Se desempeña como abogado en diversas causas de litigación compleja tanto a nivel nacional como internacional. Fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. A mediados de 2019 fue nombrado en el panel de expertos para asesorar al comité que elegirá al próximo(a) fiscal de la Corte Penal Internacional. Por su parte, a fines de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo convocó como experto para participar en una misión especial de investigación sobre Venezuela. Ha asumido la representación de dos ministros de Estado en acusaciones constitucionales presentadas en el Congreso Nacional. En 2019 lideró la defensa de la ministra Marcela Cubillos y en 2023 la del ministro Marco Antonio Ávila. Ambas acusaciones resultaron desestimadas. Es el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional. Antes de fundar BCP, trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. Es miembro del directorio de la Fundación Teatro a Mil.