Tal como El Faro hubiera querido preguntar al presidente Funes con motivo de su cuarto aniversario de gobierno: si este periódico no hubiera revelado los arreglos con las pandillas, ¿a qué habría atribuido usted la drástica reducción en los asesinatos? O, más ampliamente: ¿Qué sabrían los salvadoreños sobre la tregua si no fuera por los periodistas?
El propósito del periodismo es revelarle a la gente información importante, y en El Salvador, en los últimos 15 años -desde la reforma penal-, posiblemente no ocurrió nada más importante en materia de seguridad pública que la tregua entre pandillas propiciada por la administración.
Sorprendentemente, el gobierno optó desde el inicio no solo por ocultar la verdad, sino que en varias ocasiones mintió, dio al público una versión distinta a la de la realidad sobre el traslado de líderes pandilleros, sobre el motivo del traslado, sobre la razón del desplome de la incidencia de homicidios, sobre las reuniones con jefes pandilleros en el Ministerio de Seguridad y sobre la entrega de fondos públicos focalizada en pandilleros.
Estamos seguros de que solo por las publicaciones periodísticas el gobierno se sintió obligado a presentar a los mediadores de la tregua, incluido el obispo Colindres, quienes también fueron parte de la conspiración oficial para primero ocultar y luego, descubiertos, engañar a la gente sobre lo que estaba sucediendo.
Desde cuando El Faro reveló el 14 de marzo de 2012 que el gobierno había negociado con las pandillas la reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios, hasta este lunes 26 de agosto, este medio ha publicado 75 piezas periodísticas en cuatro géneros distintos. A lo largo de estos 17 meses quedaron retratadas las interioridades de un proceso que, si hubiera dependido solo de lo que el gobierno decide informar, sería un fenómeno irreconocible respecto de lo que en realidad es.
Las virtudes de la tregua están a la vista. Una sola vida salvada es importante. Y cada una de las casi 3,000 salvadas en un año cobra aún mayor valor en un país con escasas razones para sonreír o para esperar el mañana. Pero la información bruta, los números fríos, los datos sin contexto, tienen un beneficio informativo limitado para la gente. Una de las responsabilidades más nobles pero también más difíciles para los periodistas es llevar conocimiento a la gente. Y de eso se trata el esfuerzo de El Faro que queda retratado en esta recopilación de las publicaciones hechas en torno a la tregua desde hace 17 meses. Aquí irán sumándose las piezas venideras, las que ayuden a nosotros -y ojalá mañana a nuestros descendientes- a entender mejor aquello que el gobierno pretendió pintar como un milagro obrado a dos manos: la mano divina y la mano de la gran capacidad policial.
Por eso aquella pregunta incluida en la "Entrevista con (o sin) el presidente Funes" en junio de 2013 era importante: ¿Cómo habría explicado el desplome en los asesinatos en El Salvador si la ciudadanía no se hubiera enterado de que hubo una negociación de por medio con las pandillas?
En esta compilación el lector puede encontrar una cronología sobre el origen y la marcha de la tregua, y también la aún inexplicable trama de mentiras oficiales sobre el proceso. Todavía suena fresco lo dicho hace ya casi un año, en septiembre de 2012, por el aún ministro de Seguridad, el general David Munguía Payés: "El presidente Funes estaba al tanto".
La gente debería ser la dueña de la información en poder del Estado. Y aunque es comprensible y legítimo y lícito que los gobiernos oculten a sus ciudadanos cierta información sensible, el ámbito del engaño pertenece a otro mundo. Y explorar ese mundo y revelar su descubrimiento es una de las razones de existir de los periodistas.
<p>El ministro de defensa, David Munguía Payés ha solicitado se reforme la Ley de la Carrera Militar. La medida permitiría que los oficiales que están después de él asciendan de grado.</p>
El general David Munguía Payés, ya convertido en ministro de Seguridad Pública, insistía en su enfoque represivo: toques de queda, capturas sumarias, registros sin orden judicial... y aseguraba que el éxito de su gestión dependía de que toda la sociedad llegara a un consenso: los enemigos son las pandillas. Luego reconocería que mientras sostenía públicamente esta postura ya exploraba en las cárceles la posibilidad de negociar con las pandillas la reducción de los homicidios.
Cuando El Faro recibió de sus informantes la alerta de que el gobierno estaba trasladando a tres líderes de pandillas desde el penal de máxima seguridad a cárceles de menor rigor, pareció un disparate: el ministro de seguridad pública era un general del ejército que sostenía un discurso de mano dura y que había conseguido instalar al frente de la policía a otro general. Pero era cierto: en una operación secreta se había trasladado no a tres, sino a 30 líderes pandilleros a cambio de reducir los índices de homicidios. Dos días después del traslado los homicidios se desplomaron a la mitad.
Dos días después de que El Faro develara el acuerdo con los pandilleros, el ministro apareció públicamente para desmentir la publicación: dijo que la treintena de líderes pandilleros habían sido trasladados porque se había detectado un plan para abrir un boquete en el muro del penal de máxima seguridad con misiles antitanque LAW a fin de generar una fuga masiva y por razones humanitarias. Aseguró que el súbito y sin precedentes desplome de homicidios se debía a una “mayor operatividad” policial.
Este fue el primer editorial de El Faro sobre la tregua. En los días anteriores el ministro Munguía Payés convocó a varios jefes de medios de comunicación a una reunión "off the record" en la que les comentó que tenía información que le indicaba que los periodistas de El Faro estaban en riesgo por la investigación sobre las negociaciones con pandilleros. No detalló la naturaleza de las amenazas y a esa reunión nadie de El Faro fue convocado.
