Violando la Constitución, Nayib Bukele tomó posesión de su segundo periodo presidencial este 2024 prometiendo que, así como el primero lo había dedicado a la seguridad, este lo dedicará a mejorar la economía.
Las grandes apuestas manifiestas del bukelismo en su primer periodo fueron la imposición del bitcoin, la exención de impuestos para iniciativas productivas y el turismo. Esta última creció un poco, pero insuficiente para compensar el fracaso de las otras dos. La falta de garantías en materia de Estado de Derecho empeoró aún más las cuentas del Estado, como confirmó la imposibilidad de colocar los bonos internacionales que el Gobierno buscó en mercados financieros. El Salvador es el país con menor crecimiento económico en Centroamérica y con menor inversión extranjera; el número de salvadoreños pobres sigue creciendo y también la desigualdad.
Al cierre de 2024, como apuestas para este segundo periodo, apenas hemos visto las intenciones manifiestas de legalizar la minería. Su otra gran apuesta, que está próxima a concretarse, es un préstamo de $1,400 millones del Fondo Monetario Internacional que le servirá, si acaso, de salvavidas.
La economía que sí ha mejorado notablemente es la de la familia Bukele y su círculo cercano, beneficiados mediante el control de todo el aparato de Estado.
Bukele y su familia maniobran con fondos públicos amparados en el cierre de todo el sistema de rendición de cuentas y la eliminación de contrapesos y de mecanismos de control del uso de los fondos públicos. Han hecho del país su empresa privada. Montados en una ola de popularidad política que han sabido sostener, desarrollan su verdadero proyecto, que es el de una sustitución de élites en la que ellos se colocan en la cúspide de la pirámide.
La dictadura salvadoreña es una cleptocracia: un sistema de gobierno en el que prima el enriquecimiento propio mediante el abuso de los bienes públicos.
Ya no hay límites para el uso patrimonial del Estado. Ni siquiera la Fiscalía, que con todos sus defectos había logrado sostener técnicamente acusaciones de corrupción contra cuatro expresidentes, disimula su total lealtad al proyecto de la familia en el poder por encima de los intereses del Estado. Por eso su primera acción fue eliminar la unidad especial que investigaba corrupción y que había ya construido casos contra varios funcionarios del bukelismo.
Sin mecanismos de control ni acceso a información pública, es solo el periodismo salvadoreño el que ha logrado documentar y dar a conocer apenas algunos casos que evidencian ya la cleptocracia en manos de la familia Bukele. En 2024 se reveló, por ejemplo, que la familia presidencial se ha vuelto terrateniente, adquiriendo 361 hectáreas de tierra solo en 2023. Este mismo año el periodismo sacó a la luz la compra de tres terrenos a la par de la residencia privada de Bukele: a un costo de $1.4 millones de dólares de fondos públicos y bajo el argumento de querer ampliar la “residencia presidencial”.
Tal vez lo más sorpresivo, y grave, es que a la mayoría de la población no parezca preocuparle la corrupción ni la falta de controles. Tampoco el hecho de que, aunque el Gobierno haya declarado su victoria sobre las pandillas, el país continúe sometido a un régimen de excepción que limita nuestros derechos civiles y faculta el ocultamiento de información pública, el manejo discrecional de miles de millones de dólares y el otorgamiento de contratos estatales a dedo.
La cleptocracia salvadoreña no sería funcional sin esta acumulación de poder y la aprobación ciudadana.
Bukele ha dejado claro en este 2024 la implacable efectividad de su estrategia de comunicación centrada en la desarticulación de las pandillas con su régimen de excepción. Arrasó con más del 80 % de los votos en las elecciones de febrero de este año, donde violando cuatro artículos constitucionales se reeligió, algo que no ocurría en El Salvador desde los años 30, cuando lo hizo el dictador y general Maximiliano Hernández Martínez. Las múltiples violaciones de derechos humanos en las cárceles, la tortura sistemática dentro de esos recintos -ampliamente denunciada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como por la prensa- poco han podido opacar el que Bukele ondea como su principal estandarte. En su última encuesta, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP) preguntó a los salvadoreños por el principal fracaso de Bukele en su quinto año de gestión: solo un 0.9 % identificó el régimen de excepción. Solo otro 0.9 % identificó la represión, aunque un 65.2 % dijo creer que era “algo probable” o “muy probable” que quien criticara al Gobierno o al presidente sufriera consecuencias negativas. El 85.1 % dijo creer que el régimen de excepción había “ayudado mucho” a controlar la delincuencia y casi el 50 % dijo estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático.
