Una noche de julio de 2022, a sus 17 años, el joven Hernández estaba en su casa después de una jornada de trabajo en un restaurante y se disponía a cenar junto a su familia de campesinos. Esa noche, los soldados irrumpieron en su casa y pidieron que todos los hombres salieran. Solo se llevaron a Hernández a quien los militares amenazaban de muerte en el camino hacia el centro de detención local.  Hernández vive en una zona rural de Usulután y es el primer testimonio de un menor de edad que El Faro ha logrado documentar desde el inicio del régimen de excepción. Durante 20 meses estuvo detenido al lado de algunos que como él eran menores de edad. Vivió el castigo de la suspensión de alimentos. Asegura que, cuando había requisas en las celdas, los custodios les robaban el dinero que sus familiares de escasos recursos recolectaban para que pudieran comprar algo en la tienda penitenciaria. A Hernández le robaron dos veces un total de 60 dólares, lo que había significado dos semanas de trabajo para sus padres.  Obtuvo su carta de libertad en diciembre de 2023, más de un año y medio después de haber sido capturado, porque el Estado no encontró pruebas de que pertenecía a ninguna pandilla, pero fue liberado hasta en febrero de 2024. Ese incumplimiento de órdenes judiciales es ya una característica del régimen de excepción, que libera a los reos cuando Centros Penales lo decide y no cuando un juez lo ordena. Días después de que Hernández regresó a casa, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo en una conferencia de prensa que 1,194 menores de edad habían sido capturados desde marzo de 2022 y que muchos de ellos pagarían condenas de hasta 20 años de prisión.