Según Mijango su participación como mediador se debió a dos factores: era muy popular entre los presos como escritor de libros sobre la guerra civil y además fue recomendado por Mario Belloso, un militante del FMLN que durante una manifestación estudiantil sacó un fusil de asalto y mató a varios policías antidisturbios.
Aparecen por primera vez en escena el obispo castrense y policial Fabio Colindres y el ex guerrillero Raúl Mijango. En la sede de la nunciatura explicaron que al amparo de la Iglesia Católica los pandilleros habían decidido dejar de matarse entre sí. Mijango calificó lo ocurrido como un "milagro" y aseguraron que ambos tenían años visitando la prisión y que por eso fueron las pandillas quienes los buscaron para que atestiguaran el proceso. El obispo aseguró que esto no estaba relacionado con el traslado de pandilleros y que ellos no eran capaces de recordar los nombres de los pandilleros que habían gestado el milagro porque "Nunca hemos tenido el morbo de hacer listas de nombres".<br />
Hasta la publicación de este artículo la identidad de los 30 pandilleros era un secreto. La lista la conforman los líderes nacionales de la MS-13 y de las dos facciones del Barrio 18. Entre los trasladados figuran personajes que fueron convertidos en publicitados íconos del crimen por las autoridades, como Viejo Lin, o El 13 o Sirra, cuyos nombres incluso fueron usados por el partido Arena durante la campaña presidencial que perdió, para compararlos con el entonces candidato a la vicepresidencia Salvador Sánchez Cerén.
El director general de Centros Penales fue el único funcionario público que accedió a conversar con El Faro en medio de la coyuntura y fue el primero en relacionar el traslado de pandilleros a la reducción de homicidios. Hasta ese momento la versión oficial era que las dos cosas no estaban vinculadas. Esta entrevista le generó muchos altercados con el ministro Munguía Payés y estuvo a punto de costarle el cargo. Después de su publicación las relaciones institucionales entre este periódico y la Dirección de Penales se rompieron.
Por primera vez ambas pandillas firman un comunicado conjunto en el que se acusa a El Faro de poner en riesgo la vida de sus líderes al difundir un documento en el que el Centro de Inteligencia Policial aseguraba que estos habían recibido dinero para llegar a un acuerdo. Los pandilleros negaban esa versión y atacaban al director del periódico diciendo que les resultaba "inaudito que existan personas como el periodista Carlos Dada". El Faro tomó este comunicado como una amenaza.
A lo largo de dos décadas los homicidios producto de la delincuencia se duplicaron y se triplicaron, hasta colocar a El Salvador como el segundo país más violento del mundo. Esta nota consigna un hecho que se creía imposible: de la noche a la mañana los homicidios se desplomaron. Durante varios meses varios columnistas, organizaciones sociales e incluso instituciones públicas alimentaron la sospecha de que los números estaban maquillados o que los cadáveres estaban siendo escondidos.
Claudia Umaña, ex directora del departamento de estudios jurídicos de FUSADES, propone en esta columna de opinión un punto que con el tiempo se convertiría en el centro del debate sobre la tregua: "¿Entonces qué ha faltado? Pues yo diría que predictibilidad y transparencia". Umaña señala que una estrategia que no use las vías institucionales del Estado (políticas públicas diseñadas sobre la base de información pública, operada por agentes estatales, sujetos a verificación pública), puede ser efectiva en el corto plazo, pero pone en duda que sea sostenible y que sus resultados no sean reversibles.
Dos semanas después de que El Faro reveló la existencia de un acuerdo entre pandillas y gobierno para reducir los homicidios, el discurso oficial ya había dado un giro radical: lejos del afán guerrero con que el presidente anunció su propia versión de la ley antipandillas (Ley de proscripción de pandillas), o de las propuestas militaristas del general David Munguía Payés, Funes habló de "un gran acuerdo nacional" para paliar el problema, y señaló que los pandilleros son víctimas de la estigmatización. En su primera comparecencia pública luego de revelado el pacto, Funes esgrimió la versión que el gobierno sostendría durante los siguientes meses: el gobierno no había negociado con pandillas, sino solo "facilitado" un pacto entre ellas, articulado por la Iglesia Católica.
Esta es la primera entrevista que Raúl Mijango ofreció a El Faro luego de ser presentado como uno de los protagonistas en la negociación de la tregua. Plantea a los líderes de las pandillas como cúpulas sofisticadas, con conciencia política, con talante estratégico y con afán dialogante. También comienza a esbozar los entretelones de la negociación. En esta primera versión sobre cómo se articuló el acuerdo son los líderes pandilleros quienes buscaron a los mediadores de manera directa y también fueron ellos quienes les comentaron sobre su voluntad de llegar a un acuerdo entre pandillas. Luego se sabría que eso no ocurrió así.
En esta columna de análisis, el equipo de Sala Negra de El Faro hizo un repaso por las áreas más grises de aquel momento. Algunas de ellas siguen sin respuesta. En esta columna se intenta además arrojar información para que el lector pueda ir enriqueciendo su criterio sobre el proceso y refleja la esencia de los cuestionamientos que los propios periodistas se hacen sobre el mismo.
