Decenas de mujeres activistas ha liderado los esfuerzos para medir y combatir el asesinato de mujeres y niñas. Esta es una lucha que nos implica a todas. Y es así desde que nos dimos cuenta de que la mayor parte de los asesinatos de mujeres y niñas por razones de género, son asesinatos perpetrados por sus parejas y otros miembros de la familia. Por quien se supone que nos ama. 

 

 

 

Desde 1990 la palabra feminicidio es comprendido como el asesinato de mujeres por hombres, motivado por el odio, desprecio, placer o por el primitivo sentido de posesión. Fue Marcela Lagarde la primera en argumentar que el feminicidio es un crimen de Estado que incluye un componente de impunidad y que ocurre en tiempo, espacio, maltrato, vejaciones y daños continuos contra mujeres y niñas, que conducen a la muerte de algunas de las víctimas. 

Nuestra indignación se inició hace cuatro décadas, con las víctimas de violación y homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. En diez años, entre 1993 y 2003, más de 300 mujeres desaparecieron. Los medios de comunicación las llamaron 'Las muertas de Juárez'. Quienes las convirtieron en sus víctimas, luego de violarlas, mutilarlas y asesinarlas, abandonaron sus cuerpos en un suburbio de la ciudad al que nombraron “el campo algodonero”. La justicia nunca llego.

 

 

El feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas ocurrió en febrero de 2020, en Ciudad de México. Su pareja la asesinó. Todas salimos a las calles. Nos indignó la saña del perpetrador y también la difusión en medios de comunicación y redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de Ingrid. Un mes después se registró un aumento de los homicidios de mujeres en el ámbito privado. 

Tras el aumento de la violencia en México por la llamada “Guerra contra el Narco”, identificamos territorios donde los asesinatos y otras manifestaciones de esa violencia se recrudecieron. Las mujeres somos asesinadas en los llamados “asesinatos de honor”, por conflictos derivados de disputas por la dote y también acusadas de brujería. Y están también los crímenes por motivos de género relacionados con los conflictos armados, trata de personas y otras formas de delincuencia organizada.

 

 

 

El Estado mexicano tiene la obligación de hacer justicia. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue el inicio de un estallido social en noviembre de 2014. Las cifras son muy elocuentes, hablan por sí solas. Según los exhaustivo y rigurosos trabajos de investigación de la organización mexicana Quinto Elemento se han logrado identificar 5.696 fosas clandestinas en 570 municipios, donde yacen cientos de miles de personas que han sido asesinadas y hechas desaparecer. Según esta misma fuente, las víctimas de desaparición forzada en México son más de 111.500 personas, entre 2007 -inicio de la guerra contra el crimen organizado- y agosto de 2023. Las cifras provocan escalofríos. 

La desaparición forzada es un crimen de extrema crueldad y debe perseguirse como un crimen de Estado. La crisis por la violencia fuera de control y la falta de justicia en México (impunidad) muestra la participación de instituciones del Estado tanto en las muertes de Ayotzinapa como en esos miles de feminicidios. De hecho, solo en el año 2022 y según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), 3.800 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en México, un país donde lo hemos perdido todo…