El detalle de cómo se utilizó la partida para gastos discrecionales -conocida también como “partida secreta”- de los presidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca consta en dos viejos cuadernos de contabilidad que, en 216 páginas, revelan que esos fondos se asignaban a tareas tan vagas como “reparar la crisis política” o a destinatarios tan diversos como un fiscal general, la esposa de un secretario privado de la Presidencia, o los mismos tres exmandatarios.

Los cuadernos, uno de 135 páginas y el otro de 81, fueron elaborados por personal contable de la Presidencia de la República, y registran siempre con fecha -pero no siempre con el motivo del gasto- la emisión de mil 338 cheques por un total de 322.7 millones de dólares entre el 8 de junio de 1994 y el 14 de noviembre de 2006. Esos 12 años y cinco meses corresponden a todo el quinquenio de Armando Calderón Sol (1994-1999), los cinco años de Francisco Flores (1999-2004) y casi la mitad de la gestión de Antonio Saca (2004-2009).

De los 322.7 millones de dólares pagados en ese período, más de la mitad (176.8 millones) consta en cheques emitidos a favor de los expresidentes: 52.2 millones de un total de 53.22 millones, en favor de Calderón Sol; 108.3 millones de un total de 145.95 millones, en favor de Flores, y 16 millones de un total de 123.53, en favor de Saca.  

Además, una tercera parte de los 322.7 millones (103.55 millones) se autorizó sin que se especificara el motivo del gasto y, entre los 200 millones restantes en que sí se registró el motivo, ninguno se distingue por la precisión: los tres motivos o usos más importantes en montos corresponden a “gastos operativos”, “Organismo de Inteligencia del Estado” y “comunicaciones”.

Una característica de los registros es que fueron escritos a mano y que prácticamente todos van acompañados por la firma de quien retiró el cheque en cada caso. A pesar de eso, nunca aparece la firma de los expresidentes, aunque más de la mitad del dinero se destinó a cheques en favor de ellos.

 

El Faro consultó sobre los cuadernos y sobre la práctica de la contabilidad oculta a siete fuentes que tuvieron conocimiento sobre este mecanismo. Entre ellas están un exsecretario privado de la Presidencia -que habló con la condición de que no se identificara el gobierno con el cual trabajó-, un exfuncionario de máximo nivel del gobierno de Calderón Sol, dos exfuncionarios de alto nivel de la presidencia de Saca y un exministro de una de esas tres administraciones. Todos coincidieron en que los documentos constituyen el registro paralelo a la contabilidad oficial que los gobiernos llevaron para disponer de fondos públicos sin tener que transparentarlos. Todos dicen haber tenido conocimiento de la existencia de estos libros cuando trabajaron en el gobierno, pero no todas admiten haberlos visto. Estos libros también estuvieron a la vista de las personas que recibían los cheques.

El exministro llama a esta contabilidad paralela “el pecado original de los presidentes”. Se refiere a que ha sido una costumbre de los gobernantes, cuando toman posesión del cargo, aceptar la responsabilidad de administrar cierta cantidad de fondos públicos sin cumplir la ley. Por eso necesitan ese registro paralelo. “Todos los presidentes, el primer día en el cargo cometen una ilegalidad”, dice. Por ejemplo, cuando este dinero se utilizó para el pago de “sobresueldos” a los funcionarios, se les instruyó desde el inicio que se abstuvieran de declarar esos honorarios ante el Ministerio de Hacienda.

Esos pagos adicionales al salario autorizado por la Asamblea Legislativa y todas las erogaciones que aparecen en los dos libros de contabilidad paralela deberían ser escrutados por la Corte de Cuentas, porque son fondos públicos. La Ley Orgánica de la Corte de Cuentas en el artículo 3 establece: “Están sujetas a la fiscalización y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna”. El mismo artículo explica que la jurisdicción de la Corte de Cuentas también incluye todas las actividades de entidades, organismos y personas que reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

Una de las fuentes accedió a echar un vistazo a los documentos y comenzó a identificar a las personas cuyas firmas aparecen página tras página. ”Sí, estas son las firmas de secretarios y secretarias de los despachos”, resumió. Cuando habla de secretarios se refiere a ex secretarios privados de la Presidencia, y cuando habla de secretarias alude a secretarias ejecutivas de confianza de las principales oficinas de la Presidencia en cada administración.

El Faro cruzó la información de los cuadernos con otros tres documentos: el primero es el informe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre Antonio Saca, el segundo es la investigación de la Fiscalía General contra Saca, y el tercero es el reporte de gastos reservados que emitió la Presidencia de la República en 2016. El cruce comprueba correspondencias tanto en montos globales como en decenas de cheques específicos.