El general Munguía Payés no se guardó las formas: "Hoy que han entrado la sociedad y los medios de comunicación (se) ha perdido mucho tiempo tratando de dar muchas explicaciones y eso no ha permitido avanzar". En ese momento Munguía Payés se aferraba a la idea de que esto era un proceso exclusivo de la Iglesia Católica, del que él no tenía por qué dar cuentas y en el que la participación de la sociedad no hacía más que estorbar: "Cuando no solamente la iglesia está haciendo el trabajo sino que todo mundo entra, y opina, y dice y presiona, muchas veces estorban lo que se está haciendo".
Desde mayo de 2010 los militares eran los responsables de controlar los registros en todas las prisiones del país. Al poco tiempo de ser instalados, la PDDH recibió decenas de denuncias por abusos en el registro de los familiares de los presos, que incluían "registros íntimos", o la obligación de realizar flexiones ante los miliares. El ministro Munguía Payés justificó repetidas veces estas prácticas, mostrando como argumento los muchos decomisos de ilícitos que se habían realizado. Al año siguiente varios militares habían sido asesinados por pandilleros. Luego de que las cúpulas de las pandillas fueran sacadas del penal de Zacatecoluca, firmaron un comunicado conjunto quejándose del trato que sus familiares. 16 días después del comunicado, el gobierno retiró a los militares de todas las cárceles. Munguía Payés aseguró que eso no tenía nada que ver con la tregua.
El vice alcalde para la reducción de pandillas en Los Ángeles, Guillermo Céspedes, explica parte de la estrategia que le permitió a esa ciudad cómo esta ciudad –cuna cientos de pandillas latinas, incluidas la MS-13 y el Barrio 18- ha conseguido reducir drásticamentesus propios índices de homicidios: la alcaldía angelina creó una escuela de interventores(la mayoría de ellos ex miembros de pandillas), que forma agentes para que apaguen fuegos. Estos interventores son responsables de detener la cadena de venganzas y deviolencia que normalmente genera un altercado entre pandillas. Parte de su trabajo implica conocer a los responsables de delitos y a los líderes pandilleros; sin embargo, la policía sabe perfectamente que este equipo no está obligado a compartir información o a develar las estructuras. Su trabajo es público, remunerado gracias a los impuestos y su cara política ostenta cargo de “vice alcalde”.<br />
María Silvia Guillén es directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las instituciones no gubernamentales vigilantes de los derechos humanos de los presos. Su agresivo discurso de denuncia hizo que el gobierno pusiera en tela de juicio la legitimidad de su relación con los pandilleros. En esta entrevista Guillén dimensiona lo abrupto del viraje del discurso oficial y pone en duda que las autoridades tengan algo parecido a una hoja de ruta.
<p>Foto de archivo: En el penal de Quezaltepeque, donde están recluidos los líderes de la facción Revolucionaria del Barrio 18 (una de las 2 facciones en las que se dividió esta pandilla en 2005 por disputas de poder), se leyó un comunicado firmado por las dos grandes pandillas, que fue calificado por el mediador Raúl Mijango como un "gesto de buena voluntad unilateral": las dos organizaciones dejarían de considerar las escuelas como territorios en disputa, como mercado de venta de droga y como semillero de nuevos pandilleros. Prometían también dejar de reclutar jóvenes por la fuerza. Aunque en algunos casos ciertamente esto disminuyó, todas estas prácticas siguieron ocurriendo en las escuelas del país.</p>
Este es el segundo editorial de El Faro sobre La Tregua. Este editorial tuvo lugar luego de que el presidente Funes convocara a una reunión a puerta cerrada a directores de medios de comunicación, entre ellos El Faro. En aquella reunión Funes admitió que en el asunto de la tregua la comunicación gubernamental había sido errática y escasa y se comprometió a ser más transparente con el proceso. Desde ese momento el gobierno ha seguido cambiando la versión sobre lo ocurrido y ha sido sorprendido mintiendo en más de una ocasión.
Los presos de la penitenciaría central, la más icónica y la más poblada y que no son miembros de pandillas, no quisieron quedarse fuera de la Tregua. La cárcel de Mariona está controlada por una banda carcelaria llamada La Raza, cuya influencia se extiende a otros penales. La Raza ofreció controlar las extorsiones que se realizan desde esa cárcel a cambio de una serie de beneficios que incluían televisores, mayor frecuencia y duración en las visitas íntimas, ingreso de menores de edad, comida externa... también se negoció que algunos líderes de La Raza recluidos en Zacatecoluca fueran trasladados a Mariona.
Esta es la primera entrevista que el ministro de seguridad pública concedió a El Faro luego del pacto con las pandillas. Por primera vez reconoce que el proceso estaba dentro de su estrategia y hace malabares para –habiendo dicho eso- mantener la distancia. Al final de la entrevista describe su visión futura de "domesticación" de las pandillas con un ejemplo: "¿Cómo es la mafia ahorita en Italia? No es la mafia de los años 30, que iba a ametrallar; han llegado a un grado diferente de sofisticación... pero no matan".
El acuerdo entre pandilleros y gobierno salvadoreño comienza a llamar la atención de sus vecinos, particularmente de los más afectados por el fenómeno pandilleril: Guatemala y Honduras. El ministro de Gobernación guatemalteco, Mauricio López Bonilla, un exmilitar con una sólida formación académica y una visión muy pragmática de la seguridad pública, explica que el modelo no es replicable en Guatemala por las diferencias en la incidencia del problema: Guatemala es mucho más grande que El Salvador y el fenómeno se concentra en las minoritarias áreas urbanas. Por otro lado, la violencia de pandillas no es –al contrario del caso salvadoreño- la principal causa de homicidios en ese país.
