Luego de las elecciones de junio y agosto, en las que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del partido Movimiento Semilla, fueron electos presidente y vicepresidenta, Guatemala se encuentra en la mayor encrucijada de su historia reciente. Los intentos del Ministerio Público por anular espuriamente la voluntad de los votantes, fuerzan al país a decidir entre avanzar hacia la reconstrucción de su débil democracia o la consolidación del autoritarismo. 

No es casual que hayamos llegado a este punto. La breve primavera de la justicia en Guatemala  entre 2009 y2019^[1] logró avances sin precedentes en juicios por graves violaciones a los derechos humanos y gran corrupción. En respuesta, las elites militares, económicas y políticas afectadas impulsaron una estrategia para revertir los cambios institucionales impulsados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y las entidades de justicia nacionales. Las élites se propusieron cooptar todas las instituciones estatales, incluido el Ministerio Público y las altas Cortes.

El presente proceso electoral reedita el pulso entre esas dos fuerzas antagónicas: una, la Guatemala que nace de la esperanza y se expresó en las urnas; la otra, un régimen que se aferra al poder para continuar con sus privilegios corruptos, enriqueciéndose del dinero público y criminalizando a sus opositores.

 

La primavera de la justicia 

Guatemala firmó en 1996 unos Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil. Según el registro de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), durante el conflicto armado interno hubo 200.000 víctimas mortales, entre personas ejecutadas y desaparecidas, y más de un millón de personas desplazadas^[2] además de cientos de casos de tortura y violencia sexual. Un 83.33% de esas víctimas fueron mayas. El 93 % de los crímenes fueron cometidos por fuerzas estatales^[3].  “Agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre (…)  1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”^[4], concluye la investigación de la CEH.

En 2009, trece años después de los Acuerdos de Paz, muchas de las promesas que contenían seguían sin cumplirse, especialmente la de transformar el sistema de justicia que encubrió las graves violaciones a los derechos humanos en otro que garantizara el acceso a la justicia a todas las personas^[5]. En aquel momento Guatemala tenía la tasa de homicidios más alta desde la firma de la paz, 46,4 por cada 100.000 habitantes y la ciudadanía desconfiaba de las instituciones de justicia, incapaces de combatir la impunidad.

Dos años antes, en 2007, se había establecido la CICIG por acuerdo entre el Estado y la Organización de las Naciones Unidas^[6]. La presencia de la Comisión en el país dio un nuevo impulso a las transformaciones en el sistema de justicia, iniciadas en 1994 con la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal. La CICIG promovió reformas legislativas e institucionales, pero sobre todo provocó nuevos nombramientos al frente de  instituciones clave como el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, a cargo de la Policía Nacional Civil. Gracias a la presencia de la CICIG en el país y a procesos de postulación y nombramiento transparentes y meritocráticos, en diciembre de 2010 el presidente de la República Álvaro Colom me nombró fiscal general.

Las transformaciones institucionales más importantes que siguieron fueron la creación de los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo, con jueces y juezas honestas y capaces; y la de unidades especializadas en el Ministerio Público como la de Métodos Especiales de Investigación, a cargo de las intervenciones telefónicas legales, o la Dirección de Análisis Criminal y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En el Ministerio de Gobernación, cuyo titular era Carlos Menocal, se crearon equipos de trabajo entre fiscales e investigadores policiales.

Más trascendental aún fue dotar de rumbo a la fiscalía. Lograr que las y los fiscales tuvieran claras las prioridades en la investigación y persecución penal, y que se les dotara de los recursos necesarios para ser eficientes. La primera apuesta fue reducir los delitos contra la vida a partir de su esclarecimiento y la sanción a los responsables. Se desarticularon redes de extorsión y sicariato vinculadas a pandillas; se investigaron y desmantelaron organizaciones criminales de narcotráfico; y se juzgó y condenó a funcionarios responsables de ejecuciones extrajudiciales. El descenso de los homicidios ha sido constante desde entonces en Guatemala. De 46.4 por cada 100.000 habitantes en 2009 llegamos a 17 en 2022, en buena parte por el trabajo conjunto de policías investigadores y fiscales junto a expertos forenses.

Otra prioridad fue el enjuiciamiento y sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra.  En mayo de 2013 el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza Yassmín Barrios, condenó al exjefe de estado Efraín Ríos Montt por el genocidio contra el Pueblo Ixil. A pesar de que una decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) hizo luego retroceder el juicio a etapas procesales ya superadas, constituyó un hito en el acceso a la justicia para las víctimas. Treinta años después de los crímenes, finalmente se escuchó a las personas sobrevivientes y su testimonio sirvió de evidencia para reconocer lo sucedido y catalogarlo como uno de los crímenes más atroces: el genocidio.