Saca enfrenta un juicio por delitos de corrupción, y guarda prisión preventiva mientras la Fiscalía realiza sus investigaciones. En el expediente judicial en su contra hay un detalle de 60 cheques que coinciden en monto y destinatario con 60 cheques registrados en el segundo de los cuadernos de contabilidad. Por ejemplo, en una página del cuaderno de contabilidad que registraba los cheques emitidos en agosto de 2004 se apuntó uno por 651 mil 610 dólares en favor de “Don Elías Antonio Saca”. En el expediente de la Fiscalía y en el informe de Probidad se hace referencia al cheque 0000061 de fecha 26 de agosto de 2004 y por un monto de 651 mil 610 dólares, a favor de Elías Antonio Saca González. Otros registros del cuaderno coinciden no solo en el monto y en la persona o entidad en favor de la cual se giró el cheque, sino también en la fecha.

Además, el informe de la Presidencia sobre gastos reservados determinó que el gobierno de Calderón Sol alcanzó 58.25 millones de dólares. Lo que se puede reconstruir de los cuadernos suma 53.22 millones. En el caso de Flores la coincidencia es mayor: el informe de la Presidencia contó 144.59 millones usados en los cinco años, mientras que los cuadernos detallan 145.95 millones.

Las fuentes que facilitaron a El Faro el acceso a estos cuadernos aseguraron que son los únicos existentes. Sin embargo, los exfuncionarios que validaron su autenticidad y ampliaron información sobre ellos dicen estar seguros de que al menos un cuaderno adicional registró la segunda mitad del gobierno de Saca.

El uso de los gastos reservados sin fiscalización estatal continuó cuando Arena dejó el poder y lo asumió el FMLN. El Faro reveló en 2013 que ya avanzada la administración del presidente Mauricio Funes (2009-2014) se seguía usando un mecanismo que permitía pagar sobresueldos a miembros del gabinete usando fondos públicos y sin que se reportaran a Hacienda.

“Se entregaban en sobres de papel manila y en billetes de 100 dólares”, dijo un exfuncionario que recibió esta compensación durante un par de años: “Desde el principio uno siente que está haciendo algo malo, desde que lo obligan a no declarar impuestos. En el gabinete no es algo que se habla abiertamente, pero debería haberse discutido, creo yo”, añadió.

En noviembre de 2016, una exfuncionaria lo dijo abiertamente. María Isabel Rodríguez, ministra de Salud del gobierno de Funes, dijo en el programa de radio Pencho y Aída que debido a que los sueldos de ministros aprobados por la Asamblea Legislativa son bajos, se les entrega “un complemento”.

Dinero “para reparar la crisis política”

¿Qué cuentan los cuadernos sobre el ritmo de gasto de los presidentes? Que, al menos durante en los gobiernos de Calderón Sol y Flores, el gasto discrecional se incrementó en las etapas finales de cada administración. El gobierno de Calderón Sol gastó estos fondos a un ritmo promedio de 887 mil dólares al mes (si se hace la conversión de los colones originales), pero en febrero de 1999, justo en la antesala de la elección en que salió triunfador Francisco Flores, el gasto se multiplicó casi por cinco y alcanzó los 4.16 millones.

En el caso de la administración Flores, el promedio mensual fue de 2.43 millones de dólares, pero en su último mes de gobierno, mayo de 2004, superó los 7 millones de dólares.

 

Aparte de los tres expresidentes, hay otros 53 destinatarios de cheques. Durante el gobierno de Calderón Sol, por ejemplo, con fecha 7 de diciembre de 1994, en la lista aparece el nombre del entonces fiscal general, Romero Melara Granillo. El cheque a su nombre se emitió por 50 mil colones. En los registros también aparece un cheque en favor de  la esposa de Benjamín Cestoni, que era secretario privado de la Presidencia.

El 20 de diciembre de 1995, el primer cuaderno registró un cheque por 5 millones de colones (unos 571 mil dólares al tipo de cambio que se fijó en 2001) en favor de la Arquidiócesis de San Salvador.

Asimismo, tanto Calderón Sol como Francisco Flores recibieron cheques cuando ya no era gobernante el primero, y cuando aún no era presidente el segundo. En el quinquenio de Calderón Sol se emitieron cheques por 34 mil 285.71 dólares en favor de Flores, y el gobierno de Flores emitió cheques por 328 mil 572.46 dólares en favor de Calderón Sol.

