La otra violencia que azota El Salvador

La otra violencia que azota El Salvador

El 26 de marzo de 2022, después de una violenta jornada que dejó 87 salvadoreños muertos por la ruptura de negociaciones secretas entre el gobierno y la MS-13 -una de las principales pandillas de El Salvador-, el presidente Nayib Bukele convocó de urgencia a la Asamblea Legislativa. Su único objetivo: aprobar un régimen de excepción que suspendió de inmediato garantías constitucionales como el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la defensa o la privacidad de las comunicaciones, y que dio carta blanca a las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil para detener a cualquier persona que consideraran sospechosa, incluso sin pruebas de su pertenencia a alguna pandilla. Adicionalmente, Bukele ordenó construir la que llamó “la prisión más grande de América”.

Jueves, 30 de octubre de 2023
Carlos Barrera

Un año y siete meses después, todas las limitaciones del régimen de excepción siguen vigentes salvo la referente al derecho de asociación, y la política represiva del gobierno ha encarcelado a más de 75.000 personas. Todas fueron detenidas y enviadas a prisión bajo sospecha de pertenencia a un grupo criminal, y sometidas a audiencias judiciales exprés. Miles  fueron liberadas en silencio después de más de un año de cárcel, por falta de evidencia en su contra. Lo más grave: se han registrado más de un centenar de muertes de personas presas con signos evidentes de tortura. Ya en mayo pasado la organización de Derechos Humanos Cristosal confirmó 154 muertos de forma violenta en la gran cárcel que hizo levantar Bukele. En la mayoría de casos, los decesos han sido catalogados por el Instituto de Medicina Legal de El Salvador como muertes naturales a causa de edemas pulmonares.  

 

 

 

Es posible que la cifra real sea mucho mayor. Se han detectado inhumaciones en fosas comunes, en las que presos han sido enterrados bajo “identidad desconocida”. Muchas de esas muertes no fueron informadas a los familiares. A Cristosal se han sumado las más importantes organizaciones de derechos humanos internacionales para denunciar que los ciudadanos detenidos arbitrariamente en El Salvador son víctimas de tratos inhumanos, tortura y enfermedades al interior de las cárceles.

 

 

 

Quienes tras pasar por las cárceles del régimen han recuperado su libertad, viven bajo el temor de ser capturadas nuevamente. Lo revelan testimonios recogidos por El Faro. Una de las víctimas relató que, tras haber sido capturado por primera vez y salir en libertad, la Policía regresó a su casa para llevarlo de nuevo a una prisión que los sobrevivientes describen como una pesadilla. Cada persona que aparece en estas imágenes vivió en carne propia vejaciones por parte delos custodios. Hay quienes vieron a mujeres embarazadas colgadas de las manos hasta perder el conocimiento; cómo los prisioneros se comían las migajas que caían al piso debido a la falta de comida; quienes recibieron golpes en todo el cuerpo y padecieron enfermedades sin recibir un solo medicamento. Todos pasaron meses, inocentes, esperando que mencionaran su nombre para por fin poder salir a la vida. 

 

 

Es posible que la cifra real sea mucho mayor. Se han detectado inhumaciones en fosas comunes, en las que presos han sido enterrados bajo “identidad desconocida”. Muchas de esas muertes no fueron informadas a los familiares. A Cristosal se han sumado las más importantes organizaciones de derechos humanos internacionales para denunciar que los ciudadanos detenidos arbitrariamente en El Salvador son víctimas de tratos inhumanos, tortura y enfermedades al interior de las cárceles.