En agosto de 2021, al mes de haber salido del Ministerio de Agricultura, Pablo Salvador Anliker recibió una notificación oficial de la Corte de Cuentas por no haber justificado ni tener respaldos por $133 millones en compras realizadas en el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), creado por el Gobierno de Nayib Bukele para garantizar la entrega de paquetes de alimentos a hogares vulnerables durante la pandemia. La Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas inició un juicio de cuentas en agosto de 2021, en base a un informe de auditoría que cuestionaba pagos millonarios a empresas por productos y servicios ante los que no había evidencia de que se habían recibido.
El Ministerio de Agricultura realizó esas compras entre marzo y mayo de 2020 y, casi año y medio después, Anliker y una decena de empleados de Agricultura mencionados en la notificación de la Corte no habían podido desvanecer las irregularidades.
La Corte de Cuentas fiscaliza la ejecución de fondos públicos en tres fases: auditoría, juicio de cuentas y apelación. La fase de auditoría puede durar hasta cinco años: los auditores revisan cómo se han usado los recursos públicos y, si encuentran irregularidades, las señalan como hallazgos de la auditoría. Estos hallazgos pueden pasar a ser conocidos en un juicio, por una Cámara de Primera Instancia, que decide si los hallazgos se convierten en reparos administrativos (que implican una multa) o patrimoniales (que el funcionario o empleado público reponga al Estado el daño causado). El juicio inicia cuando la Cámara de Primera Instancia emite un pliego de reparos, que es como una demanda contra los funcionarios o empleados, y estos tienen la oportunidad de defenderse en el juicio de cuentas que debe durar un máximo de dos años. Pasado este tiempo, el Estado pierde la posibilidad de recuperar los recursos porque el juicio caduca. Es imperante emitir una sentencia absolutoria o condenatoria en ese periodo. Tras la sentencia, las partes pueden apelar y la Cámara de Segunda Instancia, integrada por dos magistrados y por el presidente de la Corte de Cuentas, tiene la última palabra.
El Faro tuvo acceso al documento que dio inicio al juicio en la Corte de Cuentas, la acusación contra Anliker y una decena de empleados del MAG. No fue posible obtener la sentencia en Primera Instancia ni los escritos de la fase de apelación de la Cámara de Segunda Instancia. Aunque el juicio inició en agosto de 2021, la auditoría en que se basa la acusación contra Anliker es de febrero de 2021, y para ese entonces la Fiscalía había incluido en la investigación Catedral -coordinada por el extinto Grupo Especial Antimafia- a Anliker y a al menos ocho empresas mencionadas en el expediente de la Corte de Cuentas.
El 30 de julio de 2024, El Faro buscó una entrevista con los dos jueces de la Corte de Cuentas que tramitaron el caso, previo a publicar una investigación sobre los pagos millonarios del Mag a una offshore de Islas Vírgenes Británicas por leche que no llegó a El Salvador, una de las compras incluidas en este juicio por $133 millones. Hasta el cierre de esta nota, casi cuatro meses después, no hemos recibido respuesta. El 15 de noviembre, El Faro volvió a pedir una entrevista a la CCR para conocer el resultado de la sentencia, pero ni los jueces ni la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría respondieron a la solicitud de entrevista, como ya es habitual.
Los señalamientos conocidos en el juicio de cuentas representan el 51 % del presupuesto total del PES ($258 millones), que administró Agricultura. Por estas irregularidades, Anliker, el jefe de compras de Agricultura Lorenzo Adalberto Corpeño Figueroa y una decena de empleados fueron emplazados por la Corte de Cuentas para ejercer su defensa legal. “Emplácese a los servidores actuantes para que respondan por la responsabilidad administrativa y patrimonial que se les atribuye”, dice el Pliego de Reparos de 38 páginas de la Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, en poder de El Faro.
El Faro tuvo acceso al Pliego de Reparos JC-VII-2021, del 11 de agosto de 2021, con el que dio inicio el juicio de cuentas en una Cámara de Primera Instancia, que reclamaba a Anliker y a sus subordinados que aportaran información sobre el destino de los fondos públicos utilizados para el PES, ya que si no lo hacían serían condenados a reintegrar al Estado $133 millones.
