán con el dinero de las extorsiones. Pero son mucho más que meras calculadoras que dan órdenes. El poder de los líderes en el tabo no puede ser desafiado en la libre. Aquí un ejemplo:

Ying Yang es un pandillero que estuvo preso en el penal de Cojutepeque, donde lo llegaba a visitar su mujer. Un día, Ying Yang quedó libre, regresó a su casa, pero en los siguientes meses se enteró que su mujer seguía visitando el penal de Cojutepeque. Entonces, Ying Yang comenzó a investigar a su mujer y descubrió que le era infiel. Ella misma le confesó que se había enamorado de El Seco, otro pandillero del Barrio 18, recluido en el penal.

Ying Yang imploró a su palabrero autorización para matar a su mujer. El palabrero llamó por teléfono al penal de Cojutepeque, a El Chory, planteando el caso. Ying Yang recibió la autorización de eso que tanto deseaba. Un día, la policía encontró el cadáver de una mujer en La Coquera, cantón La Pavana, en San Alejo, La Unión. Era la mujer de Ying Yang, tenía 15 disparos en su cuerpo. Después de ese homicidio, Ying Yang pidió permiso para asesinar a El Seco, el amante de su mujer, pero el barrio no lo autorizó. A El Seco solo le dieron una paliza.

Así es cómo desde las cárceles salvadoreñas se mueven los hilos de la pandilla. Tras los barrotes se decide sobre la vida o la muerte de determinada persona, se deciden castigos, se deciden reducciones o se confirman cuotas que deben pagar las víctimas de una extorsión. La consulta de esas decisiones dependerá de la cercanía que esa persona tenga con la pandilla. El asesinato de un palabrero, por ejemplo, es algo que debe ser consultado con todas “las canchas” que integran “una tribu”. Aquí un ejemplo:

El 31 de marzo de 2013, a las 6:30 de la mañana, Mapala, el palabrero de Conchagüita, La Unión, inició una llamada telefónica que pronto enlazó con varios palabreros y soldados del Barrio 18. Por conferencia estaban conectados los líderes del penal de Cojutepeque, los líderes del penal de Izalco, los líderes y algunos soldados en “la libre”. Un testigo protegido dijo a la Fiscalía que 42 pandilleros participaron en esa conversación.

Uno por uno se fue presentando: dijo su taca y su cancha. Luego, los líderes en los penales anunciaron que iban aclarar “el punto con respecto a lo de El Ruso”. Los tabos proponían que El Ruso debía morir porque no quería recibir “las coordenadas” (órdenes) de adentro. Los palabreros encarcelados querían oír que opinaba cada cancha porque para matar a alguien de ese rango (un palabrero) se necesita del apoyo de toda la tribu. Todos avalaron el asesinato de El Ruso, el entonces palabrero de la Colonia Belén, en La Unión.

Cinco horas y media más tarde, a las 11:30 de la mañana, cuatro pandilleros llegaron a la casa de El Ruso y le dijeron que debía ir con urgencia a un “party” para arreglar un problema. El Ruso acompañó a sus otrora compañeros de barrio. Unos minutos después, en un sector conocido como La Línea Férrea, en la colonia Belén, se escucharon cuatro disparos. El reporte de Medicina Legal describe que esa persona murió por las siguientes razones: “traumatismo craneoencefálico severo, más trauma de cuello y tórax producido por proyectil disparado por arma de fuego”. El Ruso se llamaba Carlos Alberto Guardado.

En las investigaciones de la policía y Fiscalía no hay evidencias de que el dinero que se mueve producto de las extorsiones entre a las cárceles. Esos dólares se gastan en la logística, en la estructura de las pandillas que están en la calle. Al menos, durante el tiempo que duró la tregua que mantuvo a los líderes de pandillas fuera del penal de máxima seguridad, las peticiones de estos auditores para favorecer a sus familiares o a sus interlocutores en la pandilla eran: ventiladores, televisores, dvds, desodorantes, champú, perfumes, ropa, zapatos y celulares con manos libres…