Cumplido este plazo simbólico es posible sacar algunas conclusiones sobre sus efectos: que las pandillas eran capaces de administrar la mayor parte de asesinatos del país, (los homicidios se redujeron en 58%) que eran capaces de hacerlo de la noche a la mañana y de forma sostenida (algo que no pudo alcanzar ninguna política pública, durante más de 20 años en que las muertes solo incrementaron). Todas las cifras oficiales refutaron –y lo siguen haciendo- a quienes especulaban sobre el hecho que los homicidios estaban siendo camuflados como desapariciones. El número de denuncias de desaparecidos también disminuyó de forma sensible.
Las pandillas dan una nueva muestra de su nueva conciencia política y de lo claro que tienen el hecho de haberse convertido en actores políticos, con posibilidad de influir en la opinión pública y de presionar al gobierno. En esta ocasión, los pandilleros de las dos facciones del Barrio 18 leyeron un comunicado –también rubricado por la MS-13- en el que retan al gobierno y a la sociedad civil a entablar una mesa de negociación pública e integrada por varios sectores. Advierten que ellos están listos y que dejan la pelota del lado del gobierno.
El principal negociador entre el gobierno y las pandillas, Raúl Mijango, lanza un incómodo desafío al presidente de la República, Mauricio Funes: le reclama que, para consolidarse, el proceso necesita más involucramiento estatal. Por la cercanía personal entre Mijango y Munguía Payés, el mensaje se interpreta como un desafío del propio ministro de Seguridad, preocupado por la posibilidad de que los líderes de la 18 y la MS-13 se cansen de esperar respuesta del Estado a sus demandas -aún desconocidas- y rompan la tregua.
La visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) parece revitalizar el proceso de diálogo con las pandillas, que por primera vez hablan de la posibilidad de desarmarse a largo plazo, al tiempo que piden una negociación pública con el Gobierno. La OEA se compromete a garantizar de aquí en adelante el cumplimiento de los acuerdos y a asesorar al Ejecutivo en su estrategia sobre la tregua. Nunca antes de este día los salvadoreños habían visto a los líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 en el país sentados juntos en una mesa.
Un expandillero que asesora a la Mara Salvatrucha en el diálogo con el Gobierno filtra en internet un video privado de la reunión de una semana antes entre la MS-13, el Barrio 18 y el secretario Insulza. En él se escucha a Víctor García Cerón, Duke, líder de los Revolucionarios del Barrio 18, leer un pliego de demandas que incluye la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, el cese de operativos contra pandilleros, y el indulto para presos enfermos, entre otros. Semanas después Mijango dirá a El Faro que estas demandas fueron parte de la negociación inicial y secreta que permitió la tregua.
Para confirmar las palabras de Raúl Mijango, que en los últimos días ha dicho a varios medios que le han visitado pandilleros guatemaltecos de la 18 interesados en replicar la tregua, El Faro entra en la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes y entrevista al principal líder del Barrio 18 en Guatemala. Lobo confirma el envío de emisarios y dice que su pandilla está dispuesta a negociar con el gobierno guatemalteco una reducción de homicidios como se hizo en El Salvador, pero aclara que nunca van a sentarse con sus enemigos de la Mara Salvatrucha porque no confían en ellos.
Líderes de las dos facciones del Barrio 18 -Revolucionarios y Sureños- en la cárcel de Izalco hablan de las dificultades para avanzar en los objetivos de la tregua y piden confianza y paciencia. También denuncian la existencia de grupos de exterminio y acusan a la Policía y a sectores de la sociedad que se benefician de la violencia de intentar boicotear el proceso de diálogo.
La crónica del entierro de un pandillero presuntamente asesinado por un policía en Ciudad Delgado retrata lo frágil que parece la tregua en las comunidades, lejos de los despachos y las carceles donde se negocia. Los pandilleros libres no tienen claro el rumbo del proceso; los abusos de las autoridades no encuentran condena; y la enemistad entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no han cesado.
Un recorrido por experiencias previas de negociación con las pandillas en Honduras, de tregua temporal entre grupos en Guatemala, o inclusode inscripción de pandillas como asociaciones culturales con reconocimiento legal en Cataluña (España). La tregua salvadoreña puede ser un proceso único en su especie, pero eso no quiere decir que esté libre de caer en errores que ya otros cometieron antes.
Tres días después de la publicación de "La nueva verdad de la tregua entre pandillas", Mauricio Funes desmiente a su propio ministro y dice que el texto es "la más grande mentira" escrita sobre el asunto. El presidente insiste en que él supo de la tregua por Fabio Colindres, a pesar de que el mismo Colindres admitió a el Faro que a él le llamaron Mijango y Munguía Payés después de que otros tres obispos se negaran a participar en el diálogo con las pandillas.
En un editorial, El Faro responde a Mauricio Funes y denuncia las mentiras y la inconsistencia del gobierno en su manejo de la tregua. El Faro emplaza al presidente a definirse y ser responsable: si de veras cree en esta negociación como solución al problema más grave del país, que tenga el valor de respaldarla, transparentarla e inpulsarla con toda la fuerza del Estado. La palabra clave, para El Faro, es "institucionalidad".
