1°) Acuerdo de Ginebra (4 de abril, 1990). En el primer acuerdo de paz se pactó terminar con la guerra en el corto plazo por la vía política; iniciar las negociaciones y no abandonarlas; lograr la democratización del país; permitir la apertura para los partidos políticos y las organizaciones civiles; garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos; y lograr la reunificación de la sociedad salvadoreña.
2°) Acuerdo de Caracas (21 de mayo, 1990). Se estableció en Caracas la agenda temática para la negociación: fuerzas armadas; seguridad pública; derechos humanos; sistema judicial; sistema electoral; reformas constitucionales; problemas socioeconómicos; y la verificación internacional de Naciones Unidas. Se pactó el cese del enfrentamiento armado y la reincorporación del FMLN a la vida legal del país.
3°) Acuerdo de San José. (26 de julio, 1990). Se acordaron en San José ciertas medidas con el fin de erradicar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la guerra, entre ellas: las desapariciones forzadas, los secuestros, las torturas y la incomunicación de detenidos. Se acordó respetar el debido proceso judicial y las libertades democráticas, y se estableció por primera vez en la historia del derecho internacional el mecanismo de la “verificación activa de violaciones a los derechos humanos”, a cargo de una Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL), que tendría como funciones, entre otras: verificar, a través de su División de Derechos Humanos, la situación de los derechos humanos en el país; investigar en el terreno las violaciones de derechos humanos; y formular recomendaciones al Gobierno y al FMLN.
4°) Acuerdo de México (27 de Abril, 1991). Se acordó aprobar reformas constitucionales sobre derechos humanos, fuerzas armadas, seguridad pública, sistema judicial y sistema electoral. Se acordó también la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Policía Nacional Civil; la supresión de los cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda); e introducir reformas a la justicia militar y al Órgano Judicial, fortaleciendo la independencia judicial al producirse cambios en el proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al conferir por lo menos el 6% del presupuesto anual para su funcionamiento.
Se acordó la creación de la Comisión de la Verdad, integrada por 3 personalidades internacionales independientes, que tendría como funciones principales: investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 y los hechos de trascendencia y conmoción social; hacer recomendaciones para prevenir la repetición de las violaciones de derechos humanos; y favorecer la reconciliación nacional. El Gobierno y el FMLN se comprometieron a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
5°) Acuerdo de Nueva York (12 de la noche del 31 de diciembre de 1991). Se acordó que la paz definitiva se firmaría en Chapultepec el 16 de enero de 1992.
6°) Acuerdos de Chapultepec (16 de enero, 1992). Mediante estos acuerdos se dio por finalizado el conflicto bélico. Se acordó, además, la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública; el establecimiento de la Comisión de Depuración de la Fuerza Armada y del Foro de Concertación Económico y Social, integrado este último por representantes del Gobierno, la empresa privada y el sector laboral.
Verificación internacional.
Al firmarse el Acuerdo de Derechos Humanos de San José, en julio de 1991, se inició gradualmente la verificación internacional de Naciones Unidas por medio de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), integrada por cuatro Divisiones: Derechos Humanos, Militar, Policial y Electoral, que verificaron el cumplimiento de los acuerdos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de ONUSAL.
En dicha Misión participaron 1,000 funcionarios civiles, militares y policiales de 40 nacionalidades. Esta Misión fue la primera en su género establecida a nivel internacional por las Naciones Unidas para intervenir en la solución pacífica de conflictos internos o sin carácter internacional, y funcionó en el país desde 1991 hasta 1997, cerrando operaciones con una pequeña Misión de cierre (MINUSAL).
El Secretario General de las Naciones Unidas, al cierre de las operaciones en 1997, preparó un informe de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de paz, y de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la División de Derechos Humanos, el cual fue presentado ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En dicho informe se refleja, en términos generales, una valoración positiva del proceso de paz en cuanto al cumplimiento de acuerdos sustantivos, pero también se expresa la preocupación por la falta de cumplimiento parcial o total de otros acuerdos y recomendaciones, y se exhortó a las partes su total cumplimiento.
Entre los logros y avances destacados por el Secretario General se pueden mencionar, entre otros, los siguientes: el exitoso cese del enfrentamiento armado; la separación de las fuerzas militares y la destrucción de armas; la reforma de la doctrina militar y la depuración de la Fuerza Armada; el sometimiento de la autoridad militar a la autoridad civil constitucional; las reformas constitucionales y legales aprobadas; la creación de la Policía Nacional Civil, de la Academia Nacional de Seguridad Pública, de la Inspectoría de la Policía, de la Inspectoría General de la Fuerza Armada y de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos; la erradicación de graves violaciones de derechos humanos vinculadas con la guerra; la ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos y el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la expansión de las libertades democráticas y de los derechos políticos; y el fortalecimiento de la independencia judicial.
Respecto a los acuerdos y recomendaciones pendientes de cumplimiento -total o parcial- se mencionaron en el informe del Secretario General, entre otros, los siguientes temas: la depuración del Órgano Judicial, especialmente de la Corte Suprema de Justicia; la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la guerra por ambas partes; la reinserción de los excombatientes y la asistencia a los lisiados y discapacitados de guerra; el tema económico y social; y la falta de transformación e independencia del sistema electoral.