La contabilidad paralela también revela que la partida de gastos discrecionales se usó para adquirir vehículos, para comunicaciones y publicidad, para financiar a fundaciones privadas y para agasajar a presidentes de otros países.

En comunicaciones y publicidad, Saca fue quien más gastó de la partida secreta: 31.66 millones de dólares; seguido de Flores, 20.6 millones de dólares, y en último lugar Calderón Sol, con 1.86 millones de dólares.

En los libros pueden encontrarse registros de cheques como el del 19 de noviembre de 1996, cuando la Unidad Financiera Institucional emitió uno en favor de Armando Calderón Sol por 3 millones de colones con el destino “Refuerzo TCS”.

El Faro tocó la puerta de las oficinas de los principales responsables de las tres últimas administraciones areneras, pero nadie respondió. Ni la del expresidente Calderón Sol, ni la de su vicepresidente Enrique Borgo Bustamante; ni la del ex secretario jurídico de Saca, Luis Mario Rodríguez; ni la del ex secretario privado de Flores, Aldo Parducci; ni la del ex ministro de Hacienda y ex secretario técnico de Flores, Juan José Daboub, ni la del exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt.

A ellos se les quería pedir respuesta a inquietudes como esta: ¿Qué significa “reparar la crisis política”? Esta pregunta surgió cuando al revisar la página 67 del primer cuaderno apareció el registro de un cheque por un millón de colones en favor del presidente Francisco Flores, fechado 27 de agosto de 1999. Flores tenía 88 días en el cargo. El cuaderno dice esto: “Recibí de la Unidad Financiera Institucional (UFI) cheque a favor del Lic. Francisco Flores adicional al mes de agosto para reparar crisis política.” La firma de recibido de ese cheque número  25131179 es similar a la que el secretario privado de Flores, Aldo Parducci, estampó en otro documento de la UFI durante aquel gobierno.

En aquellos días el gobierno ya sufría la presión de una creciente manifestación de descontento en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La peor crisis del gobierno de Flores fue, de hecho, la huelga médica que se agudizó en los años 2001 y 2002, y que puso en jaque a la administración con la paralización no solo del ISSS, sino también de los hospitales públicos. Los documentos, sin embargo, no precisan nada sobre esa “crisis política” en los primeros tres meses de Flores.

En febrero pasado, la Presidencia divulgó que las partidas presupuestarias secretas de estos últimos tres gobiernos de Arena sumaron 504.22 millones de dólares en 15 años. Los dos cuadernos de contabilidad permiten poner lupa sobre el 64 % de esos fondos.

Durante el gobierno de Calderón Sol la Unidad Financiera de la Presidencia emitió 394 cheques por un total superior a los 460 millones de colones. Traducidos a dólares al cambio oficial de 8.75 por 1 que en 2001 fijó la Ley de integración monetaria, equivaldrían a 53.22 millones de dólares. A partir de enero de 2001, el registro se hizo en dólares. Los 612 cheques emitidos durante el gobierno de Flores suman 145.95 millones de dólares, y durante la primera mitad de la administración Saca, 332 cheques totalizaron 123.53 millones.

Hasta el año 2010, cuando la Sala de lo Constitucional prohibió todo tipo de partida presupuestaria que no pasara por aval legislativo, era costumbre que de cada ministerio se derivara fondos hacia la Presidencia de la República, y eso alimentaba la “partida secreta”. Una de las fuentes aporta datos de referencia sobre la cadencia con que se alimentaba la oficialmente llamada partida de gastos imprevistos: “En un momento eran casi 4 millones de dólares al mes los que llegaban de otros ministerios a la partida de gastos imprevistos de la Presidencia”, dice.

Según la Sala de lo Constitucional, todo centavo de fondos públicos debe ser vigilado para verificar su uso y destino. “La transparencia y la rendición de cuentas respectiva deben ser garantizadas por todas las dependencias del Estado, de manera que todas las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino. Esto es, independientemente de que se disponga por ley, respecto de ciertos casos justificados, un manejo reservado de la información”, resolvió la Sala en 2010.

 

El registro destinatarios cambió en 2006

Entre 1994 y 1999, los cheques salían del Departamento Financiero de la Presidencia. Durante la administración Flores y también durante la de Saca, las anotaciones reseñan cheques de la Unidad Financiera Institucional y de la Secretaría Privada de la Presidencia.

El mecanismo funcionaba de la siguiente manera: los fondos llegaban a la partida de gastos imprevistos de la Presidencia que, hasta 2010, se alimentaba de los sobrantes de otros ministerios.

