El Señor Orellana es un comerciante de la zona norte de San Salvador que durante casi dos décadas fue víctima de las pandillas. En el año 2005, una empresa distribuidora de alimentos lo despidió y, para enfrentar su desempleo, montó un pequeño negocio de reciclaje. Con el nacimiento de su empresa comenzaron los problemas con las pandillas: el Señor Orellana vivía en una colonia controlada por el Barrio 18 y su negocio operaba en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13. Ambas pandillas exigían el pago de la renta al comerciante. Fue su esposa quien contó a El Faro la historia. Es ella quien da este testimonio. Él está preso.   El señor Orellana se negó a pagar la renta y creyó que el problema se solucionaba contratando el servicio de vigilancia privada. En julio de 2012, la pandilla respondió con el asesinato de Carlos Rodríguez, de 70 años, el anciano que vigilaba el negocio. Tras este homicidio, y ante nuevas exigencias para el pago de la renta, dos familiares del señor Orellana emigraron hacia Estados Unidos y solicitaron asilo político. En febrero de 2017, esos familiares recibieron asilo político en Estados Unidos, por ser víctimas de las pandillas, según documentos en poder de El Faro.   El Señor Orellana no abandonó el país. Él denunció el caso de extorsión en la Fiscalía, siguió trabajando y, según su esposa, negándose siempre a pagar la renta que le exigía tanto el Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha-13. Pese a los documentos fiscales que confirman que durante años fue una víctima de las pandillas, el 4 de diciembre de 2023, a casi nueve meses de iniciado el régimen de excepción, la Policía lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas.   La familia presentó un legado de documentos para demostrar que la empresa del señor Orellana factura más de un millón de dólares al año, que tiene una estabilidad económica; la familia documentó las responsabilidades del señor Orellana con sus tres hijas y también las amenazas y ataques que recibieron por parte de las pandillas. Un juez contra el crimen organizado de San Salvador ordenó su libertad inmediata en la primera audiencia, realizada diez días después de su detención, pero Centros Penales no cumplió con la orden.   Un mes después, en enero de 2024, el señor Orellana fue recapturado por agrupaciones ilícitas en el penal de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía lo acusó de un “nuevo” delito ante otro juez contra el crimen organizado de San Salvador. Sin embargo, la familia logró, por medio de unos abogados, acumular el proceso al juzgado que le concedió la orden de libertad en diciembre del año pasado. La familia denuncia que el comerciante es víctima de una “doble persecución” (ser acusado dos veces del mismo delito, por los mismos hechos), algo que prohíbe la Constitución salvadoreña. El juez aún no resuelve el caso y el señor Orellana continúa detenido. La esposa del señor Orellana narra a continuación su calvario y el que antes padecieron a manos de los pandilleros.