En una Bitácora, el periodista de Sala Negra Roberto Valencia aporta detalles inéditos de cómo ha impactado la tregua en las comunidades controladas por pandilleros: menos muertes, menos jóvenes que se unen a la pandilla, menos patrullas de la policía, más presencia de pandilleros en las calles, el mismo miedo... Un vaso que unos ven medio lleno y otros medio vacío.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 lanzan su sexto comunicado conjunto desde el inicio de la tregua. Su principal punto es, de nuevo, el llamado al Gobierno para que se siente formal y públicamente a negociar. "O damos una oportunidad al proceso o volvemos a lo que estaba antes del 9 de marzo", advierte el Viejo Lin.
En medio de la polémica sobre los riesgos de la tregua, Adam Blackwell, secretario de seguridad multidimensional de la OEA, da argumentos a quienes afirman que esta es una prueba de la debilidad del Estado. Dice que, ante un ejército de las dimensiones de la MS-13 y la 18, al Estado solo le quedaba una salida: negociar. Explica que el proceso no tiene hoja de ruta y se construye con decisiones día a día. A quienes cuestionan, les dice: "¿Qué solución proponen? Hay mucha crítica, pero no he escuchado otras opciones".
Habla la cúpula de la Mara Salvatrucha. Después de meses de gestiones con los mediadores, y de convencer a los líderes de la MS-13 de que El Faro no desea boicotear el proceso, estos conceden una entrevista de más de cuatro horas en la que explican con máximo detalle su visión de la tregua, su postura ante las víctimas, sus planes empresariales... La Mara habla de los pandilleros retirados, de las torturas en la cárcel de Zacatecoluca, y acusa al gobierno de Antonio Saca de comprar sus votos en 2004 e intentar negociar en secreto una reducción de homicidios en 2005.
El Departamento del Tesoro anuncia que dará a la Mara Salvatrucha el mismo trato que da al Cartel de Sinaloa, la mafia rusa o la Yacuza japonesa. Aunque la decisión es coherente con la alarma que desde hace años provoca la MS-13 en Washington, en El Salvador se interpreta como un ataque a la tregua y un mensaje al Gobierno de Funes. Munguía Payés llegó a preguntar extraoficialmente a embajadas de países cooperantes si esto haría que dejaran de financiar sus planes de seguridad.
<p>El fallo contra el exfiscal Martínez también lo obliga a resarcir 125 mil dólares a Antonio Rodríguez, en concepto de compensación.</p>
Este fotorreportaje muestra de forma cruda el interior de la cárcel de Cojutepeque, que quizá sea el recinto carcelario que peores condiciones presta para albergar a seres humanos. A pleno mediodía hay celdas en las que la oscuridad es tal que no es posible verse la propia mano frente al rostro; la humedad permanente genera múltiples enfermedades en la piel y el hacinamiento hace que cualquier enfermedad sea contagiosa. Los detractores de la tregua –incluidos varios diputados- reniegan del proceso, asegurando que los pandilleros viven "como reyes" en cárceles lujosas.
Después de meses de tregua sin rumbo, los mediadores proponen por fin un paso que parece estratégico y se encamina a institucionalizar el proceso: llevar al ámbito local el diálogo con las pandillas y el desarrollo de estrategias de reinserción, a cambio de que los pandilleros no cometan delitos en los "municipios santuario". El nombre del proyecto desata una agria polémica. Hay quien teme que en esas localidades no habrá Policía y los pandilleros camparán a sus anchas.
Luego de que el departamento del Tesoro de Estados Unidos colocara a la MS-13 en la misma lista de organizaciones criminales que los cárteles mexicanos, la mafia Italiana y las Triadas Chinas, mucho se especuló sobre si la intención de los estadounidenses era boicotear la tregua. En esta entrevista, agentes de Homeland Security explican cómo entienden a la MS-13 y aseguran que el nombramiento de la pandilla como grupo criminal trasnacional responde exclusivamente al análisis propio y no al interés por afectar un proceso salvadoreño.
<p>Este análisis de Luis Enrique Amaya (investigador en materia de seguridad, experto en gestión pública de la seguridad basada en evidencia y policía comunitaria, y consultor de agencias de cooperación internacional y organismos multilaterales) plantea las preguntas centrales de la Tregua: ¿Ha sido una negociación?; ¿Ha sido una negociación entre pandilleros, o entre pandillas y gobierno?; ¿Qué senegoció? Amaya ofrece un esquema lógico y ordenado para encontrar respuesta a estas preguntas.</p>
Guillermo Portillo es vocero de los retirados, pandilleros que abandonaron la MS-13 o la 18 y que por ello están condenados a muerte por ambos grupos. Denuncia que antes de la tregua el objetivo era que la gente dejara la pandilla, pero ahora que se ha pactado con las dos principales el objetivo ha cambiado y los retirados, los que ya no matan, no interesan. Portillo es la primera persona que dice públicamente que el Estado está avalando el reparto de territorios entre clicas, como parte de la tregua.
Tal y como lo pidieron las pandillas, Raúl Mijango solicita a la Asamblea la derogación de la ley antipandillas. Es una cesión a las demandas de la MS-13 y la 18, pero también un paso hacia la institucionalización. Mijango pide que se legalicen salvoconductos para quienes gestionan la tregua y nuevas atribuciones para los alcaldes de los municipios santuario, que les permitan desarrollar políticas de reinserción. Los partidos, callados desde hace nueve meses, se muestran por primera vez abiertos a apoyar la estrategia del Gobierno.