No se puede dejar de reconocer, entonces, que en el proceso de paz se lograron avances sustantivos para la pacificación y la democratización del país, tales como el cambio de doctrina y actitud de la Fuerza Armada frente a la población y a la conducción política del Estado; la desaparición de los “cuerpos de seguridad” y la adopción de una nueva políticas de seguridad pública y defensa nacional; la erradicación -como práctica sistemática- de graves violaciones de derechos humanos políticamente motivadas; y la democratización política de la sociedad salvadoreña.
Es claro también, que se incumplieron algunos acuerdos y recomendaciones relacionadas con la depuración Judicial y electoral; el funcionamiento del Foro de Concertación Económico y Social y del Foro de Verdad y Reconciliación; la reinserción de ex-combatientes; la asistencia a lisiados; la entrega total de armamento por el FMLN; y el derecho de justicia a las víctimas de ambas partes, al aprobarse la “automnistía” respecto de los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados a ambas partes, y que han quedado en total impunidad, todo lo cual fue verificado por la Misión Internacional de Naciones Unidas y señalado por el Secretario General en su informe de evaluación del proceso de paz.
Aun con los avances y progresos logrados como producto del proceso de paz, a 20 años de los acuerdos pactados nos hemos convertido en El Salvador en un país inseguro y violento, debido a la criminalidad organizada, la delincuencia común y la impunidad producida, entre otras causas, por el incumplimiento de ciertos acuerdos de paz; pero también, continuamos siendo un país excluyente en lo social y lo económico, con problemas fundamentales como la pobreza, el desempleo, la corrupción, la concentración del poder político, la impunidad y la falta de una justicia eficaz, ética e independiente.
Los acuerdos cumplidos produjeron resultados positivos para el país, pero también para la comunidad internacional y para las Naciones Unidas, gracias a varios factores, entre ellos: la voluntad política manifestada por el Gobierno y el FMLN en la negociación; la intermediación innovadora de las Naciones Unidas en situaciones de conflicto armado interno; la solidaridad internacional de países como México, Francia, España, Colombia, Venezuela y otros; y el sacrificio del pueblo salvadoreño y de las víctimas del conflicto que ofrendaron sus vidas por la paz.
El proceso de paz fue útil para nosotros mismos como país, ya que nos permitió no solo avances sustantivos en la democratización política de la sociedad salvadoreña, sino que permitió, además, establecer importantes bases para construir el Estado constitucional, social y democrático de Derecho en El Salvador. Fue, sin duda, un proceso exitoso, ya que permitió en el corto plazo terminar con la guerra fratricida, lo cual era precisamente el objetivo central de la negociación política entre las partes; y a su vez, fue útil para la comunidad internacional, ya que como proceso de pacificación fue replicado en otros países como Guatemala.
El proceso de paz constituye un precedente internacional en la solución pacífica de conflictos internos, y es, por lo tanto, la mayor aportación que los salvadoreños hemos dado al mundo. Dicho proceso constituye también un precedente en el derecho constitucional, al convertirse ciertos acuerdos pactados entre el gobierno y un grupo de particulares armados, en fuentes del derecho constitucional salvadoreño, lo cual es inédito en el derecho constitucional comparado.
Gracias a los avances logrados en el proceso de paz, El Salvador es ahora un país más libre y democrático, con aceptables niveles de tolerancia ideológica y pluralismo político, y sin la represión militar y la persecución política del pasado; pero continúa siendo un país con profundos problemas de exclusión económica y social, enfrentando después de la guerra nuevos y profundos problemas como los de seguridad pública y deterioro ambiental, situación que debemos enfrentar todos los salvadoreños con mucha responsabilidad y con una visión de nación.
Los nuevos retos y desafíos que debemos enfrentar como sociedad y como país deberían ir encaminados a fortalecer y ampliar los espacios democráticos abiertos por los acuerdos de paz y a consolidar las bases para el establecimiento del Estado Constitucional de Derecho.
Se impone, por lo tanto, una nueva generación de reformas políticas, económicas, sociales y ambientales que nos permita, en primer lugar, superar la crítica situación de violencia y de seguridad pública imperante, y lograr progresivamente la transformación económica y social, consolidar y modernizar la democracia política y el Estado de Derecho, y alcanzar mayores niveles de desarrollo humano y justicia social.
Todo ello requiere de un incluyente pacto o “contrato social” entre los salvadoreños en el que se consideren los problemas fundamentales de país, y se propicie y comprometa la participación de todos los sectores de la vida nacional en su solución.
Estos nuevos retos y desafíos que debemos enfrentar demandan de un diálogo racional y de entendimiento respetuoso entre los diferentes sectores nacionales, debiéndose dejar de lado los intereses particulares y partidarios, y con una visión de nación, dar paso a un renovado liderazgo político y social, que refleje la participación de las nuevas generaciones en la conducción del país.
*El autor, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue oficial jurídico de la Misión de Naciones Unidas para El Salvador, ONUSAL; y posteriormente Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.