No hay pandillas. El mérito se atribuye a él. Hay cientos de inocentes muertos y torturados en las cárceles de su régimen. La culpa no se le achaca a él.
El régimen sigue vigente tras 33 meses en los que ya hace mucho perdió la categoría de excepcional: es un arma más de Bukele, que ha evidenciado su efectividad para desalojar a vendedores en las cuadras principales del Centro Histórico, ahora boyante de bares y restaurantes exclusivos; retirar puestos de ventas en las carreteras de las playas donde prometen invertir en hoteles para turistas extranjeros; o detener a quienes protesten por las tropelías del mismo régimen.
El costo de ser capturado por el régimen puede ser letal: en julio de 2024, Cristosal, la organización de derechos humanos que ha sido más metodológica para medir los efectos de esta política represiva, reportaba cuatro menores de edad fallecidos en las cárceles, 244 hombres y 17 mujeres. De esos casos, la organización identificó señales de tortura en 112 cuerpos.
Con su reelección y empuñando ese régimen, Bukele pretende perpetuarse en el poder. Este 2024, la Asamblea Legislativa que él controla dio el primer paso para abrir el camino a la reelección indefinida. El lunes 29 de abril, en su última plenaria, los diputados oficialistas de la legislación pasada aprobaron a los diputados que entraron el 1 de mayo la posibilidad de modificar la Constitución a placer, sin necesidad de que otra legislatura ratifique esos cambios. Los diputados salientes de Bukele otorgaron el poder de reformar la Carta Magna en cuestión de horas y cuantas veces quieran a los nuevos diputados de Bukele, que son prácticamente los mismos y controlan 54 de los 60 escaños. En manos de Bukele está dar la orden para que se elimine de la Constitución cualquier artículo que le impida reelegirse indefinidamente.
Nada de esto le generó un deterioro en su imagen. En la encuesta del IUDOP sobre el quinto año de su pasada gestión, solo el 0.6 % identificó la concentración de poder como un problema de Bukele.
Bukele salió también victorioso en las encuestas ante el rosario de casos de corrupción que su administración había acumulado antes de 2024. Ni toda la evidencia de corrupción durante la pandemia ni el uso de la partida secreta ni la malversación en cárceles ni los pactos con pandillas ni la ley de amnistía por casos de corrupción durante la emergencia por Covid lograron situar este como uno de los errores de Bukele. Según la encuesta citada, para 2024, solo un 1.8 % de los encuestados reconocieron a la corrupción y la falta de transparencia como un fracaso de esa administración. El 42.8 % dijo no identificar ningún fracaso del Gobierno.
Este 2024 cierra con un Bukele todopoderoso y solitario en la cúspide del Estado, con cuatro años más -cuando menos- en esa posición y venerado por su población.
Al menos cinco publicaciones dejaron en evidencia que las estrategias de concentración de poder, mantenimiento del régimen de excepción como arma de amedrentamiento y cierre de los espacios de información pública tienen como uno de sus objetivos comunes acumular bienes y repartir dinero a sus fieles. A unos pocos fieles: a los fieles que obedecen sin rezongar y a los aliados empresariales de esta dictadura que aún no ha tenido que revelar en pleno su capacidad más opresiva.
Este año, la cúpula del poder que rodea a Bukele y comparte su apellido ha sido el centro de algunas de estas revelaciones. El periodismo, este 2024, expuso a la parte más alta y protegida del esquema de saqueo y prebendas nacionales.
