El tabasqueño se dirigió a sus seguidores cerca de la medianoche de ese 1 de julio, después de ganar las elecciones presidenciales con una ventaja de 30 puntos. “Y al fin se pudo”, tituló de ocho en la primera página del periódico mexicano Reforma. “La fiesta del triunfo hermanó generaciones”, remataba el diario mexicano La Jornada. Esos titulares eran reflejo del ambiente general de aquella noche.

Las decenas de miles de personas que participaron en el mitin de la victoria de AMLO en el Zócalo escucharon un discurso que cumplió con todas las expectativas:

“La transformación que llevaremos a cabo consistirá (…) en desterrar la corrupción (…) Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente (…) permitirá la corrupción ni la impunidad (…) Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados (…) Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia (…) atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia (…) la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia (…) No les fallaré porque mantengo ideales y principios”.

Terminado el discurso, empezó una fiesta que era todo lo contrario a la de las elecciones de 2006 y 2012: nadie objetaba el resultado ni sentía la necesidad de protestar. Miles de mexicanos se quedaron en las calles para celebrar el triunfo de su nuevo presidente AMLO.

A la casa de López Obrador, por el contrario, solo llegaron a festejar dos docenas de personas, entre ellas los propietarios de las tres principales televisoras del país -Televisa, Televisión Azteca y Grupo Imagen-  que en poco tiempo pasaron de ser acusados por el candidato AMLO de ser “voceros de la oligarquía que manda y decide en el país” a ser los nuevos e inesperados aliados del gobierno del presidente electo. Según documentó en su crónica de aquella cena la periodista Martha Anaya, “brindaron con whisky y a cada uno de ellos agradeció Andrés Manuel su apoyo”. Hoy, cinco años y más de mil 100 conferencias de prensa después, poco queda ya de aquellas promesas.

“Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos”

Al presidente AMLO le gusta repetir que “el poder es humildad”. Sabiéndolo, dice que se siente obligado a disculparse, porque no puede evitar enseñar cada semana cómo anda en popularidad. “Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles -aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos- que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto (de 2023) los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana”, tuiteó este 20 de septiembre. 

Al menos una vez al mes, en sus conferencias de prensa “mañaneras” con las que despierta cada mañana a su país, también se vanagloria de una encuesta de la empresa Morning Consult que lo sitúa en segundo lugar entre los líderes más aprobados en el mundo, solo debajo de Narenda Mondi, de la India. “López Obrador cumple cinco años de estar entre los mejores gobernantes del mundo”, dicen los tuits de las cuentas oficiales.

López Obrador tiene más de 10 millones de seguidores en Facebook y otros tantos en X (ex Twitter), cuatro millones en YouTube y 1.3 millones en Instagram, que le permiten cientos de miles de reproducciones a sus conferencias mañaneras. AMLO ronda el 65 % de aceptación entre sus conciudadanos, como reportan todas las encuestas que concentra oraculus.mx., una muestra de que su nivel de popularidad es notable.

No son números inusuales en México. En su penúltimo año de mandato, el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) tenía esos mismos números. Otro expresidente mexicano, Vicente Fox (2000-2006) andaba en un 56 % de aceptación; Felipe Calderón (2006-2012), estaba en 58 % y el único reprobado era el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) con 23 %.

AMLO es un presidente muy querido. Eso sí, el respaldo popular a López Obrador no se demuestra plenamente solo con estos números ya que el apoyo más importante del presidente es el de aquellos miles de mexicanos que están dispuestos a salir a la calle a defenderlo y eso es mera aprobación. Su popularidad se sostiene también en el respaldo popular que tienen los programas sociales que desarrolla el gobierno de AMLO y que llegan a más de 25 millones de personas que, como han mostrado las encuestas, le agradecen directamente al presidente por esas ayudas.

 

 

“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación”

López Obrador no admite puntos medios. Es querido, pero también odiado. Hoy la polarización es la marca en el debate público. Su choque cotidiano con quien se atreva a disentir ha dado frutos: la polarización domina el debate público mexicano.

Alejandro Moreno, autor de las encuestas del periódico El Financiero, escribe: “En una escala de posturas hacia la 4T que se incluyó en la encuesta nacional de marzo de este año, 31% se ubicó en el punto 10 (completamente a favor) y 23% en el punto 1 (completamente en contra), sumando una mayoría de 54% en los extremos, mientras que las posiciones moderadas (5 y 6) arrojan 18 por ciento”. Lejos, la prometida reconciliación; el convocar “a todos” de AMLO quedó solo en reuniones con los más fieles.

