En el centro penal de llama en Santa Bárbara, una cárcel de máxima seguridad a la que popularmente se le llama “El Pozo”, aun se ven las secuelas de 19 enfrentamientos armados entre la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), ocurridos entre marzo y junio de 2023. “Diecinueve enfrentamientos hubo”, me dijo una de las empleadas de este centro penal. Uno de los presos aseguró que eso es una exageración, aunque admitió que los enfrentamientos entre la MS-13 y el Barrio 18 (las pandillas más grandes del país) en este penal de máxima seguridad, sí se volvieron más recurrentes en 2023. Con ellos se hacía un reclamo implícito: que separaran a las pandillas y las pusieran en prisiones exclusivas.
Ahora “todo está tranquilo”, sostuvieron varios de los internos, porque los traslados sí se hicieron. En “El Pozo” solo hay presos de la MS-13 o afines y en “La Tolva”, la segunda cárcel de máxima seguridad en el país solo hay presos del Barrio 18 o afines. Decir “afines” en este país significa una gama de opciones que va desde colaboradores no pandilleros, simpatizantes, familiares de pandilleros hasta personas que por las circunstancias les tocó estar en un territorio controlado por una u otra pandilla. Al final, son las autoridades y el azar lo que casi siempre hace a alguien “afín” a una u otra pandilla, una circunstancia que queda como marca de agua en la vida de las personas.
Algo parecido sucedió en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el lugar en el que la gota derramó el vaso. Después de la tragedia en la que murieron 46 presas en junio de 2023, ese centro penal alberga solo a mujeres pertenecientes o colaboradoras de la pandilla 18 y a mujeres que han cometido otros delitos pero que conviven sin conflicto con esa pandilla. Antes no fue así antes.
En el centro de PNFAS se erige un monumento a la desgracia. Las paredes lucen ensombrecidas por el incendio. El techo está hecho añicos. El suelo está rodeado de una malla de metal impenetrable que aun abandonada, sigue resguardada por una policía armada. En ese lugar fueron masacradas 46 presas colaboradoras de la Mara Salvatrucha quienes pagaban pena de prisión por vender drogas. Las asesinas fueron pandilleras del Barrio 18 que habían sido sentenciadas por sicariato y asociación ilícita.
Como la sociedad que las gesta, las pandillas son espacios machistas, pero en el caso de la pandilla Barrio 18 hay un patrón: el nivel de responsabilidades que le otorgan a las mujeres. De hecho, en ese sentido, muchas pandilleras fueron conocidas por la prensa hondureña como “las diablas”, mujeres sicarias, asesinas, porque podían empuñar un arma en nombre de “la 18” y matar.
En el caso de las mareras de la MS-13 es normal que éstas fueran conocidas más como administradoras de los bienes de la mara o vendedoras de drogas, porque la pandilla ha crecido en sus negocios con el narcotráfico y ha ido dejando de lado la extorsión y el sicariato. A pesar de que las mujeres viven en condiciones desiguales y machistas dentro de la pandilla, hay algo que no se cuestiona: su identidad y su lealtad hacia ella. Es por eso que no pasa un día en un barrio controlado por dos pandillas sin que se enfrenten violentamente y gane la más fuerte; de igual manera, siguiendo esta misma lógica, un centro penal no puede albergar a pandilleras y mareras sin que las más fuertes masacren a las más débiles.
Nadie se esperaba que en PNFAS sucediera la masacre de 46 mujeres a pesar de que en Honduras las tragedias carcelarias han sido recurrentes en los últimos años, sobre todo cuando los gobiernos han exhibido mano dura, máxima criminalización y represión militar contra el crimen. Fue un macabro espectáculo más en un país catalogado como narcoestado, en donde los conflictos sociales y ambientales se han cobrado la vida de cientos de defensores, el conflicto agrario sigue generando asesinatos múltiples; las muertes violentas de mujeres aumentan cada año y en donde hay más guardias de seguridad privada armados que policías civiles. Es un deja vú cada vez que se cambia de gobierno, solo que en esta ocasión esto podría tener una cara amable con el auge de las redes sociales y la popularidad del presidente vecino, Nayib Bukele, que parece venderle su modelo a Centroamérica, a todo el mundo.