En septiembre de 2024, Redacción Regional demostró que solo en 2023, sociedades controladas por Bukele, sus tres hermanos, su esposa y su madre adquirieron por más de nueve millones de dólares 361 hectáreas de tierra, el 92 % de las tierras que ese clan familiar posee actualmente. Bukele y los suyos se volvieron terratenientes al final del primer mandato presidencial. El enriquecimiento de sus sociedades ha sido meteórico. Basta con citar un párrafo del reportaje: “Corporación Logística de Servicios (cuyo administrador es el presidente Bukele) pasó ocho años reportando activos por $14,488.32 hasta el cierre de 2021. Mientras El Salvador comenzaba una lenta y costosa recuperación por la pandemia de covid-19, esta sociedad dio un salto hasta los $944,413.28 al final de 2022. Para 2023 se disparó hasta los $6,220,399.99”. En un gráfico, las líneas que describen el crecimiento de esa corporación y de Grupo Bukele se asemejan a la ladera de un volcán que va desde el llano hasta la cumbre. Todo eso ocurrió entre 2021 y 2023, tres años de Gobierno Bukele y con los estragos de la pandemia frescos. “Previo a que Nayib Bukele tomara las riendas del país en 2019, él y su núcleo familiar alcanzaban un aproximado de 298,243 metros cuadrados de propiedad según los datos oficiales a los que se tuvo acceso. En el quinquenio, sumaron otros 3,633,456 metros cuadrados nuevos”, cita el reportaje.
El escandaloso aumento patrimonial de la familia en el poder es también inexplicable, gracias al manto protector del Estado. La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró bajó reserva los informes de probidad del quinquenio 2019-2024 de Bukele. La Corte Suprema de Justicia impuesta por los diputados fieles a Bukele se sumó al secretismo declarando bajo reserva las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales del presidente. Información que antes sirvió a la prensa para ahondar en casos de corrupción de políticos del pasado ahora tiene candado. Con sus hermanos, la secretividad y falta de rendición de cuentas es aún mayor, porque no ostentan oficialmente cargos públicos a pesar de que tienen en el Estado más poder que cualquier funcionario.
De lo mucho a lo poco: gracias a una de esas propiedades, Bukele creó su marca de café, Bean of Fire -promocionada desde cuentas de redes sociales institucionales-, cuya sala de ventas está en el aeropuerto Monseñor Romero. El contrato de la sala donde se vende el café presidencial también fue declarado bajo reserva por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, dirigida por Federico Anliker, amigo de infancia de Bukele. Han instalado un semáforo para beneficiar el acceso a otra de sus propiedades y soldados custodian los alrededores de alguna de sus fincas. El Estado al servicio de los nuevos terratenientes que amasan fortuna desde la administración opaca de lo público. El Estado como protector del secreto patrimonial del más poderoso político salvadoreño del siglo XXI.
La cleptocracia: el uso de los recursos públicos para el enriquecimiento propio.
Bukele no cree en dar explicaciones a la sociedad civil. Ya lo dijo en su discurso en la plaza central del 1 de junio, cuando asumió su mandato inconstitucional. Pidió a la multitud levantar la mano en señal de juramento y les hizo repetir: “Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.
Karim y Yusef Bukele, hermanos del presidente y principales asesores de su Gobierno a pesar de no tener ningún cargo formal, compraron por $1.3 millones un edificio art deco en el Centro Histórico justo dos meses y medio después de que su hermano y presidente de El Salvador ratificara una ley de exenciones tributarias a los nuevos inversionistas de la zona, tal como reveló Focos en octubre de este año. Ahora, gracias a esas ventajas, en aquel edificio despacha comida La Doña Steakhouse, promovido como el primer restaurante de lujo del Centro. Los Bukele han sido partícipes de la gentrificación del Centro y beneficiarios de ello. En una realidad antagónica, pero en el mismo espacio, cientos de vendedores corretean con sus carretillas y canastos tras ser desalojados de sus puestos, huyendo de los agentes metropolitanos, para poder vender algo y dar de comer a sus familias.