Además, AMLO ha preferido alejarse de aquellos aliados con los que llegó al poder: feministas, organizaciones de la sociedad civil, científicos, universitarios, artistas e intelectuales. Hoy todos son sus adversarios, incluidos una gran parte de los medios.

No se ha reunido una sola vez con organizaciones de familiares de desaparecidos, que ya suman 110 mil. Ha excluido a gobernadores de oposición de reuniones convocadas para definir políticas públicas sobre seguridad y violencia. Ha negado la interlocución a organismos nacionales o internacionales de Derechos Humanos; blindó el Palacio Nacional contra las protestas feministas y llamó a las organizaciones de la sociedad civil “instrumento de los conservadores”.

Resolver el caso Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos, emblemático y una de sus banderas -se sabrá la verdad, prometió siempre AMLO-, quedó en una mera ilusión. En sus discursos siempre insistió que tenía la voluntad de resolverlo, pero en los hechos permitió que su ocultara la participación del Ejército, su mejor y gran aliado del sexenio, y rompió con organismos internacionales y organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos.

Sobre los familiares, dijo a fines de septiembre de 2023: “Tenemos diferencias, ellos insisten en que el ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”.

 

Pero entre sus grandes enemigos, los medios de comunicación que se muestran críticos con sus decisiones y políticas se han convertido en su villano favorito. El 1 de julio de 2018 les reconoció “su ejemplar” pluralidad y profesionalismo. “No fueron, como en otras ocasiones, correas de transmisión para la guerra sucia”, afirmó.  La tregua duró un suspiro. Hoy el periodismo de investigación y los espacios de opinión crítica son sus blancos predilectos, aun cuando una alianza de televisoras y medios impresos afectos a AMLO permite que se reproduzcan siempre sin mayor contexto sus declaraciones. Y cada golpe, lo resiente la credibilidad en el periodismo mexicano. En estos años, esta credibilidad ha bajado de 49% a 36 % en este sexenio, según los informes del Instituto Reuters.

AMLO ha promovido y financiado una estrategia de comunicación basada en la propaganda y la mentira: prometió que el Tren Maya no derribaría un solo árbol, pero van casi 4 millones abatidos. Ofreció un sistema de salud como Dinamarca, pero pasamos de 20 a 50 millones de personas sin acceso a servicios de salud y 800 mil muertos en pandemia. AMLO jura que no hay impunidad, mientras 95 % de los delitos quedan sin consecuencias. Los medios públicos encabezan campañas con datos falsos o ataques directos a opositores, respaldados por falsos medios alternativos financiados para organizar linchamientos personales y profesionales en las redes sociales. Su gobierno es “el más transparente”, pero tiene récord en temas reservados, como el Tren Maya, el aeropuerto San Lucía, los contratos para la compra de vacunas y los operativos de seguridad entre otros.

“Siempre nos conduciremos por la vía legal”

El presidente López Obrador ha construido infraestructura como pocos. Sus obras consentidas y que supervisa personalmente están en el sur y el sureste del país, donde se concentra los mayores grados de pobreza: Tren Maya, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Tulum. Elegir esa región ha permitido que el ritmo del crecimiento económico del Sur pobre sea mayor al del Norte de México, tradicionalmente más rico. Este dato se usa en la primera línea de defensa de este gobierno. Es justicia social, antes que nada. “Ya le tocaba al sur”. Y sí, ese es un acierto difícil de obviar.

Pero no puede quedar ahí ese asunto. Las obras se hicieron, sin excepción, pasando por encima de todos los ordenamientos legales. Por ley, debía tenerse claro cuál sería el impacto económico, social y ecológico de cada una de estas obras, pero no se hizo. Solo importó la opinión del presidente: son buenas ideas, ayudarán a la región y deben terminarse antes de que acabe el sexenio. Así, sin necesidad de probar su dicho. Por eso mismo no podemos saber con certeza cuánto turismo será atraído por el Tren Maya, si las comunidades indígenas perderán o no tierras; si terminarán como empleados en los nuevos hoteles que se instalen; si habrá una derrama económica que haga valer la

inversión o si el impacto ambiental será o no demasiado costoso.  No hubo amparo que detuviera las obras de AMLO.

