Democracia y derechos humanos son conceptos fuertemente vinculados: no es posible concebir la democracia sin el ejercicio de los derechos humanos y no hay garantías de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos sin libertades democráticas. Es por ello que una  preocupación principal es el debilitamiento del Estado de Derecho y los retrocesos democráticos que estamos viendo en muchos países de la región.

Adam Przeworski[1]  afirma que las amenazas actuales a la democracia no son sólo políticas sino que también se refieren a las condiciones económicas, sociales y culturales. Plantea que “la principal amenaza a las democracias hoy existentes es la erosión gradual, casi imperceptible, de las instituciones y de las normas vigentes. Se trata de una subversión sigilosa, mediante el uso de los mecanismos legales existentes en regímenes democráticos, para fines totalmente antidemocráticos”[2].

¿Cuáles son las alarmas que advierten si una democracia está en crisis? El politólogo menciona una serie de alertas, entre ellas: los sentimientos “anti-sistema” y “anti-élite”; la disminución en la participación electoral; la desconfianza en los políticos y los partidos; la falta de apoyo para la democracia como sistema de gobierno.

 

En la economía hay una combinación de menores tasas de crecimiento, estancamiento de los bajos ingresos y la movilidad, junto a un aumento de la desigualdad. Menciona también el auge identitario, con racismo y multiculturalismo exacerbados, con la consecuente división y polarización de la sociedad en grupos distintos, de posturas irreconciliables. No hay margen para determinar una verdad compartida; las ideas de los demás son descartadas como falsas. Existe un mundo de posverdad donde los hechos objetivos y verificables tienen menos impacto que las creencias personales. A medida que aumentan las divisiones políticas y la polarización, es más probable que la gente rechace el diálogo y estime legítimo atacar al otro[3].

Es el panorama que estamos viendo en nuestra región, con mayor o menos intensidad. La debilidad democrática ya no es  resultado de intervenciones violentas, guerras civiles o golpes militares.

¿Dónde está el umbral entre una democracia y una no democracia? Pareciera que, para América Latina, para sus lideres, su élite, no fuera nítido dónde está́ ese límite[4]. Como señala el último informe de Latinobarómetro, “La gran diferencia con la ola de recesión democrática de los años sesenta del siglo XX es que no hay militares, esta vez todos los dictadores son primero civiles elegidos en comicios libres y competitivos, que luego se quedan en el poder cambiando las reglas y haciendo seudo elecciones para mantener la categoría de “democracia”. Ya no  usan armas ni militares, asumen la presidencia. Son electo-dictaduras civiles”. [5]

Según varios estudios, el porcentaje de personas que consideran esencial vivir en democracia se ha desplomado, y esto es especialmente cierto entre las generaciones más jóvenes. Crece el apoyo a las alternativas autocráticas. El Informe de Latinobarómetro sostiene que solo el 48 % apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63 % de 2010[6]. La demanda en América Latina por un gobierno militar ha crecido en el tiempo, desde un 24 % en 2004 a un 35 % en 2023[7].

El tema de la efectividad de la democracia para resolver los problemas de la gente está sin duda  presente en esta apreciación, pero también la falta de educación cívica y en derechos humanos. “Y es que la democracia no consiste solamente en asegurar la integridad de los procesos electorales, las libertades políticas, el estado de derecho, el espacio cívico o una esfera pública abierta y que haga frente a la desinformación, sino de atajar las razones profundas de la desafección, como las expectativas de progreso que no se cumplen, los Estados que no garantizan mínimos de seguridad de las personas, y las sociedades segmentadas por la desigualdad y la discriminación. Por todo ello, hablar de democracia también implica hablar de desarrollo, de políticas públicas eficaces y de la renovación del contrato social”.[8]

Una sociedad que garantiza el ejercicio de derechos que protegen a las personas contra la pobreza será una sociedad más dispuesta a la diversidad y al pluralismo. Sin embargo, sectores muy influyentes siguen concibiendo los derechos sociales como un asunto privado a ser resuelto por el mercado y no avizoran algo evidente: el abandono de sectores históricamente marginados es fuente de conflicto social y es uno de los factores causales de las crisis. Diversos actores en la región han planteado la urgencia de avanzar hacia una política fiscal justa[9], es decir, que los Estados adopten medidas para ampliar los presupuestos estatales hacia la inversión en bienes y servicios públicos que garanticen el ejercicio de derechos humanos, con una mirada de equidad que permita el acceso efectivo y la igualdad de oportunidades de todas las personas, y particularmente de grupos de población históricamente discriminados y marginalizados[10].