Alcaldes de los dos partidos se unen a los "municipios santuario", rebautizados como "libres de violencia" para evitar polémicas. El de Ilopango y el de Santa Tecla son los primeros funcionarios públicos que admiten haberse sentado con pandilleros para negociar planes sociales a cambio del cese de la violencia. En entrevistas con El Faro, Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el FMLN, y Jorge Velado, vicepresidente de ARENA, avalan explícitamente la tregua. Se abre una zona de despeje político alrededor del tema.
En su editorial, El Faro aplaude que por fin haya funcionarios, aunque sean locales, que asuman la responsabilidad sobre los resultados de negociar con las pandillas y se comprometan a convertir la tregua en politicas públicas. Pero también pide que quienes han llevado el proceso hasta hoy se aparten y lo dejen "en manos de personas con mayor compromiso democrático". En respuesta, los mediadores, las pandillas parte del gobierno cortan comunicación con El Faro y le cierran de nuevo el acceso a las cárceles.
Ahora que la tregua aterriza en los municipios y planes concretos es posible medir su viabilidad, y el resultado no es alentador. El presupuesto 2013 no incluye ninguno de los planes que el gobierno prometió a los pandilleros y a los alcaldes; la empresa privada no parece dispuesta a apostar su dinero, y los países cooperantes, los únicos que están dando fondos, quieren que el Presidente haga suya la tregua antes de dar más apoyo. ¿Cuánta paciencia tendrán las pandillas, si los empleos que pidieron tardan en llegar?
Otro acercamiento a los efectos de la tregua en el día a día de la mayoría del país, los pobres, los que para vivir cavan tumbas, los habitantes del bajomundo. Al cementerio de Quezaltepeque llegan, desde hace un año, menos cadáveres de jóvenes, pero hasta los enterradores pagan todavía renta a las pandillas.
Aunque pandilleros activos que entran y salen de la cárcel para reunirse con los mediadores. El Faro denuncia que el Gobierno no solo asentó la tregua en la falta de transparencia sino que pasa, cuando lo necesita, por encima de la ley. Otro ejemplo: aunque la ley de proscripción de pandillas sigue vigente, en los municipios libres de violencia la Policía no detiene a los pandilleros e incluso se sienta a coordinar programas sociales con ellos.
Salvador Ruano es probablemente el funcionario público que ha sido más claro al admitir que está negociando con pandilleros. Y pertenece al principal partido de oposición, la derechista Arena. También admite que según la Ley de Proscripción de Pandillas su actuación es ilegal y reta a sus detractores a tomar acciones contra él y contra todos los funcionarios que han acuerpado la tregua. Ruano sabe que bordea un camino riesgoso, donde uno de los riesgos es traspasar una delgada línea que divide lo pragmático de la legitimación de estructuras criminales.
Un periodista convive más de un mes con los vecinos, los pandilleros, el alcalde y los maestros del primer municipio libre de violencia, para poder decir que su futuro sigue siendo incierto, que la dictadura del terror construida por la MS-13 y el Barrio 18 mantiene sus profundos cimientos y lanza una sombra alargada. Un texto que más que respuestas lanza preguntas: ¿Cómo se mide el éxito de la tregua? ¿Cuánto habrá que esperar para que llegue, si llega?
Este foto reportaje muestra las escenas cotidianas de un municipio en tregua. Ilopango fue el primer territorio declarado libre de violencia y al título le siguieron escenas que antes parecerían imposibles: pandilleros rivales dialogando con padres de familia de una escuela, miembros de la MS-13 criando pollos para vivir, un alcalde con una relación fraterna con pandilleros...
Héctor Silva Ávalos, periodista, ex diplomático e investigador, enumera las dudas que el gobierno estadounidense y organismos multilaterales como el Banco Mundial aún tienen sobre la tregua. Afirma que sin más transparencia Funes y Munguía Payés no conseguirán que Washington dé fondos para los municipios libres de violencia, y vuelve a tocar un tema sensible: el del cambio de personas al frente de la tregua. El presidente le responderá el día 27 en su programa sabatino de radio, insinuando que las críticas de investigadores como Silva tienen "intereses políticos".
La comunidad internacional, confundida entre las solicitudes de apoyo financiero del gobierno de El Salvador y la ambigüedad de éste por asumir la responsabilidad en la conducción y los resultados de la tregua, presionaron al gobierno de Funes para que diera muestras claras de compromiso. La primera de esas muestras tuvo lugar en Washington en un foro organizado por el BID y el Banco Mundial. Aquella fue la primera vez que Funes actuó como vocero del proceso y la primera en la que defendió la necesidad de hacer concesiones a los pandilleros. La primera derivación práctica de sus palabras fue la inclusión de cientos de pandilleros en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, en el que se les entregan $100 mensuales y se les da capacitación laboral.
El presidente Mauricio Funes relanzó una fase del proceso de tregua que en realidad ya había sido anunciada oficialmente meses atrás: el trabajo con las municipalidades para convertirlas en municipios libres de violencia. En esta ocasión, el gobierno, en boca del presidente Funes, asumió la responsabilidad en este proceso y comprometió fondos públicos que deberían ser redirigidos para financiar, sobre todo, pequeñas empresas que serán operadas por las clicas.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estimó que el general David Munguía Payés, ministro de seguridad pública, y el general Francisco Salinas, director de la Policía, debían ser separados de sus cargos inmediatamente, debido a que –según su interpretación- la Constitución prohíbe que esos puestos sean ocupados por militares. Esta decisión alejó –al menos oficialmente- a Munguía Payés del control operativo de la tregua y de la posibilidad de alinear a las instituciones bajo su mando –policía, cárceles, viceministerio...- en función del proceso.