En agosto de 2021 -cuando inició el juicio- la Corte de Cuentas remitió el caso a la Fiscalía, aduciendo que había indicios de malversación de fondos públicos, un delito penal que se paga con multa pero que incluye una pena de cárcel de entre 1 a 3 años de cárcel -además de la inhabilitación del cargo-, si se demuestra que el funcionario obtuvo un provecho personal o si lo facilitó para alguien más. Este delito está fuera de las atribuciones de investigación incluidas en la Ley de la Corte de Cuentas. “En tal sentido se determina dar aviso al señor fiscal general de la república”, dice el pliego de reparos. Para ese entonces, hacía tres meses desde que Bukele había utilizado su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para nombrar al actual fiscal Delgado, que ha demostrado plena fidelidad al presidente.
El 18 y el 19 de noviembre, El Faro solicitó información del caso a la oficina de Prensa de Fiscalía sobre el estado del expediente remitido por la CCR. No recibimos respuesta. Desde que en mayo de 2021 Rodolfo Delgado fue impuesto como fiscal general por el bukelismo, la institución no ha contestado ni una de las múltiples peticiones de información o entrevistas realizadas por este periódico en más de tres años, tal como volvió a ocurrir para esta investigación. Una de las primeras medidas de Delgado fue desaparecer el Grupo Especial Antimafia que investigaba al Gobierno. Casi todos los fiscales de la unidad están exiliados.
Anliker -quien fue titular del MAG desde el 1 de junio de 2019- renunció al cargo de ministro el 7 de abril de 2021 y fue nombrado viceministro de Agricultura, un cargo que también tenía fuero. Se retiró del cargo sin dar mayores explicaciones el 31 de mayo de 2021. El 1 de julio de 2021 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por “su vinculación en actos de corrupción y por haberse apropiado de fondos públicos para su beneficio personal”, según dice la descripción del Informe de la Sección 533 de Actores Antidemocráticos con el que se justificó su inclusión en la Lista Engel. Anliker es amigo de Bukele, fundador del partido Nuevas Ideas y uno de los empresarios que construyó el patrimonio de sus empresas con ayuda de préstamos millonarios de Alba Petróleos, una empresa fundada con capital del régimen venezolano. Hoy en día, acostumbra a publicar videos en redes sociales, donde comenta sobre política, cuenta anécdotas de su finca o de su otrora vida colegial en la Escuela Americana, un colegio bilingüe de los más caros del país. Es primo de Federico Anliker, presidente de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, expresidente de Nuevas Ideas y otro amigo de infancia y de estudios del presidente Bukele.
El juicio debía iniciar el 23 de febrero de 2021, una vez recibidas las conclusiones de la auditoría de la Corte de Cuentas. Sin embargo, inició seis meses después, el 11 de agosto de 2021. Anliker, Corpeño y nueve empleados del MAG fueron notificados de los reparos. La Cámara de la Corte de Cuentas contaba con 18 meses para emitir una sentencia.
Tres años después, en agosto de 2024, dos fuentes del área jurisdiccional -quienes hablaron bajo condición de anonimato por temor a ser detenidos- aseguraron a El Faro que el juicio caducó en la Cámara Séptima de Primera Instancia. Guillermo Suncín, juez titular de la Cámara, y Napoleón Domínguez, juez interino, no respondieron a la solicitud de entrevista para conversar sobre el estatus del Pliego de Reparos JC-VII-2021. Una tercera fuente aseguró que en 2022 había un proyecto de sentencia en proceso de ser notificado, pero que tras la demora en hacerlo efectivo, fue recibido en la Corte de Cuentas un escrito de la defensa de los funcionarios y empleados que pedía la caducidad del juicio. La Corte de Cuentas no respondió la solicitud de entrevista de este periódico. La ausencia de respuesta de la Corte no permite determinar ni conocer detalles de si Anliker pudo defenderse con documentos o si simplemente el juicio caducó sin que el exministro desvaneciera los cuestionamientos.
Concluidos los dos años que establece la Ley de la Corte de Cuentas, el juicio caduca y la entidad pierde la potestad de exigir la restitución de los fondos públicos, sin embargo la Fiscalía todavía puede investigar y perseguir delitos. En junio de 2023, Bukele anunció una 'guerra contra la corrupción', pero los casos presentados han sido contra opositores políticos o contra unos pocos funcionarios de Nuevas Ideas con cargos de poca trascendencia, como una exalcaldesa y un exdiputado.
Irregularidades con nombre
Los $133 millones de dólares reclamados a Anliker y a otros funcionarios provienen de tres reparos que se conocieron en el juicio y se desglosan de la siguiente manera: el primer reparo es sobre los pagos a Aroum Group, Marhel Group y Tdx Trading por productos no liquidados. Esto suma $20 millones. El pago a una empresa fantasma panameña, Nice Moon, forma parte del reparo diez, por $2.5 millones. Las irregularidades identificadas en 43 procesos de compra, de los que la CCR no encontró evidencia de que los productos y servicios hayan sido recibidos, suman $110 millones.
