Enero de 1992. Laboraba como abogada en el Instituto Libertad y Progreso (ILP), formaba parte de un grupo multidisciplinario del cual puedo reconocer un gran aprendizaje. Este ente era el encargado, entre otros, de dar asistencia técnica al entonces Ministerio de Justicia para la Instalación, desarrollo y funcionamiento del Registro Social del Inmueble, además de promover, procurar, facilitar la titulación de inmuebles y agilizar su inscripción registral en proyectos de interés social. 

Con el  ILP, el Registro Social de Inmuebles, y el Programa ”El Salvador, país de Propietarios”, se concretó el mandato establecido al Estado en el artículo 119 de la Constitución, “procurar que el mayor número de familias salvadoreñas, llegasen a ser propietarias de vivienda”.

En el plano personal, ya tenía dos  hijas, Celina y Paulina, de 8 y 7 años, y esperaba a mi tercer y último hijo, Luis Diego.

Los Acuerdos de Paz representaron para mí y mi familia el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de alternativas, de  soluciones a las distintas problemáticas. La consolidación de la democracia y la esperanza de poder contar con un verdadero estado de derecho que asegurase que mis hijos y descendientes pudiesen tener expectativas reales de crecimiento, desarrollo profesional y personal."