Desde que Munguía Payés fue separado de su cargo, las pandillas convocaron a los medios de comunicación a dos conferencias de prensa al interior de las cárceles, en solo tres días. El tema era el mismo: reafirmar públicamente que ellos seguían firmes en el proceso y que el cambio de ministro no afectaba su voluntad de seguir en tregua. En el penal de Izalco el Barrio 18 entregó 30 machetes y 50 teléfonos celulares como muestras de "buena voluntad".
En su nuevo papel de vocero de la tregua, el presidente Funes viajó a Ciudad del Vaticano, acompañado del obispo castrense, Fabio Colindres, quien junto con Raúl Mijango es mediador de la tregua. El presidente aseguró que aprovecharía el cuarto de hora que el Papa le concedió para hablarle del proceso. Funes intentaba reafirmar el compromiso que su gobierno tiene con el proceso.
El presidente Funes nombra al economista Ricardo Perdomo, hasta entonces director del Organismo de Inteligencia del Estado, como nuevo ministro de seguridad pública y en una decisión mucho más inesperada al director de Migración –sin ningún antecedente en seguridad pública- como director de la policía. En ese momento se decía que Perdomo era hombre del destituido Munguía Payés, quien controlaría el ministerio desde la sombra. El tiempo mostró a un Perdomo empeñado en desmarcarse –quizá incluso enemistarse- de Munguía e incluso desandar mucho de lo construido por el ex ministro. Perdomo mostró no ser un entusiasta de la tregua ni un simpatizante de sus protagonistas.
El Tabernáculo Bíblico es quizá la iglesia evangélica con más seguidores y con más presencia en el país. Su culto "estelar" tiene lugar a las 6 de la tarde y es transmitido en vivo por radio y televisión y presenciado por cerca de 7 mil feligreses en las butacas del templo. El pastor Edgar López, hijo del fundador de la iglesia, gestionó la comparecencia de dos de los más reconocidos líderes pandilleros: Viejo Lin (líder del Barrio 18) y Sirra (líder de la MS-13). Ambos fueron trasladados de sus penales hasta el templo, donde aparecieron por sorpresa en pleno culto para ser entrevistados por el pastor y donde incluso se permitieron pedirle a los ciudadanos que no votaran por el candidato de Arena, Norman Quijano, acusándolo de querer boicotear el proceso. Al día siguiente, la mayor parte de medios de comunicación había hecho un escándalo por el evento y la opinión pública aborreció el hecho.
Comienza una larga etapa de crisis para la tregua. Acosado por las críticas a la asistencia de Lin y El Sirra al culto del Hermano Toby Jr, Ricardo Perdomo destituye al Director de Centros Penales y acusa al exministro Munguía Payés y a los mediadores de haber creado un sistema de privilegios para los pandilleros. En los próximos días, Perdomo negará que la tregua forme parte de la estrategia del gobierno y anunciará una ofensiva policial contra las extorsiones, pese a que por meses los mediadores habían condicionado el fin de la "renta" a la creación de planes de formación y puestos de trabajo para los pandilleros.
El Departamento del Tesoro agita aún más las aguas de la tregua al señalar, con nombres y apellidos, a seis líderes salvadoreños de la Mara Salvatrucha como criminales transnacionales. Además de ser un mensaje político, la decisión tiene una implicación directa: permite el bloqueo de cualquier activo vinculado a estos pandilleros y prohíbe cualquier transacción económica ligada a ellos, en un momento en que el gobierno de El Salvador está comenzando a dar ayuda económica directa a algunos pandilleros jóvenes como parte de los planes de reinserción vinculados a los Municipios Libres de Violencia.
La renuncia de Douglas Moreno al viceministerio de Seguridad agrava la crisis del gabinete de Seguridad y deja al Gobierno y a la tregua sin su principal soporte técnico. Moreno era el encargado de formular los futuros planes de prevención y reinserción, esqueleto del denominado "proceso de pacificación" en que el Gobierno quería convertir la tregua. Ahora el proceso parece depender solo de las confusas ideas de Ricardo Perdomo, que dice querer mantener la tregua pero en un giro de 180 grados anuncia que no trabajará ya por reinsertar a los pandilleros activos con los que hasta hoy negociaba el gobierno, sino a aquellos que dejen la pandilla.
En medio de la crisis del gabinete de Seguridad, el embajador Adam Blackwell, de la OEA, pide prudencia a los funcionarios salvadoreños y a los mediadores. Afirma que ha tenido que ser "amortiguador" entre ellos para que los personalismos no dañen la tregua. "Este proceso no puede manejarse a través de los medios, como un jueguito de ping-pong", advierte en una velada crítica al ministro Ricardo Perdomo, al fiscal general y al candidato a la presidencia por Arena, Norman Quijano, que en las últimas semanas ha convertido la oposición a la tregua en su bandera de campaña.
Tres semanas después de la llegada de Ricardo Perdomo al Ministerio de Seguridad, este reportaje detalla sus tensiones con los mediadores y las reuniones secretas del presidente Funes con el exministro David Munguía Payés, con Perdomo y con los mediadores para tratar de limar asperezas entre ellos y salvar la tregua. Mientras en los despachos se libra una batalla política interna, en las calles el alto el fuego parece resquebrajarse. Un jefe de clica cuenta que sus bases quieren volver a la guerra y que, ante el lento avance de los planes sociales que el gobierno les prometió, cada vez le resulta más difícil convencerlas de que no maten.