Por si todo lo anterior fuera poco, el presidente clasificó esas obras como de “seguridad nacional” para no rendir cuentas ni transparentar contratos y montos y particularmente sobrecostos. Solo la refinería de Dos Bocas empezó en US$8 mil millones y ya va en US$18 mil, sin que haya refinado un solo barril. ¿Pero cómo rendir cuentas de estas y otras obras cuando en este sexenio, según ha documentado la organización Mexicanos contra la corrupción, ocho de cada diez contratos han sido entregados por adjudicaciones directas a empresas, muchas de ellas recién constituidas o que ni siquiera cuentan con experiencia en el ramo? Hablamos de unos US$8 mil millones en contratos, solo hasta 2021. La ley mexicana obliga a que al menos tres empresas compitan, que haya bases públicas, contratos revisables. El presidente AMLO ordenó lo contrario.

 

“Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia”

El 19 de julio de 2019, AMLO declaró al periódico La Jornada que si por él fuera “desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional”. Pero hoy, en realidad, Ejército y Marina tienen más poder y dinero que nunca. El Proyecto de Presupuesto Público para 2024 reporta un incremento de 180 % en los recursos sumados de Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este sexenio. Las tres dependencias sostienen la estrategia de seguridad y aportan el 80 % de los elementos de la Guardia Nacional (GN). Casi 90 mil militares han sido convertidos en policías.

No es una sorpresa. En el Plan Alternativo de Nación de 2018, López Obrador dejó por escrito su propuesta de una guardia integrada por soldados y marinos. Pero niega que sea militarización; se trata de “ciudadanizar” o “policializar” a militares. Pero los datos dicen otra cosa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional dirigen la comandancia de la GN y nueve de cada 10 coordinaciones estatales, además de depender del titular de la Defensa y tener entrenamiento militar. Casi la mitad de las personas detenidas por el Ejército han padecido algún tipo de violencia y los casos documentados de asesinatos o desapariciones forzadas se repiten, como en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde en febrero pasado cinco jóvenes fueron ejecutados por la GN y cuatro meses después, un video mostró a soldados ejecutando a cinco presuntos delincuentes.

Alejandro Hope, experto en seguridad recién fallecido, revisó en agosto de 2022 para El Universal los propios informes de la GN. “En 2021 detuvieron a 8.258 personas ¿Eso es mucho o poco? Algunos datos que facilitan el contexto: en 2018, la Policía Federal detuvo a 21.702 personas, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019. En 2020, los policías estatales detuvieron a 200.722 personas”. La GN también presumió en sus informes que 14 personas habían sido detenidas “derivado de los trabajos de inteligencia”, 50 más por “delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita” y puso a disposición de un ministerio público a seis personas por el delito de “homicidio doloso”. Esto, en un país con más de 30 mil homicidios al año.

En la investigación “Prisión preventiva, el arma que encarcela pobres e inocentes”, Animal Político documentó que en 21 de las 32 entidades del país se habían encarcelado, en el gobierno de AMLO, a 130 mil personas sin juicio. Sólo en Ciudad de México, en 2020, el 100 % de las personas encarceladas no habían pasado por un juicio ni recibido sentencia. Esto gracias a la reforma legal promovida por el presidente que amplió el catálogo de delitos que reciben prisión preventiva, como robo o narcomenudeo, y que dejó un saldo de 300 personas encarceladas cada día.

Si bien es cierto que la intervención militar en seguridad pública en México no empezó con este gobierno, los resultados no son mejores. El reporte de Human Rights Watch de 2022 cita a Tyler Mattiace, investigador en México: “Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”.

En septiembre de 2022, en una de sus conferencias matutinas, un reportero le preguntó al presidente López Obrador por qué no había cumplido su promesa de regresar al Ejército a los cuarteles a los seis meses de iniciado su sexenio. ‘Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron’”.

 

 

“La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”

Río Doce, una revista del estado de Sinaloa, documentó en junio de 2021 que el crimen

organizado había votado en la elección para gobernador. Días antes de los comicios, el cártel de Sinaloa secuestró a los operadores electorales del PRI, principal oposición en el estado al partido del presidente. Eran los responsables de que nadie faltara a votar de sus candidatos, pero los encerraron en casas de seguridad, les quitaron el dinero, teléfonos y computadoras. El PRI perdió por más de 23 puntos. Fueron liberados al día siguiente de la votación. Ninguna víctima presentó denuncia. Algo similar ocurrió en Sonora, Baja California, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, que tuvieron elecciones el mismo día.