Antes de irse extraditado, el expresidente Juan Orlando Hernández - ahora se enfrenta a un juicio en Estados Unidos acusado de narcotráfico- pagó a un lobby en Washington para que se crearan estrategias para mitigar el peligro que significaba la intención expansionista de Bukele en Centroamérica. Le preocupaba el significativo aumento de efectivos del Ejército salvadoreño. Desde la perspectiva de Honduras — con una historia de enfrentamientos armados entre los dos países — El Salvador no debería tener una fuerza militar más numerosa, pues es éste un país tan pequeño que tiene el tamaño de Olancho, uno de los 18 departamentos de Honduras. Las otras preocupaciones tenían que ver con las declaraciones de Bukele sobre su intención de liderar la unificación centroamericana y retomar el control de la Isla Conejo en el pacífico centroamericano, una diminuta porción de tierra en disputa histórica. Intenciones inaceptables en el país de Francisco Morazán.
El lobby de Hernández terminó un día antes de que la presidenta Xiomara Castro tomara posesión, y nadie habló más del tema. La gente en Honduras, sin embargo, esperaba con ansias que Bukele llegara a la toma de posesión de la presidenta electa, pues más allá de los celos de Hernández, Bukele tiene mucha popularidad en Honduras. Durante la pandemia, varios alcaldes fueron a visitarlo pidiendo donaciones de vacunas que en efecto Bukele entregó con gran despliegue mediático.
Copiemos el modelo Bukele
Hubo muchas señales. En junio de 2022, la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, dijo públicamente que el gobierno de Castro estaba viendo la posibilidad de adaptar el plan de control territorial de Nayib Bukele, el mismo que hasta ahora ha apresado alrededor de 70 mil salvadoreños sin seguir el debido proceso judicial en medio de un estado de excepción que ya lleva prolongándose por un año y siete meses. Con esto, Bukele hace alarde de haber replegado casi en su totalidad a las pandillas y bajado los homicidios a niveles nunca antes vistos en el país.
Esto lo ha convertido en un presidente que gobierna con mano dura, restringiendo libertades y violando derechos humanos, algo que los salvadoreños aceptan porque ha sido necesario renunciar a las libertades democráticas para tener seguridad, uno de los problemas más grandes que ha enfrentado esa población por mucho tiempo.
Sin embargo, en Honduras es justamente popularidad lo que la presidenta Castro necesita. Durante las elecciones de noviembre de 2021 — que fueron las más votadas de la historia reciente en este país — la gente votó más en contra de Juan Orlando Hernández que a favor del socialismo que prometía Xiomara Castro. Luego de tomar posesión y presentarse ante la población como una presidenta que más parece la sombra de su asesor y esposo, Manuel Zelaya Rosales, expresidente del país, y cuyos hijos se presentan como personajes importantes de su gobierno, la popularidad de Castro ha caído un poco más cada mes. La maquinaria publicitaria de Bukele, tan exitosa, es algo que el gobierno de los Zelaya-Castro busca desesperadamente.
Así, a pesar de sus primeras acciones cumpliendo la promesa de desmilitarizar la seguridad pública, la presidenta siguió la moda: el populismo punitivo. Y hacia ese estilo de gobernar dio los primeros pasos. Las presiones de las pandillas en las calles se manifestaban en la quema de autobuses y el asesinato de taxistas y conductores de transporte público. Pero también le estallaba la violencia sobre todo en el área rural con masacres por conflictos de tierra y el aumento de muertes violentas de mujeres.
En diciembre de 2022 se decretó el estado de excepción con la Policía Nacional al mando del ministro de seguridad, Ramón Sabillón, el primer policía en obtener ese cargo. Pero los planes de mostrar a una policía más decente fueron interrumpidos en junio de 2023 por la masacre más grande ocurrida en la cárcel de mujeres del país, aunque eso es mucho decir en un país en donde incendios, masacres y enfrentamientos han cobrado la vida de alrededor de 700 privados de libertad en 10 tragedias carcelarias. Sabillón fue destituido inmediatamente después de este hecho y la presidenta Castro ordenó la militarización del sistema penitenciario.
