Maura ha dejado de comer una vez al día

Maura Dolores Fernández está dejando de comer una vez al día para garantizar que sus cuatro hijos coman. Los frijoles, las tortillas, los huevos, de momento, son regalos de sus suegros. Come menos porque no logra ingresos mayores a 20 dólares al mes. Lo que atraviesan en esta casa es difícil de definir: comen cuando se puede, lo que se puede, y muchas veces no se puede nada.

Maura tiene 35 años y, de vez en cuando, lava ropa ajena en el municipio de Tacuba. Con ese dinero paga minucias: un poco de azúcar, café, aceite o tal vez jabón para ropa, unos tomates o papas. “El arroz, sólo si alcanza lo compro. Acuérdese que con 10 dólares no se compra nada. Hoy el arroz está a $0.60 la libra”, se lamenta esta mujer que se mudó a este cantón al casarse. La mayor parte de su familia está en Cuscatlán. No les visita -ni la visitan- porque hacerlo implicaría al menos cinco horas de camino. Y no hay dinero para eso.

 

Su casa está en el cantón El Jícaro, donde por mucho tiempo la gente estuvo sometida al poder de la Mara Salvatrucha-13, de la clica Cobras Locos Salvatrucha. La MS-13 tenía el control de varios cantones de esta zona del occidente de El Salvador, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Todavía ese control es visible en las pintas de muchos postes de energía eléctrica, tanto de la calle principal que atraviesa toda la comunidad como de sus veredas. Si bien tras el régimen de excepción, decretado en marzo de 2022, la presencia pandillera se ha reducido al punto de que cualquier persona puede transitar en comunidades como esta, la miseria ha aumentado para la familia de Maura, tal como ha ocurrido en los últimos tres años de Gobierno del presidente Nayib Bukele a 210,556 personas que cayeron en pobreza extrema y sumaron para que haya casi un millón de salvadoreños al borde de la hambruna. 

Maura envía a sus hijos de 12, 9 y 7 años a la escuela porque ahí tienen garantizado un tiempo de comida. Se queda con la más pequeña, de 3 años, y la que suele dejar a cargo de sus suegros sólo si consigue lavar ropa ajena.

 

Para dar un panorama rápido de su miseria, Maura describe que, tras deslomarse lavando, esta semana consiguió comprar cuatro huevos que deberá racionar entre las cinco bocas de casa. 

Sus ingresos se desplomaron aún más desde hace nueve meses, cuando su esposo fue detenido por el régimen de excepción. Él se dirigía a trabajar en un carwash en San Salvador, donde tenía un sueldo de 150 dólares al mes que le daba casi íntegro a Maura.

Su esposo fue soldado. Mientras estaba en el cuartel, Maura cuenta que fue detenido en 2021 y acusado de vinculación a pandillas. Fue encarcelado durante un año, pero liberado tiempo después, a inicios de 2022. Quedó bajo libertad condicional y asistía periódicamente a firmar. “En eso, se vino el régimen y con esto no pudo conseguir a tiempo su carta de libertad”, dice ella. Lo capturaron de nuevo con las mismas pruebas con las que ya lo habían liberado una vez. 

 

A día de hoy, Maura no sabe nada de su marido. No tiene ni un centavo para viajar a San Salvador al penal de Mariona o hacer trámites en la Procuraduría General de la República para saber sobre el caso y mucho menos para pasarle un paquete de alimentos e higiene a su marido. Maura esconde su llanto detrás de su hija más pequeña, a la que carga como un escudo de protección que se aprieta contra el pecho cada vez que se quiebra mientras explica que no tiene lo suficiente ni para sus hijos. Ella ya dejó de comer una vez al día.