La sentencia de inconstitucionalidad sobre las partidas secretas pretendía limitar la discrecionalidad con que el Ejecutivo gasta los fondos públicos porque los magistrados consideraron que la Constitución es clara cuando establece que el presupuesto de la nación debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa. El artículo 2 de la Ley del presupuesto permite nutrir la partida secreta y el 6 permite que el Ministerio de Hacienda haga transferencias millonarias entre instituciones. Dichos trucos legales fueron creados por las administraciones de Arena, y el primer gobierno del FMLN intentó seguirlo utilizando.  

Los contadores y administradores técnicos de los fondos de la Presidencia han sido tres desde hace cinco administraciones, tres de Arena y dos del FMLN: Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero institucional; Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de Tesorería de la Presidencia, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero. Rodríguez Arteaga comenzó a trabajar en el gobierno en 1970 en el Ministerio de Obras Públicas y en 1990 llegó a trabajar a la Presidencia.

Hoy los tres enfrentan un proceso judicial por peculado y agrupaciones Ilícitas, pero Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez también están acusados por lavado de dinero y activos, en relación con el mismo caso por corrupción que enfrenta el expresidente Saca, por más de 240 millones de dólares. Los tres han sido suspendidos sin goce de sueldo por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén mientras se resuelve la acusación.  

El Faro conversó con los abogados defensores de estos técnicos. “Ellos creyeron que cumplieron con las facultades que se les habían dado, pero partían de la buena fe y de que los fondos estaban siendo administrados de la mejor manera y no se ha demostrado lo contrario”, explica Roberto Claros.

Su compañera en el caso, Tania Pastor,  agrega que los tres técnicos solo cumplían órdenes y no decidían el uso de los fondos.

—¿Ustedes saben cuál era el rol de sus representados en el manejo de los gastos reservados y de cómo han sido manejados desde siempre?

—Nos serviría a todos saber cómo funcionaba antes el uso de gastos reservados. Pero la Fiscalía se opone a que se investigue cómo funcionaba el manejo de esta cuenta, de hecho, se opuso porque eso es anterior a los hechos investigados (caso Saca).

—Entendemos que emitían cheques a nombre del presidente.

—Nosotros no sabemos a fondo cómo funcionaba, pero sí sabemos que el cheque salía a nombre del presidente y el presidente con su secretario privado se encargaban del manejo total.

—Sus representados les han dicho: nosotros le entregamos cheques a nombre del presidente.

—De hecho era Jorge Herrera, el tesorero. Pero no tenía tratos con el presidente, él simplemente hacía cheques.

Antes de que Saca fuera capturado por corrupción en octubre de 2016, la Fiscalía ya había procesado al expresidente Francisco Flores. A este le investigaba por el desvío de millonarios donativos de Taiwán que estaban destinados a financiar programas de lucha contra la delincuencia y en favor de las víctimas de los terremotos de 2001. El Faro reveló que casi 10 millones de dólares fueron a parar a las cuentas del partido Arena y sirvieron para financiar la campaña electoral que culminó con el triunfo de Antonio Saca, quien sucedió a Flores en la presidencia de El Salvador.

En los cuadernos se encuentra referencia a cheques vinculados a la atención de la emergencia por los terremotos. Hay ocho cheques por 7.4 millones de dólares emitidos entre el 22 de enero y el 22 de junio de 2001, para ejecutar el “Plan pueblo valiente”.

Una nota del 22 de enero de 2001 de El Diario de Hoy explica que ese plan era para canalizar entrega directa de fondos a alcaldes y familias de 97 municipios damnificados por los terremotos. La Presidencia anunció que iba a entregar 94 millones de colones (10.7 millones de dólares)  a las municipalidades para que cada familia contara con 600 colones para limpieza de escombros y para que las alcaldías fueran receptoras de 900 colones por cada familia afectada para el transporte y traslado de ripio.

La comunidad internacional se movilizó para hacer llegar ayuda a El Salvador. Cuatro meses después de los terremotos, Flores pidió que se emitiera otro cheque a su nombre. El 21 de junio de 2001 quedó registrado un recibo por 171 mil 428 dólares para atender al visitante presidente de Taiwán, Chen Shui-bian.

Flores murió en enero de 2016, en pleno juicio por corrupción. La Fiscalía ha iniciado un proceso para intentar recuperar activos en poder de la familia de Flores, en caso de que se pruebe que los obtuvo de manera ilícita. El expresidente de Taiwán eventualmente fue procesado por corrupción en su país y fue encarcelado.

