Casi un millón de salvadoreños al borde de la hambruna

“Siempre falta un tiempo de comida en esta casa”. Con esa contundencia, Cecilia Ábrego describe los recortes que han hecho en su hogar debido al aumento de los costos de la canasta básica de alimentos. Como ella, el 48.4 % de la población salvadoreña padece inseguridad alimentaria, lo que les lleva a no comer lo suficiente o, incluso, a no comer nada algunos días y no tener la certeza de tener comida en el futuro inmediato. Hasta mayo de 2022, un 14 % de salvadoreños ya se encontraban en fase crítica y de emergencia; es decir que unas 907,000 personas están a unos pasos de entrar en hambruna, donde según organizaciones internacionales ocurre algo difícil de asimilar: 'exceso de mortalidad' por falta de comida. Esta crisis es generada principalmente por la inflación en el precio de los alimentos. Para mayo de 2023, la inflación en el precio de los alimentos era de un 8.35 %.

El aumento del precio de la comida, la pérdida de cosechas por la crisis climática y la falta de apoyo agrícola han elevado el número de personas que viven omitiendo tiempos de comida. Cada año, la situación se complica si alguno de estos factores se agrava. Pero se suma un nuevo obstáculo: el régimen de excepción, con el que unas 70,000 personas han sido detenidas, alrededor del 1.2 % de la población del país, y que ha llevado a que miles de familias disminuyan sus ingresos, ya sea porque la persona que proveía con su salario está detenida o porque tienen que dividir lo poco que ganan entre gastos de la casa y paquetes carcelarios que llevan a sus detenidos. Es una decisión que les obliga a comer menos para que quien está en la cárcel tenga un poco. Diferentes estudios de organizaciones de derechos humanos y publicaciones periodísticas han demostrado que gran parte de los detenidos en este casi año y medio de régimen han sido detenidos sin prueba alguna de pertenecer a pandillas o de haber cometido delitos

Para conocer cómo distribuye sus ingresos una familia salvadoreña bajo estas precariedades, qué come y cómo el aumento ha impactado en su economía, El Faro recorrió comunidades en San Salvador; Tacuba, en Ahuachapán; Berlín, Usulután; y San Simón, en Morazán, varias de estas catalogadas con pobreza extrema y severa por el Programa Mundial De Alimentos (PMA) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL). Las familias con las que El Faro habló reflejan este encarecimiento: en sus despensas, como mucho hay tres productos de la canasta básica y el poco dinero que consiguen a diario lo usan para subsistir. Ni siquiera piensan en medicamentos, porque no tienen dinero. Cuando se enferman, recurren a las unidades de salud más cercanas -cuando hay una disponible-. Con un presupuesto destinado a la atención de salud primaria, que se redujo en un 12.61 % entre 2021 y 2022, la falta de acceso a la salud es un problema que somete a más miseria a esta gente, tomando en cuenta que el 39.5 % de la población salvadoreña recurre a la unidad de salud cuando se enferma.  

En El Salvador, hay cerca de 1.9 millones de personas pobres: 1,289,405 están en pobreza relativa y 578,801 en pobreza extrema, según datos oficiales. La diferencia del tipo de pobreza radica en la capacidad de una familia para cubrir el doble de lo que cuesta una canasta básica o la imposibilidad de comprar al menos una. “La situación es complicada y el impacto es grave”, dice Adela Bonilla, de la Mesa para la Soberanía Alimentaria y de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (Momujest). “La porción de alimentos ha disminuido para algunas familias, pero en (algunas zonas de) occidente y oriente es un hecho la eliminación de un tiempo de comida: como desayunar tarde, para almorzar tarde”.