Por otra parte, el uso de las redes sociales e Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información. Tal como señala la CIDH[11], el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por el deterioro generalizado del debate público donde los Estados democráticos se enfrentan al potencial traslado de la violencia online a espacios físicos con capacidad cierta de daño; a los intentos de captura del debate público potenciados por la desinformación; y a los dilemas de compatibilidad de los procesos, las decisiones y los modelos de negocio de empresas privadas con los estándares democráticos y de derechos humanos. Se trata de un desafío regional que afecta a todos los Estados, que contamina una parte considerable de sus deliberaciones internas y que pondrá a prueba sus futuros procesos electorales y la fortaleza de sus instituciones

 

La pluralidad y diversidad hacen parte esencial de la libertad de expresión. Uno de los retos inevitables es construir consensos que contribuyan a establecer criterios claros -conforme a los derechos humanos- para que la moderación de contenidos en Internet esté acorde a las aspiraciones de democracias abiertas, con pluralidad de voces y oportunidades. Dichos criterios deben responder a la necesidad de claridad y especificidad de las restricciones y velar por la no discriminación. La CIDH indica que los Estados deben velar por regímenes de responsabilidad de intermediarios que incentiven el desarrollo tecnológico, brinden seguridad jurídica, y faciliten la implementación de estándares de derechos humanos en todos los sectores, respetando mecanismos de gobernanza multisectorial, abierta y plural de Internet.[12]

Desde esta perspectiva, Internet es un medio privilegiado para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, pero trae consigo también cierta ambivalencia que es necesario analizar y enfrentar a la luz de los desafíos de la gobernabilidad democrática. El espacio digital no está circunscrito a un espacio geográfico; ha hecho difusa la noción y comprensión de los “gobernados” por las autoridades políticas; y ha complejizado los principios tradicionales de “gobierno” en esta nueva esfera de lo público. Esto sin duda trae consigo muchos beneficios, pero también nos presenta nuevos retos que aparecen como amenazas a las democracias. Las fake news, los ejércitos de bots se convierten en elementos que degradan la deliberación y el espacio público, dificultando la comprensión de los fenómenos y la calidad de la información en que se basan las preferencias ciudadanas.

Finalmente, en días en que varios países de la región conmemoran golpes de Estado nos enfrentamos a una situación gravísima. Cuando pensábamos que más allá de los distintos idearios políticos, habían mínimos civilizatorios que nuestras sociedades entendían como consensos básicos, producto precisamente de los horrores vividos por las dictaduras militares o los conflictos armados, nos sorprendemos con discursos negacionistas.

La filósofa italiana Donatella Di Cesare[13] ha analizado las raíces profundas del negacionismo. Señala que los primeros en instalar la negación fueron los propios perpetradores de los crímenes cometidos en los campos de concentración. Explica cómo el negacionismo invierte los roles entre víctimas y verdugos, desarrolla una historia alternativa e instala dudas hiperbólicas e improductivas para producir confusión política.[14] Afirma que los negacionistas y los revisionistas pretenden alterar la historia y la propia memoria democrática. Si bien el negacionismo como concepto surge a partir del Holocausto, lamentablemente el fenómeno va mucho más allá. El negacionismo está en aumento; no es un fenómeno en declive. Podemos hablar claramente de una serie de negaciones, que incluyen la negación del cambio climático, la negación de la pandemia y la negación de la violencia de género, entre otros. Estos temas se conectan muy claramente con la agenda y la filosofía de las nuevas derechas y, por lo tanto, están en el centro del debate público.

Las graves violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en el cono sur durante las dictaduras, como la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y todos los horrores provocados por las dictaduras militares hoy son negadas o relativizadas. La discusión sobre las cifras, por ejemplo, la cantidad de víctimas, el debate en torno a si se trata de hechos aislados o sistemáticos, instala una duda, pero no una duda constructiva, sino lo que Di Cesare llama una “duda hiperbólica”. Los negacionistas, que actúan, en palabras de Di Cesare, como “Dobermans del pensamiento”, no piden inocentemente una cifra, no tienen vocación de saber más sobre un fenómeno. Instalan una duda que contiene un enunciado negacionista. La pregunta se plantea para negar o menospreciar los hechos, para destruir la memoria y aspectos sustanciales de la comunidad democrática que han sido laboriosamente construidos y es la piedra sobre la que luego se construye una historia alternativa. Los familiares que han sufrido pérdidas son responsabilizados de mentir y engañar en esta historia alternativa. El que niega no ignora, según Di Cesare. El que niega plantea la duda con un propósito político y no con un deseo genuino de conocimiento.

Ejemplos en la región hay muchos: recordemos al exministro de Cultura del presidente chileno Sebastián Piñera, tildó de “montaje” el Museo de la Memoria, y debió renunciar apenas tres días después de asumir el cargo. O al ex Presidente brasileño JairBolsonaro cuando señaló públicamente al Presidente del Colegio de Abogados, “Si quiere, le cuento cómo su papá desapareció” para luego afirmar que Fernando Santa Cruz murió en un ajuste de cuentas interno de la izquierda. Ello, pese a las conclusiones de su desaparición en el informe de la Comisión de Verdad. O, más recientemente, las declaraciones de la diputada chilena Gloria Naveillan, que afirmó que las denuncias por violencia sexual en dictadura son parte de la leyenda urbana.

 

Todo esto tiene un impacto en la convivencia democrática, en el respeto del otro, el relativizar la protección de los derechos humanos y, más grave aún, al relativizar la importancia de la democracia, el estado de derecho y el pluralismo como ejes centrales para el ejercicio y garantía de la dignidad de las personas. Esto impide la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y socava la memoria colectiva, aquellos principios por los cuáles tantas y tantos han luchado incansablemente. Pero como señala Hamlet: “Los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”.