Una ola de intervención como no había sucedido antes. Está documentado que han crecido los territorios donde prevalece el control del crimen organizado. La Familia Michoacana, por ejemplo, controla cada negocio legal o ilegal y extorsiona a cada comerciante o productor de la Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Su injerencia en elecciones municipales data de hace 10 años.

Deciden quiénes son los alcaldes y sus secretarios. Algo similar sucede en medio país. 

La producción y tráfico de drogas dejaron de ser el único negocio en estas regiones. Cada grupo explora la extorsión o el secuestro, pero también la venta de gasolina o de refrescos, reparte lugares en los mercados, controla los cuerpos policiacos locales, corrompe militares y guardia nacional, designa funcionarios municipales de obras y servicios, compra y usa armas largas. Un “Estado” paralelo al que tributar y obedecer, como nunca antes en medio país.

 

“Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en la vida”

Cierto, nadie puede llamarse a engaño con la estrategia de seguridad. Pero no era esperable este grado de militarización. Como escribió el periodista Carlos Puig en Milenio, “era inimaginable, no había cómo saberlo, que el presidente pondría tanto de su sexenio, de sus ideas, de sus obras, de sus proyectos y su operación en manos del Ejército mexicano; pero menos imaginamos que será esa relación, la del presidente y los militares, la marca de su sexenio”.

Las fuerzas armadas tienen bajo su control más de 50 actividades: además de la seguridad pública, son ingenieros y constructores de trenes, aeropuertos, sedes del Banco del Bienestar u hospitales públicos; administradores de una línea aérea y de aduanas; operadores de ferrocarriles y puertos mercantes; repartidores de vacunas para covid o de libros de texto gratuito; médicos. El Ejército controla y opera programas sociales como Sembrando Vida, vigila las fronteras, “contiene” -detiene y deporta- migrantes.

Pero también el Ejército espía, sin atribuciones legales. Vigilan organizaciones sociales e intervienen comunicaciones de periodistas y defensores de Derechos Humanos, aun cuando el presidente asegura que él no ha dado permiso. También fueron los secretarios de la Defensa y Marina quienes acompañaron al presidente a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas de Cali, Colombia, que se celebró en los primeros días de septiembre pasado.

 

“No les fallaré porque mantengo ideales y principios”

No son pocos los grupos que se sienten viviendo en Venezuela. Es ese 23 % que, según El Financiero, odia al presidente. Pero incluso ellos tendrían que reconocer que los peores pronósticos sobre una crisis económica no ocurrieron ni el presidente cayó en alguna tentación para prolongar su mandato.

El porcentaje de la población en situación de pobreza pasó del 41.9 % al 36.3 % y los salarios mínimos crecieron, avances pocas veces registrados. Doce millones de personas adultas mayores reciben pensión y otros tantos millones diversos programas sociales, incluidos estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad.

Pero sobre estos resultados pesa el boicot a las instituciones autónomas, creadas en años recientes como contrapeso del gobierno en turno, particularmente las dedicadas a transparencia. También la campaña contra los organismos electorales, enemigo público número uno. Si en 2006 AMLO denunció la intervención de Fox en las elecciones, hoy ataca a la aspirante de la oposición e invierte recursos públicos y espacios en medios para empujar a su candidata Claudia Sheinbaum. Nos acercamos a una elección de Estado, con el presidente al frente de la campaña electoral.

Algo similar ocurre con la promesa de erradicar la corrupción, que sigue enquistada en el sistema. No acabaron los privilegios, pero son nuevos los privilegiados. Los empresarios más ricos del país no padecieron ninguna reforma fiscal y han sido invitados regulares a Palacio Nacional. Y no es infrecuente que nuevos ricos sean también familiares de funcionarios, amigos de sus hijos o políticos del primer círculo.

Quizá por eso, AMLO suma cariño y crítica dura a su gestión: al 57 % de aprobación presidencial en agosto de 2023 se contrapone el 25 % de aprobación al manejo de la seguridad, 39 % de combate a la corrupción y 34 % en economía. Números lejanos a una evaluación como un buen presidente de México.

(*) Daniel Moreno es director del diario digital de México Animal Político