Apenas 17 días antes de la masacre de mujeres y mientras la viceministra de seguridad aseguraba que era una posibilidad copiar el plan de Bukele contra las pandillas, Héctor Manuel Zelaya Castro, secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, se reunió con Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador, quien ha sido señalado por medios de comunicación de su país y por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las negociaciones entre el Gobierno salvadoreño y las pandillas. Los acuerdos de esa reunión no fueron públicos ya que Héctor no se considera un funcionario de la Casa Presidencial, según él es solo el secretario privado de la presidenta y por lo tanto sus reuniones no son de carácter público.
Los “buenos hondureños no deberían temer”
El estado de excepción se implementó en Honduras con la letanía del entonces director de la policía, y ahora ministro de seguridad, general Gustavo Sánchez; “solo los malos hondureños deberían estar preocupados”.
El estado de excepción ha capturado masivamente, no ha encarcelado tanto y las judicializaciones son mínimas. Varias autoridades del sistema penitenciario me confirmaron que la ocupación carcelaria no ha aumentado a pesar del estado de excepción y tampoco ha disminuido porque el sistema de justicia va lento con los procesos de preliberación de centenares de presos que ya sea por cumplimiento de mayoría de condena, buen comportamiento, enfermedad o edad, podrían obtener ese beneficio.
Pero en la cárcel de mujeres en Támara cuentan las privadas de libertad que varias mujeres son capturadas por extorsión y las llevan esposadas de pies y manos a una breve estadía de 6 días en la cárcel. Después salen. Rihanna Ferrera, una activista en defensa de las personas privadas de libertad LGTBIQ en Honduras, me contó que una de las constantes denuncias que recibe su organización es la de las detenciones injustificadas que luego se convierten en procesos administrativos en los que los detenidos pagan una multa al Estado y además deben pagar abogados, “están haciendo negocio con el estado de excepción”, me dijo.
Rihanna ha sido víctima de estigmatización y acoso en redes sociales por denunciar torturas y violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario cometidas por la policía y los militares. Ella fue una de las primeras personas que denunció que una masacre en PNFAS estaba por ocurrir y que era importante poner atención a las advertencias para poder prevenirla. Nadie la escuchó.
Cuando le pregunté al comandante de la Policía Militar del Orden Público y director del sistema penitenciario tras la intervención militar, Ramiro Fernando Muñoz, porqué han señalado a las organizaciones de derechos humanos como cómplices de las pandillas y les han negado seguir trabajando en el sistema penitenciario, me dijo que él tiene pruebas de cómo las organizaciones de derechos humanos se comunican con los líderes de las pandillas y trabajan juntos. Él ha sido de los funcionarios que más fervientemente insisten en que “los hondureños buenos no deben temer a la intervención o al estado de excepción”.
Defensores de derechos humanos y periodistas que reportan lo que sucede en el país también son señalados y amenazados. La Oficina Nacional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, descubrió en su último diagnóstico de país que en lo que va del 2023 han ocurrido en Honduras 372 casos de amenazas, criminalización y asesinatos de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. De estos, 105 de las víctimas eran periodistas. Del total de incidentes reportados, 15 fueron asesinatos de activistas y uno de periodistas. Frente a todo esto, es común el silencio y la falta de organización para la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información y la defensa de los derechos humanos, más aún cuando se trata de los derechos de los privados de libertad en un país con la seguridad pública militarizada y bajo un estado de excepción.
En esas circunstancias el acceso a la información no es tarea simple. Para entrar a las cárceles como reportera tuve que hacer varias peticiones al comandante Muñoz, el director de la Policía Militar que creó el expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora controla desde cómo los medios pueden cubrir la información sobre las cárceles y todo lo que tiene que ver con el estado de excepción y la lucha contra el crimen organizado. Su poder también viene con recursos ya que el presupuesto asignado a los militares para 2023 es de 11,162 millones de lempiras para 2023, casi tres mil millones de lempiras más que el último presupuesto que Juan Orlando Hernández le otorgó a los militares. De ese presupuesto, mil millones son específicamente para la intervención militar en el estado de excepción y las cárceles. “El dinero alcanza cuando nadie roba”, dice Muñoz en una frase popular del presidente salvadoreño Bukele que ha resonado por Honduras.