El acelerado aumento de los precios en la economía salvadoreña se vio reflejado en la canasta básica: sólo en el último año, las familias del área urbana pagaron hasta $240.36 (un 13 % más que en 2021, cuando costaba $211.81) por alimentos que pudieran cubrir las necesidades básicas de cuatro de sus miembros. Es decir, para una quinta persona se necesitaría más de una canasta básica. Lo mismo pasa en la zona rural, donde el valor aumentó a $181.54 al cierre de 2022, cuando en 2021 costaba $151.88 (una subida del 19 % en un año). Al comparar con lo que costaban ambas diez años atrás, en 2013, el aumento es considerable: 38 % para la canasta del área urbana ($174.17) y 47.3 % en lo rural ($123.23). Esto ha provocado que el 70.7 % de la población reconozca que ha tenido que modificar su presupuesto familiar, según la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia (UFG). Si bien hay menos acceso a la canasta básica, Bonilla resalta en un punto: “Tenemos la canasta básica más pírrica de Centroamérica. La cantidad de alimentos es muchísimo menor que en Nicaragua, Honduras y Guatemala”. Los 22 productos que incorpora la canasta de alimentos urbana y los 16 de la zona rural, insiste la Mesa de Soberanía Alimentaria, tampoco son los más óptimos ni tienen las calorías necesarias que el cuerpo necesita. 

 

Las familias que viven en pobreza extrema recurren a las hortalizas y frutas que se dan por temporadas para hacer un ajuste en su dieta de tortilla y frijoles; otras han aumentado la pasta, que condimentan con consomé de pollo o achiote para que les sean menos insípida.

En el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Cuisnahuat, en Sonsonate, por ejemplo, la incertidumbre es compartida: “Muchas madres están preocupadas de qué le van a dar de comer a sus hijos. El salario mínimo (de $150 al mes) no alcanza. Algunas no han podido enviar a sus hijos a estudiar bachillerato”, describe Rosa Elías, secretaria general del sindicato que reúne a 60 mujeres. Para Elías, la incertidumbre ha crecido desde que varias mujeres tienen a un pariente detenido por el régimen de excepción o porque no fueron beneficiarias del paquete agrícola que entrega el Ministerio de Agricultura. Hay un 50 %, dice Elías, que no podrán sembrar esta temporada. Bonilla confirma que también han identificado retrasos en las entregas y la reducción de la cantidad de gente beneficiada con los paquetes. “Es un desorden en dicha cartera del Estado, hablan de un plan maestro y no sabemos en qué radica”.

El 1 de junio, en su discurso de cuatro años de Gobierno, Nayib Bukele abrió con mensajes sobre la seguridad. “La gente está pensando dónde ir el fin de semana. Ya no tienen miedo”, dijo durante los primeros minutos. Así siguió con tres anuncios más. Cómo combatir el hambre nunca estuvo entre ellos. El 15 de septiembre de 2020 ha sido de las pocas veces en las que Bukele habló sobre la importancia de apoyar el agro. Habló de la “ruralización del país”.  En la práctica, remarca Bonilla, el agro no está en la agenda del Gobierno: “Vemos que no es prioridad la agricultura del país. Cada vez hay menos agricultores o agricultoras”.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), la cantidad de hogares que para 2019 estaban en pobreza extrema era de 87,234. Para 2022, la cifra subió a 170,369. Es decir que, durante el Gobierno de Bukele, 83,135 hogares entraron en pobreza extrema. 

El 8 de junio pasado, el ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, celebraba en un tuit que la inflación general había presentado una baja a 4.41 % en mayo, llegando al mismo nivel de agosto de 2021. “¿Y ahora qué dirá la oposición sobre las medidas anti-inflación del Presidente @nayibbukele?”, escribió. El economista José Luis Magaña, que también ha formado parte de la Mesa de Soberanía Alimentaria, respondió al ministro en otro tuit: “La inflación general llegó a 4.41%. Pero la inflación en el precio de los alimentos llegó a 8.35 %”. Cuatro veces más que la inflación que se tuvo en agosto de 2021 (2.11 %). Para Magaña, “que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios, sino que están subiendo a un ritmo más lento”, tomando en cuenta que la reducción de la inflación no ha sido en los alimentos, sino en el rubro de transporte. Lo sostenido por Magaña se refleja en datos: para siete de cada diez salvadoreños (68.2 %), la economía es el principal problema que atraviesan en sus hogares, de acuerdo con una encuesta de Fundaungo.

Que el alto costo de los alimentos se mantenga sin que haya “políticas públicas adecuadas”, plantea un panorama preocupante para Bonilla: “Puede haber violencia por comida y por agua”, vaticina haciendo referencia a la posibilidad de robo de cultivos y asaltos.