El expediente de la Cámara confirma los hallazgos de una investigación de El Faro, publicada en agosto pasado, sobre el pago de $27 millones a la empresa Aroum Group Inc por leche en polvo. La Corte, con información de aduanas, documentó un faltante de $7 millones en leche en polvo, producto que nunca ingresó al país.
El expediente del juicio también menciona a Marhel Group, una empresa mexicana de Mazatlán, Sinaloa, que ganó un contrato de $30 millones. El MAG pagó $18.8 millones de ese contrato, pero la investigación de la Corte de Cuentas determinó que no habían liquidaciones por dos terceras partes del monto desembolsado. “Hace falta liquidar $12,031,881.98”, dice el pliego de reparos. De ese monto no liquidado los auditores comprobaron que $5.1 millones en latas de atún y de pollo deshebrado no ingresó a El Salvador, según información aportada por la Dirección de Aduanas a la Corte de Cuentas.
Sobre Marhel ya hubo señalamientos en México en 2022, cuando se descubrió que la empresa recibió en 2020 una veintena de contratos por un total de 2.9 millones de dólares por parte del Gobierno mexicano, a pesar de que la empresa matriz, B-Eminent, había sido catalogada desde junio de 2020 como una empresa “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ese país. El Gobierno salvadoreño, a través del MAG de Anliker, contrató a Marhel cuando el SAT mexicano había señalado su irregularidad, como lo reveló la Revista Factum en 2020.
El MAG tampoco contaba con liquidaciones completas de los paquetes de macarrones que compró a la empresa brasileña Tdx Trading, un faltante de $1,320,095.20.
El expediente menciona que el MAG autorizó un pago millonario por un servicio ficticio a una empresa panameña. La institución pagó $2.5 millones a Nice Moon S.A para maquilar las canastas de alimentos, pero la conclusión de los jueces de cuentas, basada en la información recibida, fue que voluntarios del Ejército hicieron el trabajo. “Los informes emitidos por la empresa permiten constatar que se utilizó personal voluntario y de la Fuerza Armada de El Salvador para la logística y elaboración de las cestas solidarias”, concluyen los jueces en la descripción del reparo siete. Por este reparo, Anliker y el mismo grupo de funcionarios y empleados fueron notificados, junto con el administrador de contrato, Kevin Ernesto Doñán.
El expediente del juicio muestra un patrón generalizado de falta de controles administrativos, que le generaron un perjuicio al MAG: no hay documentos que prueben que esta entidad recibió los productos que pagó y eso queda claro en el reparo siete. “No existe evidencia que los insumos y servicios para la elaboración de las cestas solidarias hubieran sido recibidos”, dice la Cámara, que enumera en una tabla los montos no liquidados en 43 procesos de compra. El MAG no respondió a la solicitud de entrevista que fue solicitada el 18 de noviembre de 2024. Tampoco respondieron a la solicitud de entrevista la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina; ni el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria. Ambas entrevistas fueron solicitadas el mismo 18 de noviembre.
El expediente del juicio de la Corte de Cuentas en poder de El Faro menciona que, con fondos Fopromid (de emergencia), el MAG pagó $123 millones -que corresponden a 43 carpetas de compras de productos y servicios-, pero que la institución solo tenía pruebas de que los proveedores entregaron productos y servicios valorados en $13 millones, es decir, solo el 11 % de lo adquirido. El expediente afirma que los empleados del MAG no efectuaron “la recepción de los bienes adquiridos, previamente al realizar el pago a los proveedores (sic)'.
El expediente responsabiliza de esta falta de control administrativo a Anliker, Lorenzo Corpeño, Élmer Amaya Quintanilla, Luis Miguel Segovia, Carlos Jesús Argueta, Ezequiel Urías Aguilar, Amílcar Landaverde Lemus y Teresa Elizabeth Uribe Hernández.
Empresarios venezolanos
La Corte también confirmó tres anomalías en dos contratos por un total de 5.1 millones de dólares con una empresa panameña denominada Nice Moon S.A., contratada para empacar alimentos que iban a ser repartidos por el Gobierno. En las órdenes de compra CD-033/2020-MAG aparece el nombre “Nice Moon Logistic”, pero Anliker identificó a la empresa como “Nice Moon S.A.” cuando fue interpelado por una comisión legislativa que lo cuestionó por las credenciales de los proveedores contratados para el maquilado de alimentos en 2020 y en el juicio el expediente identificó pagos a Nice Moon S.A.