El secretismo estatal es una pesada losa que impide conocer con qué dinero se hicieron terratenientes los Bukele. Pero a veces deja rendijas por las que ojear lo que ocurre con el dinero público. En noviembre de este año, El Faro descubrió que la Presidencia de la República compró, con dinero público, tres lotes contiguos en la Residencial Los Sueños, alrededor de la casa particular donde vive Nayib Bukele. Es decir: el Gobierno gastó 1.4 millones en comprar terrenos alrededor de la casa que en 2014 fue comprada por una sociedad creada por Bukele y su esposa. La única explicación oficial fue que aquello era para “desarrollar un proyecto para la Residencia Presidencial”. Las raquíticas explicaciones llegan a lo absurdo: en El Salvador ya hay una Residencia Presidencial en la colonia Escalón. Bukele decidió no habitarla, como ya lo habían hecho otros presidentes anteriormente. Pero eso no justifica una inversión millonaria alrededor de su casa particular, en un país que está endeudado hasta el cuello, que en 2024 ha hecho despidos masivos de empleados públicos y en su presupuesto de 2025 ha hecho recortes por $122 millones en Salud y Educación.
La voracidad del saqueo alcanza para repartir y deja aún muchas dudas.
Fue también en enero de este año cuando Redacción Regional demostró que el estatal Banco Hipotecario había repartido, entre 2019 y 2023, $4.9 millones en créditos a 27 funcionarios y tres primos de Bukele. La mitad de esos créditos fueron otorgados durante la pandemia y algunos de los beneficiarios fueron el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; el presidente del partido oficialista Nuevas Ideas y primo de Nayib Bukele, Xavier Zablah; y nueve de sus diputados; el ministro de Defensa, René Merino Monroy; o el encargado de dirigir el pacto con las pandillas que Bukele sostuvo hasta marzo de 2022, Carlos Marroquín. Algunos de los préstamos eran superiores al valor de las propiedades adquiridas por esos funcionarios, se otorgaron con beneficios insólitos, con pocas garantías de pago y un par de beneficiarios los ocuparon para invertir en casas de playa o propiedades en villas de golf.
Fue también este año, entre noviembre y diciembre, cuando El Faro descubrió que la Corte de Cuentas cuestionó en 2021 al exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, amigo de infancia de Bukele, por $133 millones de dólares en compras realizadas durante la pandemia para el Programa de Emergencia Sanitaria. Los reparos de la Corte eran contundentes: atún, pollo, macarrones que nunca ingresaron al país; procesos de empaquetado que se pagaron a empresas cuando fueron realizados por soldados; contratos a empresas extranjeras calificadas como lavadoras de dinero o empresas de papel en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas. Se trata de comida que tuvo que llegar a los más hambrientos en momentos de desesperación durante la pandemia, pero que según la Corte nunca entró siquiera al país, aunque sí se pagó con el dinero de todos los salvadoreños.
Con el paso de los años, la Corte de Cuentas fue tomada también por el bukelismo y esa institución alineada redujo con explicaciones incompletas el monto de la corrupción a $60 millones, absolvió a Anliker, pese a que él escogió a las empresas, y culpó a seis de sus empleados en un proyecto de sentencia. Ahora, la Corte hace todo lo posible para que la información sobre la resolución de este caso no salga a la luz. Hay evidencia de que en este país ocurrió uno de los desfalcos millonarios más cuantiosos de la historia reciente nacional, ejecutado en tiempo récord, en pandemia, y es posible que todo quede enterrado bajo la complicidad estatal.
Lejos y mal añejada quedó aquella frase pronunciada por Bukele frente a su gabinete en plena pandemia, cuando dijo: “El que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso”.
El Salvador vive una distopía entre una población fiel a su presidente y cada vez más pobre. Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, la más reciente, ese año había 1.9 millones de salvadoreños en pobreza, lo que quiere decir que 55,097 personas más cayeron en esa situación en comparación con 2022. Con el 30.3 % de la población en pobreza, El Salvador tiene su tasa más alta desde 2018, un año antes de que Bukele asumiera el poder; y el porcentaje de salvadoreños viviendo en pobreza extrema se ha duplicado desde que llegó a la Presidencia.
Pero esa misma distopía que concede a Bukele una posición cómoda en el poder absoluto permite que el presidente sea celebrado al difundir en sus redes sociales la compra de un nuevo helicóptero para su transporte, como hizo en agosto de 2024. El helicóptero, según sitios especializados, costó alrededor de $5 millones.