 

Después de mi salida de la fiscalía y a partir de 2015, con Thelma Aldana como fiscal general, hubo investigaciones, procesamientos y condenas por corrupción sin precedentes en el país y en Centroamérica. El Ministerio Público y la CICIG, liderada en aquel momento por Iván Velásquez, investigaron y llevaron ante Tribunales de Mayor Riesgo a expresidentes de la República, una exvicepresidenta, ministros, diputados y empresarios. En 2015 decenas de miles de personas salieron a las calles para respaldar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Las manifestaciones pacíficas, clave en el avance de estos casos, no se detuvieron hasta septiembre de ese año, cuando se logró la renuncia y sometimiento a la justicia del entonces presidente Otto Pérez Molina.

Las investigaciones y posteriores juicios develaron que la corrupción no eran incidentes aislados en el manejo de la cosa pública, sino más bien la forma hegemónica de hacer política. En redes ilícitas estaban involucrados los más altos funcionarios del Estado, caudillos del narcotráfico y personas pertenecientes a las familias más acaudaladas del país. Finalmente quedó expuesto por qué Guatemala no lograba prosperar y por qué los beneficios del desarrollo nunca alcanzaban a las grandes mayorías del país. 

La cooptación del Estado

Las acciones de la fiscalía y la CICIG les abrió demasiados y muy poderosos frentes de resistencia. Las élites que se habían visto afectadas por sus investigaciones se rearticularon rápidamente y lograron la expulsión de la CICIG en 2019. La llegada al gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump facilitó ese retroceso. A diferencia de sus antecesores, que habían apoyado sostenidamente la lucha contra la corrupción en el país, Trump no tuvo problema en firmar pactos de tolerancia con el presidente Jimmy Morales a cambio de su ayuda en frenar la migración, y logró incluso que Guatemala, irónicamente, fuera declarado tercer país seguro para las personas migrantes expulsadas de América Latina hacia el norte.

En paralelo a la salida de la CICIG, las instituciones de justicia fueron cooptadas una a una por personas al servicio de las redes de corrupción e impunidad. La primera fue de hecho el Ministerio Público. En mayo de 2018 el presidente Morales nombró como fiscal general a Consuelo Porras, que en los últimos cinco añosha desmantelado la carrera fiscal y despedido, sin cumplir con los requisitos legales, a importantes fiscales como Juan Francisco Sandoval, anterior titular de la FECI. Porras ha promovido la impunidad en grandes casos de corrupción como  Odebrecht y, lo más grave, ha instrumentalizado la fiscalía para criminalizar a jueces y fiscales independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y ex integrantes de la CICIG que obstaculizan su labor pro-impunidad. A octubre de 2023, 44 exfuncionarios de justicia se encuentran en el exilio y dos abogadas -Claudia Gonzalez y Virginia Laparra- están injustamente privadas de libertad en Guatemala por su lucha en contra de la corrupción.

El 20 de septiembre de 2021, autoridades estadounidenses hicieron público que Consuelo Porras había sido incluida junto al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, en la lista de actores corruptos y no democráticos conocida como Lista Engel, que sanciona a ; personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, en actos significativos de corrupción, o en la obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción). A pesar de este gravísimo señalamiento, el presidente Alejandro Giamattei renovó su mandato. Antes, la Comisión de postulación se había negado a incluir a Porras en la sexteta de postulantes que podían optar al cargo, pero una decisión de la actual Corte de Constitucionalidad les forzó a incorporarla. 

La descomposición alcanza a otras instituciones clave. En octubre de 2018, el Congreso debía elegir por ley una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a nuevos magistrados de Salas de Apelaciones, pero la revelación de un grave caso de tráfico de influencias en el proceso de selección provocó una nueva resolución de la CC exigiendo determinados requisitos para los nombramientos. Más de cuatro años después, el Congreso no ha cumplido aquella resolución y tanto la CSJ como las Salas de Apelaciones se han prolongado arbitrariamente en sus puestos por casi un periodo completo más.

También en la Corte de Constitucionalidad se nombraron en abril de 2021 nuevos magistrados en un proceso con múltiples vicios. El más grave fue la anulación ilegal del nombramiento de la magistrada Gloria Porras, única que perfilaba garantías de independencia.

En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó por segundo año consecutivo a Guatemala en el Capítulo IVb de su Informe Anual, junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En esta sección se incluye a los Estados que registran violaciones graves a elementos y derechos fundamentales, o a las instituciones de la democracia. La CIDH advirtió “una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el conflicto armado interno, incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana, y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”. “Estos hechos ocurren en un contexto de señalamientos sobre la falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general por su rol en la persecución judicial”^[7], dice el informe.   

 

2023: Proceso electoral

En enero de 2023 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a Elecciones Generales.  Las y los guatemaltecos fueron llamados a votar para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, diputados y diputadas por listados nacionales y diputadas distritales, así como corporaciones municipales y diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano. La primera vuelta electoral se llevó a cabo el 25 de junio. La segunda el 20 de agosto.