El académico José Miguel Cruz, que estudia las pandillas salvadoreñas desde los años 90 asegura en una dura columna de opinión que la tregua es una medida coyuntural impulsada por "funcionarios públicos que no saben articular e implementar políticas públicas para resolver problemas sino para ganar votos y salvar el cuello". Afirma que igual que los planes Mano Dura empoderaron a las pandillas, "la tregua de Funes" las va a convertir en una fuerza política, con votos o sin ellos.
Tras años de presión política desde Washington es un tratado bilateral firmado en 1911 el que abre la puerta a que salvadoreños con cuentas pendientes con la justicia estadounidense puedan ser extraditados. Para decenas de líderes pandilleros con pasado criminal en Estados Unidos, esta decisión les amenaza con un castigo mayor que una cárcel salvadoreña: el alejamiento de la familia y de la pandilla en una celda de aislamiento de un penal norteamericano. Se comienza a debatir el posible impacto futuro que esta nueva situación pueda tener en la tregua.
El 3 de julio de 2013 la tregua parece rota en pedazos. En las últimas 48 horas se han cometido más de 50 asesinatos. Cuando se le piden explicaciones, el mediador Raúl Mijango incendia el debate público con unas declaraciones que abren aún más la herida de las víctimas. Acusa de las últimas muertes al ministro de Seguridad Ricardo Perdomo, por supuestamente entorpecer el trabajo de mediación, y a aquellos salvadoreños que se oponen a la tregua. Al día siguiente, el presidente se reúne con Mijango en privado, sin invitar a Perdomo. Una semana después, David Munguía Payés volverá a ser nombrado ministro de Defensa. Hay quien lo interpreta como una concesión a las pandillas.<br />
El embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, con más valentía y muchísima más claridad que cualquier otro funcionario de gobierno hasta el momento, describe la intención estratégica de la tregua y la responsabilidad del Ejecutivo sobre ella. "El traslado de los líderes de las maras de una prisión de máxima seguridad a una normal (...) es una concesión política (del gobierno) a las maras; ahí no hay dónde equivocarse", dice 16 meses después de aquel traslado. Asegura que la tregua era una medida coyuntural destinada a posibilitar el impulso de una batería políticas de seguridad que todavía no han sido puestas en marcha.
<p>Desde que El Faro reveló la existencia de un pacto entre el gobierno y las pandillas en marzo de 2012, el gobierno ha dado varios saltos argumentativos sobre lo que estaba ocurriendo: al principio simplemente no ocurría nada, salvo unos traslados carcelarios de rutina; luego era una gestión de la Iglesia Católica en la que el gobierno solo era un facilitador; luego el ministro admitió que la tregua era parte de su estrategia y luego incluso que fue fraguada por él y que la Iglesia había sido usada como fuente de legitimidad... durante todo este tiempo, tanto el presidente Funes como los encargados de seguridad pública sostuvieron un punto de honor: jamás el gobierno a través de sus funcionarios se sentó directamente a negociar con pandilleros. Esta nota prueba que el entonces viceministro de seguridad negoció con líderes pandilleros en las instalaciones del Ministerio de Seguridad. El presidente aseguró que él jamás se enteró de estas reuniones.</p>
El presidente Funes no decía la verdad cuando afirmó que la asignación de plazas PATI a pandilleros fue decisión de las alcaldías. Documentos del Viceministerio de Seguridad y funcionarios del FISDL confirman que la focalización es parte de una estrategia de reinserción en la que participa también el MOP y que es del conocimiento de otros ministros. En Ilopango, fueron los mismos pandilleros los que eligieron, en una reunión con funcionarios, a los participantes en el programa.
<p>Adam Blackwell, secretario de seguridad multidemensional de la OEA. Foto AFP</p>
En primer plano, Nelson Rauda Portillo, director general de Centros Penales. A su derecha está el ministro de Justicia y Seguridad Pública, cartera de la que depende la institución dirigida por Rauda. Foto Mauro Arias
Bus de la ruta 302 de Usulután a San Salvador donde fueron asesinadas a balazos seis personas y otros siete pasajeros resultaron heridos. Foto Fred Ramos
El padre Antonio Rodríguez, director del Servicio Pasionista, una organización que trabaja en la intervención de comunidades con presencia de pandillas en El Salvador. Foto: Archivo El Faro
Dionisio Aristides Umanzor ("El Sirra") y Carlos Mojica Lechuga ("Viejo Lyn") participan en la última conferencia de prensa ofrecida por líderes pandilleros en la penitenciaría Central (Mariona), en 2013. Foto archivo El Faro.
<p>Fotografía Filtrada de una captura a pandillero del barrio 18 fracción sureña, 7 pandilleros posan para una fotografía sobre el volcán Chinchontepec con sus M16, una carabina y una escopeta. Según información de las autoridades los uniformes que pertenecen a la PNC son originales y seguramente hurtados cuando los agentes se transportan a sus casas o de sus viviendas. Los uniformes militares a excepción de los que tienen diseños de camuflaje en forma de pixeles están desfasados y son muy fáciles de conseguir en cualquier venta de tela. Estos uniformes son utilizados para cometer crímenes y pasar como agentes de seguridad.</p>
<p>Durante un patrullaje rutinario, agentes policiales registran a Franklin Alexis del Cid, pandillero del Barrio 18 Revolucionario, en la colonia San Simón de Zacatecoluca.</p>