Los pagos Nice Moon S.A. fueron por casi la mitad de lo acordado, solo $2.55 millones. Pero la CCR dice que ese pago nunca debió hacerse: no había una “necesidad real” de contratar el servicio. Además, la compañía no ocupó mano de obra propia, sino que usó “personal voluntario y personal de la Fuerza Armada de El Salvador para la logística y elaboración de las Cestas Solidarias (sic)”, según informes que la empresa entregó a la Corte de Cuentas en la auditoría.
Las dos personas que administraban el contrato para el Mag tampoco rindieron cuentas sobre el supuesto servicio recibido. Las otras dos anomalías son que el Mag contrató sin haber realizado un sondeo de mercado previo y sin cerciorarse de que Nice Moon, S.A. tuviera la idoneidad, pues en su perfil financiero “figuraban pérdidas en su funcionamiento”.
Por la contratación de Nice Moon y por no haber verificado que cumplieran su trabajo, la Corte de Cuentas reclamaba a siete funcionarios del Mag la restitución de $2.55 millones.
Cuando el MAG contrató a Nice Moon, la compañía la dirigían los hermanos Javier y Rommel Bogarin Rangel, según las credenciales de la sociedad en el registro de Panamá. Ambos dejaron sus cargos directivos el 26 de septiembre de 2020 cuatro y cinco meses después de haber obtenido los contratos en El Salvador.
Nice Moon, S.A fue fundada en 2005 y hasta 2009, tenía un rasgo típico de las compañías de papel: sus fundadores y sus primeros directores aparecían como los titulares de otras cientos de empresas panameñas. El 22 enero de 2020, tres meses antes de que Agricultura asignara el primer contrato a Nice Moon, en la empresa aparecieron los hermanos Bogarin Rangel, de nacionalidad venezolana como directores de la empresa: el nuevo secretario sería Roberto Javier; y, el nuevo tesorero, Rommel Tomás, su hermano, según el registro panameño.
Con ambos venezolanos al mando, el 24 de abril de 2020, el MAG firmó el primer contrato por 2.55 millones; y, el 25 de mayo de 2020, el segundo, por la misma cantidad. Rommel había visitado El Salvador en una visita de dos días, en la tercera semana de febrero de 2020, según información de la Policía Nacional Civil, disponible a través de la filtración Guacamaya Leaks.
La sombra de negocios cuestionables ha perseguido a los hermanos Bogarin Rangel. Un mes antes del primer contrato en El Salvador, en marzo de 2020, los hermanos firmaron con el Gobierno de Panamá un negocio de $2.3 millones que resultó en una estafa: parte del producto que entregaron —ventiladores artificiales— estaba inservible, según encontró el diario La Prensa de Panamá. Su empresa Primo Medical Group no estaba autorizada ni siquiera para distribuir los ventiladores.
Los negocios cuestionados alcanzan hasta a los tíos de los hermanos Bogarin Rangel: Isabel y Daniel Rangel Baron, cuya empresa Continental Medica era la única en Venezuela que tenía licencia para distribuir los ventiladores de la marca con la que los sobrinos estafaron al Gobierno de Panamá, según reveló el medio Armando.info. Los tíos de los hermanos son ciudadanos colombo-venezolanos que también fueron cuestionados por recibir del Gobierno de Venezuela $455 millones en contratos a dedo en el Seguro Social, entre 2004 y 2012, según investigó el medio Runrun.es. La relación entre sobrinos y tíos no solo era familiar. Para 2015, dos de los tres hermanos Bogarin Rangel (Roberto y Rommel) eran socios de su tía Isabel en una fundación privada en Panamá, llamada Alastor, según Armando.info. Sobrinos y tíos también habían reportado que sus empresas antes se dedicaban al ramo automotriz.
El 23 de enero de 2020, un día después de convertirse en directores de Nice Moon, los hermanos Roberto y Tomás Bogarin Rangel, también renunciaron a la dirección de otra empresa que a la postre fue cuestionada en Panamá por un contrato —que llegó a ser suspendido— de $168 millones otorgada por el Seguro Social panameño. Roberto y Tomás Bogarin Rangel no formaron parte de ese contrato, pero sí sus socios con los que habían armado el consorcio para participar en la licitación panameña. Sus socios eran de la empresa mexicana Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V., que también había salido señalada por defraudación fiscal, fallas e incumplimientos en la entrega de fármacos, y de no cumplir con los requisitos de calidad. En abril de 2021, Intercontinental de Medicamentos fue suspendida por el gobierno mexicano.