Durante el proceso de inscripción de candidaturas, tanto partidos como candidatos fueron arbitrariamente cancelados por las autoridades electorales y excluidos de la contienda. Es el caso de Jordán Rodas, exprocurador de los derechos humanos, a quien se negó la inscripción como candidato a vicepresidente por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), lo que impidió la postulación de Thelma Cabrera para la presidencia. Ocurrió también con Roberto Arzú, del partido Podemos, y el candidato presidencial por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, que en algún momento encabezó las intenciones de voto. Parecía una maniobra orquestada para abrir camino  a los candidatos y candidatas ligadas al oficialismo.

Los resultados de la primera vuelta electoral fueron una sorpresa. Los ganadores fueron el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 15.68 % de los votos, y el Movimiento Semilla con el 11.78 %. Ninguna encuesta había previsto entre los primeros lugares a Semilla, un partido formado al calor de las manifestaciones anticorrupción de 2015.

La cantidad de votos nulos, el 17.39%, y votos en blanco, 6.98%, y la irrupción de Semilla, con un claro discurso anticorrupción, retrataron de forma elocuente el hartazgo de la ciudadanía y su oposición alstatu quo.  Los ciudadanos exigían, con su voto, recobrar la senda del fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra la impunidad y la corrupción.    

La respuesta de los partidos UNE, VAMOS Y VALOR-UNIONISTA, de corte más tradicional, fue interponer un recurso ante la CC por supuestas irregularidades en la votación. La Corte concedió un amparo provisional y ordenó al TSE suspender la oficialización de los resultados, pero después de un proceso de revisión de las actas de todas las Juntas Receptoras de Votos se confirmó el paso de la UNE y Semilla a segunda vuelta.

La nueva votación tuvo lugar el 20 de agosto y eresultado fue claro: el conteo preliminar otorgó a Bernardo Árevalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, el 58 % de los votos -semanas después el recuento final elevó el porcentaje al 60.9 %- y a Sandra Torres y Romeo Guerra, de la Unidad Nacional de la Esperanza, lograron el 37 %, corregido en recuento final al 39.1 %.

Las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y de una agrupación de organizaciones de sociedad civil de Guatemala concluyeron que el proceso electoral había transcurrido de forma adecuada y no existen indicios de fraude.  A pesar de ello, ha habido en los últimos dos meses múltiples intentos de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas. El MP criminalizó a miembros del partido Semilla y aún intenta la cancelación de dicho partido. Fiscales han allanado en varias ocasiones las oficinas y almacenes del Tribunal Supremo Electoral y se ha solicitado el antejuicio contra varios de sus magistrados. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha dictado varias resoluciones que, lejos de aclarar y proteger el resultado electoral, demeritan la autoridad del TSE, alientan a la criminalización de quienes integran el partido Movimiento Semilla y, algo sumamente peligroso, han llegado a ordenar la represión de las protestas ciudadanas.

El allanamiento de las instalaciones del TSE ejecutado por la FECI el 29 de septiembre y el secuestro de documentos electorales originales sigue siendo la expresión más grave de asedio al proceso electoral hasta la fecha. Las actas 4 y 8 base  indispensable para la certificación de los resultados están entre el material incautado por el MP, lo que llevó al tribunal electoral a afirmar que se había roto la custodia de documentos electorales fundamentales.

Estos acontecimientos desencadenaron una movilización social masiva que incluye acciones legales, recogida de firmas para pedir la destitución de la fiscal general, marchas y protestas en calles y carreteras. Convocada por las autoridades ancestrales de algunos de los principales movimientos indígenas del país, miles de personas se manifiestan desde el 2 de octubre como parte de un paro nacional indefinido. Las protestas y plantones pacíficos llegaron a suceder de forma simultánea en 140 puntos de todo el territorio nacional.  

La comunidad internacional ha exigido también con contundencia que se respete el deseo de los votantes.

Al cierre de este artículo la encrucijada se mantiene. Se avizoran nuevas acciones desde la fiscalía para descarrilar el proceso electoral en contra del clamor unánime que se alza desde diferentes puntos de la geografía nacional y desde diversos sectores, que es uno y fuerte: que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada en las urnas. 

Pareciera, pese a los obstáculos, si los superamos, que estamos a las puertas de una nueva primavera, heredera de aquella de 1944 que desterró por una década las dictaduras militares y que ya renació una vez en la reciente primavera de la justicia. El futuro se escribe sin perder de vista el pasado. La claridad y fortaleza con la que resistimos ahora se nutre de todos aquellos senderos caminados. Ojalá nos encamine a una nueva, esperada, Guatemala. 

 

(*) Claudia Paz, abogada guatemalteca y defensora de derechos humanos. Actualmente dirige el Programa para Centroamérica y México del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Fue jefa del Ministerio Público en Guatemala y una de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar la masacre de estudiantes de Ayotzinapa, México.