A pesar del despliegue militar, policial y mediático y todos los recursos que ha tenido el estado de excepción, en la calle la gente dice que no ve un gran impacto y que ojalá el estado de excepción fuera como el de Bukele.
Es mejor no salir de prisión
En la cárcel de PNFAS, donde ahora gobiernan los militares y la pandilla 18, una “peseta” (pandillera retirada) me cuenta que tiene miedo a salir, le falta poco para obtener la libertad condicional, pero me asegura que nomás poner un pie afuera, la matan. Todo el sector aledaño al centro penal es controlado por la Pandilla 18, incluso cuando las sobrevivientes de la masacre pertenecientes a la MS-13 seguían en PNFAS, temieron día y noche que desde afuera las llegaran a matar.
Esta mujer, “peseta” de la 18, ha sobrevivido a dos ataques de sus compañeras en PNFAS. En el primero la apuñalaron por ser considerada traidora por su pandilla y la trasladaron a donde estaba la población común, como ellos llaman a las presas que no están asociadas a las pandillas. Luego mujeres de su anterior pandilla fueron por ella la mañana del 20 de junio, cuando masacraron a 46 pandilleras de la MS-13. Allí, esta mujer corrió y se saltó un muro; al caer se rompió el tobillo y ahora anda con varios tornillos y se sostiene con un bastón al caminar.
No entiendo por qué a ella no la dejan salirse de la pandilla, conocemos muchas experiencias de “pesetas” hombres que dejaron la pandilla con la condición de entregar su vida a Dios y así han podido vivir. ¿Por qué no pasó eso con ella quien asegura que ha aceptado a Cristo? Ella me dice que las mujeres no pueden salir porque al estar afuera son más débiles para hablar, pueden contar todo lo que hicieron en la pandilla y cómo funciona, y por eso entonces las matan. A esta mujer — que está en un limbo porque no puede estar con las MS-13 en el centro penal al que las han trasladado ahora y tampoco puede estar en PNFAS bajo el control del Barrio 18— le parece que podrían trasladarla a un centro penal en algún pueblo rural y así, cuando le toque su preliberación, nadie se de cuenta y podrá esconderse para que no la maten. Varias mujeres escuchan lo que dice y una reacciona diciendo que ella preferiría no salir, en la calle no hay nada para ellas más que la muerte.
Y es que en Honduras, en lo que va del año según cifras del Centro de Derechos de Mujeres hasta el 30 de septiembre, 317 mujeres han sido asesinadas, y en los 32 homicidios múltiples o masacres ocurridos hasta el 31 de agosto de este año han perdido la vida 170 personas, de las cuales 70 han sido mujeres y 4 no se tiene información sobre su género.
En “El Pozo”, las MS-13 me dicen que esperan que la intervención militar no acabe para que no las manden de regreso a PNFAS donde las esperan las mujeres del Barrio 18 para culminar su misión de exterminarlas. También sueñan con salir, aunque aceptan que allá afuera no les espera un buen país, es probable —me dicen varias— que al salir la única oportunidad de empleo que tengan sea la que ofrece la mara: vender drogas. Varias de ellas cuentan que a las mujeres con antecedentes penales no les dan trabajo y a las mujeres que fueron condenadas por extorsión, incluso tras cumplir su condena, quedan con la restricción de no entrar a pulperías (tiendas de conveniencia o tiendas comunitarias), por el estigma de que ellas portan el riesgo de volver a extorsionar.
“Hubo compañeras que ya iban a salir en libertad y las mataron, hay otras que las matan afuera, el país no tiene oportunidades”, dice una de las sobrevivientes de la masacre.
- ¿Qué país les espera al salir? Pregunto a ocho mujeres que hicieron círculo a mi alrededor para hablar.
- Estados Unidos. Me responden al unísono.