Para esa fecha los cuestionamientos en Panamá por los ventiladores inservibles ya tenían un mes de haberse conocido en la prensa. En la Corte de Cuentas salvadoreña, la auditoría ya había encontrado irregularidades con el pago a Nice Moon, S.A. y faltaban cuatro meses para que el juicio de cuentas comenzara.
Proveedores no idóneos
Otro de los reparos tiene que ver con pagos que hizo el MAG para comprar canastas solidarias ya elaboradas. El Mag pagó 6.45 millones a proveedores que no eran idóneos para ofrecer el servicio. Había personas o empresas pequeñas que se dedicaban a rubros distintos al de los alimentos, o con poca solvencia financiera, y eso elevó el riesgo de que el MAG comprara productos con sobreprecio y que no se cumplieran las condiciones contractuales, dice la Corte.
La CCR detectó cuatro proveedores no idóneos. Uno de ellas es Castillo Guevara y Asociados, una firma de contadores que pertenece a un empleado de confianza de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa: Carlos Roberto Castillo Guevara, que era investigado en el caso Catedral por la Fiscalía, y tiene años de ser beneficiado por administraciones gubernamentales y municipales de Nayib Bukele.
El Faro reveló en abril de 2023 que la dirección de Castillo Guevara - en Pinares de Suiza, polígono 13, N° 22, Santa Tecla- era una casa particular sin rótulo y donde nadie respondía. Carlos Roberto Castillo tenía su oficina en otra dirección, colonia Jardines de la Libertad, avenida Jayaque y calle Opico #22, que es también la dirección de Casol y de Grupo Tres y Punto, dos empresas de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.
Otro de los proveedores no idóneos según la Corte es Adela López, cuñada del primer funcionario que fue separado de sus funciones, en junio de 2020, en plena pandemia, en el primer gobierno de Bukele: Jorge “Koky” Aguilar. Los ingresos de tres empresas vinculadas a Aguilar se multiplicaron en 2020, pero su separación del cargo ocurrió cuando se descubrió que una sociedad que él fundó y que dirigió y que estaba en manos de su hija había vendido caretas plásticas al Gobierno por un cuarto de millón de dólares.
En este juicio, la CCR encontró que Trade Winds, una empresa minorista, vendió canastas al Gobierno por $841,500 dólares. Trade Winds era propiedad de Adela López, casada con un hermano de Aguilar. Ella también era directora de la empresa. En 2020, El Faro reveló que Trade Winds nunca había tenido ventas superiores a 127 mil dólares en los años previos.
El tercero de los proveedores no idóneos es Manuel Tobar, que también se dedicaba a un rubro distinto al empaquetado de alimentos: tenía una zapatería en el Centro de San Salvador, y el MAG lo contrató por 2.5 millones de dólares. La Corte determinó que Tobar había incumplido cosas básicas como presentar sus estados financieros al Registro de Comercio en los dos años anteriores al contrato.
La última proveedora de canastas señalada por la Corte fue investigada por la Fiscalía General de la República cuando era dirigida por Raúl Melara, antes de que Bukele controlara la institución. Carmen Yolanda Menéndez ofertó con su nombre y apellido, pero los contratos por $2.48 millones salieron a nombre de su negocio “La Granjita”, dedicado a la venta de carnes y lácteos. La Corte de Cuentas había identificado que el MAG sí había liquidado canastas de alimentos por $432,000, pero había un remanente pagado del que no se tenía constancia de que hubiese sido entregado: alimentos valorados en $1.7 millones.
Pero además, la Corte identificó en el juicio que la proveedora no poseía una matrícula comercial y tampoco había inscrito sus balances contables de 2018 y 2019. La Fiscalía también tenía una investigación abierta y había identificado que la dueña de La Granjita no tenía respaldo financiero para hacer frente a un contrato millonario. “Las transacciones que se observan en sus cuentas bancarias, desde el 31/12/19 al 28/05/2020, no exceden de $750 cada una”, dice la conclusión de la Fiscalía incluida en la investigación Catedral. “Los saldos que poseía, al 14/05/ 2020, fecha en la que suscribió el contrato con el MAG, o al 29/05/20, fecha en la que le pagaron anticipo, alcanzan un total de $2,800, con lo cual se determina, que no tenía la solvencia financiera, para hacerle frente al contrato”.