Flores admitió 13 años después de esta visita oficial del mandatario taiwanés -el 8 de enero de 2014- ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que recibió 15 millones de dólares entre 2001 y 2004  y que nadie controló cómo usó el dinero. Cuando los diputados le preguntaron por los 10 millones de dólares que fueron desembolsados en 2001 y que no llegaron a su destino, Flores insistió en que él mismo se aseguró de que los fondos llegaron a sus destinatarios. "Una forma de hacer llegar la ayuda era en saquitos de dinero", dijo.

Los donativos de Taiwán contribuyeron a que Saca se convirtiera en presidente. En los últimos registros del segundo cuaderno, fechados en noviembre de 2006, repentinamente aparece un nuevo destinatario de los cheques: "Fondo de gastos operativos Presidencia de la República".

Este cambio fue detectado por la Fiscalía, que lo vio como un intento de Saca por dejar menos rastros sobre la canalización de fondos públicos hacia su bolsillo. La Fiscalía asegura que la Presidencia preventivamente dejó de emitir cheques en favor del gobernante para girarlos en favor del Fondo de gastos operativos. "Se extrae que este mecanismo dejaba demasiada evidencia incriminatoria hacia los señores Saca González y Charlaix Urquilla", dice la acusación. Élmer Charlaix Urquilla era el secretario privado de Saca.

 

Los acuerdos verbales de los presidentes

Un exfuncionario de la Presidencia de Antonio Saca asegura que al menos una parte de los gastos discrecionales puede tener respaldo legal. El abogado Javier Argueta formó parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y hoy trabaja en la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Dice que nunca vio los libros, pero atestiguó la discreción en el manejo de fondos.

"Para esa época todos los fondos de gastos reservados y gastos de seguridad nacional los manejaba un equipo pequeño, ese equipo son los tres contadores que están siendo procesados", cuenta Argueta.

Algunos de esos gastos, añade, tienen asidero en la Constitución, que da al presidente distintas formas de asegurar el manejo del Estado, incluso cuando no existan documentos que respalden dichos gastos. "En el caso de los sobresueldos, yo supongo que es un acuerdo verbal", comenta. Y según Argueta, un presidente tiene posibilidad de acordar un complemento de salario mensual y justificarlo como un acto administrativo legal. "Hay resoluciones de la Sala de lo Contencioso cuya doctrina dice que los actos verbales no dejan de tener efectos jurídicos solo por ser actos verbales", expone. Eso salva del señalamiento de ilegalidad sobre el manejo de dichos fondos.

Argueta dice que no tuvo acceso de saber a quiénes les daban sobresueldos ni los montos, pero sí afirma que en las primeras administraciones de Arena fue estandarizado.

—¿Usted se negó a avalar algunas cosas en la administración Saca?

—Te puedo decir que Luis Mario, secretario Jurídico de la administración Saca, se negó a firmar papeles.

—¿Qué cosas?

—Era una cosa de una importación de unos vehículos porque no se podía… eran unos carros... la presidencia tenía franquicia, podía importar carros para la presidencia. Es normal si es para buena gestión de los negocios públicos… Pero los carros que compró la presidencia en un determinado momento, ¿dónde los compró?

—Supongo que habla de un Mercedez Benz que usaba el expresidente Saca.

—No, ese lo regaló Taiwán, que también nos regaló las 12 Prado, lo vimos nosotros.

—¿Entonces de qué habla?

—Había unas Tahoe (camionetas todoterreno marca Chevrolet)... habría que ver un autolote, para ver dónde las compró, je je je...

—¿El autolote de Herbert Saca?

—No sé, el del Bulevar Constitución... ja ja ja. Pero Luis Mario se cuidó de no firmar.

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguraron que los magistrados de la Corte de Cuentas tuvieron a lo largo de los años conocimiento de este registro paralelo, pero que nunca hicieron una auditoría rigurosa y mucho menos elaboraron algún informe que señalara las omisiones en el control y la transparencia del gasto de esos cientos de millones de dólares.

¿Cuánto dinero se ha usado de esa forma? Estos dos cuadernos dan cuenta de 322.7 millones de dólares, pero el exfuncionario de máximo nivel del gobierno de Calderón Sol y uno de los ejecutivos del gobierno de Saca consultados aseguran que hay más: hay otros cuadernos que registran otro tipo de pagos. "Esos que ustedes han visto son libros exclusivos para pocos ojos: el presidente y su círculo más íntimo. Es su registro de gastos personal, pero hay otros libros más secretos, que es donde consta el pago a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y diputados de todos los colores. Tratá de seguir el rastro de esos libros".

* Con reportes de Nelson Rauda, y colaboración de Kevin Valencia y Yéssica Hompanera.